Una ley de cambio climático menos ambiciosa, pero más realista

El articulado del anteproyecto que maneja el Gobierno rebaja los objetivos y fija un régimen escaso de prohibiciones y sanciones

El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que rebaja sustancialmente los objetivos anunciados tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIV) como en el borrador de la futura norma que el año pasado difundió el Ministerio para la Transición Ecológica. El nuevo texto, que todavía debe iniciar su andadura legislativa y puede, por tanto, incluir un buen número de modificaciones, supone un ejercicio de realismo y flexibilidad en cuanto a los tiempos y metas del proceso de descarbonización de la economía española, pero es también un ejemplo de lo efímero de los discursos y promesas de máximos en torno a cuestiones especialmente sensibles para el electorado y la opinión pública.

El artículado del anteproyecto que maneja ahora el Gobierno fija un régimen escaso de prohibiciones y sanciones, lo que convierte el texto más en una declaración de intenciones medioambientales que en una norma rigurosa y con capacidad coercitiva sobre sujetos concretos. En lugar de promover la total descarbonización de la economía, se aboga por conseguir la neutralidad de las emisiones de efecto invernadero, lo que implica compensar la contaminación por CO2 con proyectos limpios y sumideros. También se elimina la propuesta de prohibir la fabricación y matriculación de motores de combustión en 2040, un anuncio que generó una fuerte reacción por parte del sector del petróleo, la industria automovilistica y los propios consumidores y que fue desautorizado por Bruselas. En lugar de ello, se establece que se adoptarán medidas para alcanzar un parque de turismos sin emisiones directas de CO2, lo que implica coches eléctricos que se suministren indirectamente con electricidad no necesariamente libre de emisiones. Tanto los objetivos como los plazos han sido revisados a la baja mientras que entre las obligaciones figura que las estaciones de servicios, las de mayor potencial económico, tengan que instalar punto eléctrico.

Más allá de las disposiciones sobre cambio climático, el texto del anteproyecto cae en un viejo vicio legislativo español: el de regular a través de una misma norma cuestiones heterogéneas y dispares. La norma refuerza, por ejemplo, el deber de comunicar las compras de empresas reguladas o realizadas por parte de empresas reguladas, así como otras disposiciones que afectan al sector eléctrico y que merecerían en sí mismas un texto legal propio y tramitado de forma independiente.