El Gobierno suaviza el objetivo de déficit regional de 2020 en 2.400 millones

Propone una senda que rebajaría el agujero fiscal autonómico al 0,2 este año, el 0,1% en 2021 y fijaría el superávit, inicialmente previsto para este año, para 2022

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos ha decidido suavizar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para este año en 2.400 millones de euros como primer paso para flexibilizar la senda de reducción del agujero fiscal del conjunto del Estado a fin de compaginar el saneamiento de las cuentas públicas con un mayor gasto social en los Presupuestos Generales que diseñe para 2020. En paralelo, Hacienda ha puesto sobre la mesa medidas paliativas para compensar a las regiones por el impago de 2.500 millones de euros del IVA de 2017 que debían haber recibido en 2019.

Este fue el paquete de propuestas con el que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, acudió el viernes al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una cita que llevaba año y medio sin celebrarse y a la que la mayoría de los consejeros autonómicos de Hacienda llegaron con las espadas en alto. A su fin, solo algunos las habían bajado. Aunque muchos agradecieron la flexibilización de la senda fiscal, el grueso acudió exigiendo el pago del IVA pendiente. Se trata de un monto recaudado en 2017 que la reforma de la liquidación aprobada entonces por el PP, el Suministro Inmediato de Información (SII), impidió abonar el año pasado. Aunque el primer Gobierno de Pedro Sánchez trató de solventarlo en el plan presupuestario de 2019, la falta de apoyos de este ha llevado a Hacienda a sostener que ya es imposible retomar el abono.

En su lugar, Montero ha rebajado el objetivo de déficit autonómico de este año al 0,2%, el de 2021 al 0,1% y ha postergado a 2022 el equilibrio presupuestario inicialmente planteado para 2020.

La noticia, conocida a medio día del viernes, no bastó para calmar a los consejeros autonómicos, que antes de entrar a la cita que arrancó a las 16.30 horas ya avanzaron a la prensa su intención de reclamar los fondos del IVA judicialmente si es necesario, incluso en el caso de varias regiones gobernadas por el PSOE.

Para tratar de apagar el incendio, la ministra de Hacienda propuso dos medidas adicionales, según revelaron fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión. En primer lugar, prometió a las regiones que no tendrá en cuenta los excesos de déficit registrados en 2019 que sean achacables al impago del IVA. Y, en segundo término, ofreció una línea de crédito extra al 0% de interés a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para cubrir los impagos a proveedores en los que las comunidades hayan podido incurrir al perder estos fondos.

Aunque el objetivo oficial vigente para las comunidades era del 0,1% en 2019, el Gobierno estima que las regiones habrían cerrado el año con un déficit conjunto equivalente al 0,5% del PIB. Sin embargo, este se limitaría al 0,3% sin tener en cuenta el impacto del impago del IVA. Para 2020, por tanto, el ajuste adicional requerido sería de apenas una décima, unos 1.200 millones para el conjunto de las regiones. “Hemos protegido a las comunidades del esfuerzo fiscal”, aseguró Montero, prometiendo una reforma del sistema de financiación autonómica esta legislatura.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 12 votos a favor y seis en contra, los de las comunidades del PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla y León), y Ceuta, aunque consejeros socialistas dieron su voto a favor pese a sentirse “decepcionados” (ver despiece).

Los nuevos umbrales autonómicos suponen un primer paso hacia la suavización general de los objetivos de déficit del conjunto de las administraciones públicas. Aunque Hacienda se negó a anticipar la nueva senda fiscal global, esta buscará flexibilizar la legada por Mariano Rajoy, que sigue en vigor, y que marcaba un déficit del 1,3% en 2019, el 0,5% en 2020 y un superávit del 0,1% en 2021. El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trató de impulsar una pendiente más suave, con un déficit del 1,8% en 2019, el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021, pero el poder de veto del PP en el Senado lo impidió. Finalmente, el Gobierno suavizó sus propias previsiones en el plan presupuestario remitido a Bruselas el pasado octubre, hablando ya del 2% en 2019 –si bien el Banco de España estima que se acabó repitiendo el 2,5% de 2018– y del 1,7% en 2020.

Una vez comunicada su parte a las regiones, el lunes será el turno de los ayuntamientos. Luego, el Gobierno deberá llevar al Parlamento la nueva senda fiscal que ha diseñado junto con el techo de gasto de 2020 como paso previo a la tramitación de su plan presupuestario. No será hasta conocer dichos planes de ingresos y gastos cuando la Comisión Europea se pronuncie sobre los nuevos objetivos de déficit.

Los socialistas dan su aval pero están “decepcionados”

Cita tensa. “Madrid no quiere más déficit ni más deuda, quiere los fondos que nos corresponden”, defendió el viernes el consejero de Hacienda de región, Javier Fernández-Lasquetty, que viene liderando a los consejeros del PP dispuestos a reclamar el IVA de 2017 en los tribunales. Pero la ministra de Hacienda también sufrió el viernes fuego amigo. “El déficit de 2020 no es una compensación de la cuestión del IVA de 2017 que se tenía que haber pagado en 2019”, sostuvo a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera la consejera de Hacienda balear, Rosario Sánchez Grau. “Hay que agotar la vía política, pero consideramos que las comunidades autónomas tienen que ser compensadas y no descartamos otras vías”, advirtió antes de la cita. A su término, el consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, aseveró que su región está “decepcionada” con la propuesta de Hacienda y que estudiará solicitar el dinero en los tribunales ante su rechazo a pagar.

Ausencia. Pese al inicio del diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat esta semana, el consejero catalán y vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, rehusó acudir y fue sustituido por la secretaria de Economía catalana, Natàlia Mas.

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