El Gobierno aprueba el ‘sandbox’ regulatorio para las ‘fintech’
Ahora, debe ser aprobado como Ley en las Cortes
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la Transformación Digital del Sector Financiero, que como medida principal recoge la creación de un banco de pruebas, conocido como sandbox, en el que las empresas financieras tecnológicas podrán testar sus productos en un entorno controlado antes de lanzarlos al mercado. Ahora, el proyecto debe ser aprobado como ley en las Cortes.
Según fuentes de Economía, el principal objetivo de este proyecto es “facilitar a las entidades financieras y consumidores el proceso innovador tratando de captar talento del exterior y facilitando el acceso de las empresas a la financiación”. Además, indican que el sandbox permitirá a las autoridades supervisoras y reguladoras “diseñar e implementar mejor la política financiera garantizando la protección de los consumidores, la estabilidad financiera, la integridad de los mercados y previniendo el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo”.
Una vez que se apruebe la Ley en Cortes, el Tesoro tendrá un mes para sacar la convocatoria. A partir de ahí, se iniciarán tres fases hasta que los proyectos vean la luz. En primer lugar, se habilitará una ventanilla única en la Secretaría General del Tesoro donde los promotores de los proyectos presentarán las solicitudes, que el propio Tesoro estudiará y trasladará a un supervisor financiero dependiendo de la naturaleza de la empresa (si se enmarca en el sector bancario la solicitud se destinará al Banco de España; si tiene que ver con fondos o mercados a la CNMV; y si está relacionad con el sector asegurador a la DGS).
Los supervisores tendrán un plazo de un mes (que se puede ampliar a otro mes) para evaluar preliminarmente el proyecto y determinar cuáles son aceptados y cuáles rechazados. Los criterios que deben cumplir es que se trate de un proyecto de innovación tecnológica, aplicable al sistema financiero, que se encuentre en un estado avanzado y que aporte un valor añadido, como puede ser la reducción de costes por parte del usuario o una mejora de la eficiencia.
En segundo lugar, una vez aprobada la solicitud, el supervisor financiero y el promotor del proyecto negociarán un protocolo en el que se establecerá la duración del proyecto, el número de consumidores a los que va dirigido o el volumen máximo de operaciones, entre otras cuestiones.
Por último, antes de dar luz verde a la salida del proyecto, el promotor tendrá que hacer un examen de los resultados obtenidos durante la fase de pruebas y presentarlos al supervisor en una memoria informativa. Posteriormente, se prevé la creación de una pasarela de acceso a la actividad para poder reducir a la mitad los plazos para la obtención de la autorización.
Además del sandbox el Proyecto establece la aplicación del principio de proporcionalidad, el establecimiento de un canal de comunicación directo entre las autoridades supervisoras y la posibilidad de realizar consultas escritas directamente a las autoridades financieras sobre aspectos concretos de la regulación.
Fuentes de Economía sostienen que los primeros proyectos podrían salir antes de que concluya 2020. Según indican “esperamos que no sea polémico. Es un proyecto de naturaleza técnica y una vez se apruebe, el objetivo es ir rápido para sacar en un mes, o menos, la convocatoria”.
No se ampliará el presupuesto
Fuentes de Economía detallan que a pesar de que el proyecto es "muy intensivo en recursos", será fiscalmente neutral. El Gobierno no tendrá que aumentar el presupuesto, por lo que tampoco supondrá un mayor gasto público. Igualmente, tampoco habrá una ampliación de las plantillas de los organismos supervisores (CNMV, Banco de España o DGS), ya que se formarán equipos mediante la "reasignación" de los empleados. El Tesoro contará con un equipo formado por ocho personas, que se complementará con otros grupos de trabajo en los tres supervisores. Por ello, señalan desde Economía que "supone un reto profesional de máximo nivel".
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