El Gobierno prevé menos crecimiento y renuncia al superávit en la legislatura

El Consejo de Ministros aprueba la nueva senda fiscal como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales de 2020

Un mes después de su constitución, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos dio este martes el primer paso en firme para poner en marcha su plan económico con la aprobación de unas nuevas previsiones, que reconocen más severidad en la ralentización del PIB; una suavizada senda de reducción del déficit público y el anuncio de un incremento del gasto.

En concreto, según el nuevo cuadro macroeconómico aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo prevé que la economía pase de crecer al 2% en 2019 a hacerlo al 1,6% en 2020, frente al 1,8% que había barajado en octubre. Para 2021, espera un avance del PIB del 1,5% y un ligero rebote hasta el 1,6% y el 1,7% en 2022 y 2023, respectivamente. Como consecuencia, el Gobierno reduce su previsión del ritmo de creación de empleo de este año del 2% al 1,4%, en el que se mantendría en los próximos años, con lo que la tasa de paro solo caería al 13,6% en 2020 frente al 12,3% antes esperado, cifra que ya solo se aspira a lograr en 2023.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, achacó la revisión a la baja a la desaceleración de la economía aunque subrayó que España seguirá creciendo por encima de la zona euro. Calviño aseveró, además, que el avance del PIB es ahora “más robusto y equilibrado que en anteriores fases expansivas”, con contribución positiva tanto de la demanda interna como de la externa.

Bajo estas previsiones, el Gobierno ha flexibilizado los objetivos de reducción de déficit. Sin concretar aún en qué punto cerró en 2019 –Hacienda esperaba el entorno del 2% del PIB pero el Banco de España teme un año perdido que volvería a culminar en el 2,5%– el Gobierno aspira ahora a rebajar el agujero fiscal al 1,8% este año, al 1,5% el próximo ejercicio, el 1,2% en 2022 y al 0,9 de déficit en 2023.

Las nuevas cifras suponen un indudable margen adicional frente a la senda fiscal legada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y aún oficialmente vigente, que marcaba un déficit del 1,3% en 2019, el 0,5% en 2020 y un superávit del 0,1% en 2021. El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trató de impulsar una pendiente más suave, con un déficit del 1,8% en 2019, el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021, pero el poder de veto del PP en el Senado lo impidió. Finalmente, el Gobierno suavizó sus propias previsiones hablando ya del mencionado 2% en 2019 y un 1,7% en 2020, según el último plan presupuestario remitido a Bruselas, que no incluía aún nuevas medidas presupuestarias.

La nueva senda, por tanto, supone la renuncia expresa del Gobierno a lograr el superávit presupuestario en toda la legislatura. Aún así, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseveró que la senda legada por Rajoy “carece del principio de realidad” mientras que la presentada este martes, dijo, “resulta creíble” y permitirá sanear las cuentas “sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo”.

Montero, que ya comunicó la nueva senda fiscal correspondiente a las regiones, el pasado viernes, y a los ayuntamientos, este lunes, hizo hincapié en que el peso del ajuste recaerá en la administración central que podría asumir incluso parte del agujero de la Seguridad Social si el Pacto de Toledo decide cubrir con impuestos algunos de sus costes.

A su vez, el Gobierno estima que reducirá la deuda pública al 94,6% este año, al 93,4% en 2021, el 91,7% en 2022 y al 89,8% en 2023, fijándose como objetivo para la legislatura acabar por debajo del umbral del 90% del PIB. En cuanto a la regla de gasto, esta será del 2,9% este año, del 3% el próximo y del 3,2% en 2022. A su vez, el techo de gasto diseñado por el Ejecutivo se eleva un 3,8%, de 122.899 a 127.609 millones de euros, en 2020.

Aunque la nueva senda fiscal ha sido trasladada por Calviño a la Comisión Europea en las últimas semanas, la UE no emitirá un dictamen sobre ella hasta recibir el plan presupuestario que la soporte. Unas cuentas llamadas a acabar con la doble prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2018 en las que el nuevo Ejecutivo plasmará sus prioridades políticas a la vez que buscará cumplir con las exigencias comunitarias, de obligado cumplimiento por ley en España desde este año.

Al haber concluido 2018 con un agujero fiscal inferior al 3%, España salió el año pasado del procedimiento de déficit excesivo, pero el país sigue sujeto ahora al llamado “brazo preventivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Este es menos exigente con los umbrales concretos de déficit que alcanzar, pero impone un mayor control sobre las rebajas efectivas de déficit estructural (el que no tiene en cuenta el impacto del ciclo económico). De momento, el plan presupuestario de 2020 remitido el pasado otoño solo incluía compromisos de gasto por 4.700 millones de euros para elevar un 0,9% las pensiones y un 2% los salarios públicos (dos de las primeras medidas que el Gobierno ha aprobado) pero no incluía recorte de gastos o nuevos ingresos. La Comisión, que reclamaba a España un recorte del déficit estructural del 0,65% del PIB, afeó que el plan solo suponía una rebaja del 0,1%, con lo que solicitaba un ajuste adicional de unos 6.600 millones de euros.

Está por ver cómo lo logra el Gobierno pues el pacto PSOE y Podemos recoge de momento una reforma tributaria que arrojaría unos 5.600 millones más de ingresos para un año completo, pero Sánchez asume que no habrá nuevas cuentas hasta el verano, lo que limitará su efecto. En todo caso, la senda fiscal y el techo de gasto, que aún deben aprobarse en el Parlamento, son el primer paso para diseñar los Presupuestos con los que el Gobierno tratará de lograr la cuadratura del círculo.

Las cifras de regiones y ayuntamientos

La nueva senda fiscal aprobada este martes por el Consejo de Ministros fue presentada en rueda de prensa por la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El anuncio llegaba después de que el Ministerio de Hacienda comunicara sus objetivos de déficit a las comunidades autónomas, el viernes, y a los ayuntamientos, este lunes.

En estas citas, el Gobierno ya flexibilizó la previsión de reducción del agujero fiscal de las comunidades autónomas posponiendo a 2022 el objetivo de equilibrio presupuestario que la senda fiscal legada por Rajoy fijaba ya para este año. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por el contrario, prevé un déficit del 0,2% este año y del 0,1% en 2021 para las regiones.

En el caso de los ayuntamientos, se prorroga el objetivo de equilibrio presupuestario hasta el año 2022, si bien se eleva en una décima, hasta el 2,9%, su margen de gasto. En ambos casos, Hacienda ha puesto en marcha medidas paliativas por el impago en 2019 de un mes de IVA de 2017 que quedó en suspenso por la reforma del Suministro Inmediato de Información (SII).

Así, el Gobierno no tendrá en cuenta el efecto de estos recursos en el déficit de comunidades y municipios de cierre de 2019 y les facilitará una línea extra del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para cubrir los pagos a proveedores que se hayan podido ver afectados.