Gabriel Escarrer tiene prohibida la entrada en EE UU desde el 25 de noviembre

Meliá se negó a indemnizar a una familia cubana emigrada a EE UU que le demandó por ‘beneficiarse” de un terreno nacionalizado por el castrismo

Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels International
Gabriel Escarrer, consejero delegado de Meliá Hotels International

EE UU ha dado un paso más en la batalla abierta con Cuba y que afecta directamente a las hoteleras españolas, que tienen más de la mitad de las habitaciones del archipiélago. El pasado 2 de mayo de 2019 se activó el capítulo III de la ley Helms Burton (aprobado en 1996, aunque nunca había entrada en vigor hasta esa fecha), que habilita a ciudadanos y empresas de EE UU a presentar demandas contra aquellas empresas que estén beneficiándose de bienes o activos que les fueron expropiados con la llegada de Fidel Castro en 1959. Una vez presentadas, los afectados podrían reclamar también medidas adicionales, contenidas en el capítulo IV de la citada ley, que podrían ir desde prohibir a los directivos de la empresa entrar en suelo estadounidense o expropiar bienes de la firma en EE UU.

Uno de los primeros directivos afectados por la aplicación de ese capítulo IV ha sido el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, que, tal y como ha adelantado esta mañana el diario digital Voz Populi, tiene prohibida la entrada desde el pasado 25 de noviembre. El Departamento de Estado de EE UU le remitió el 11 de octubre de 2019 una notificación instándole a compensar a una familia cubana emigrada a EE UU por “beneficiarse” de suelo nacionalizado por el castrismo en Holguin, el que estaban situados dos hoteles que estaban siendo gestionados por Meliá y que son propiedad de la estatal Gaviota. Le daba un plazo de 45 días para atender la notificación y de no hacerlo le amenazaba con prohibirle la entrada a suelo norteamericano. La amenaza se hizo realidad el pasado 25 de noviembre.

La hotelera española ha remitido un comunicado esta mañana recordando, en primera instancia, que “cartas similares habrían sido dirigidas a más de medio centenar de empresas con intereses en Cuba”, y que las condiciones impuestas por EE UU eran inasumibles por dos razones. La primera es que la demanda presentada por la familia Sánchez Hill fue desestimada el pasado 3 de septiembre por el juzgado de primera instancia número 24 de Palma de Mallorca, al considerar que España no tiene competencia para que sus juzgados resuelvan pleitos sobre inmuebles situados fuera de su territorio. Meliá también recuerda que el cumplimiento de las exigencias de EE UU es contrario a la normativa europa, que considera que la Ley Helms Burton infringe los más elementales principios de derecho internacional. Ese estatuto de bloqueo declara inejecutables en la Unión Europea cualesquiera resoluciones o decisiones dictadas al amparo de esa norma, según aclaran fuentes jurídicas.

Las más afectadas por este proceso de demandas por la importante cuota de mercado que tienen en Cuba. Meliá e Iberostar son las cadenas más hoteles en el archipiélago, con 32 y 21 establecimientos cada una, seguidas muy de lejos por H10 y Globalia, con cuatro hoteles. Entre todos suman cerca de 35.000 habitaciones, el 52% de la planta hotelera.

La línea de defensa de las hoteleras denunciadas va en dos direcciones. La primera es no reconocer sentencias o notificaciones derivadas de la ley Helms-Burton. José María Viñals, socio y director de Operaciones Internacionales de Lupicinio International Law Firm, remarca que la clave está en el reglamento 2271/96, aprobado el 22 de noviembre de 1996, por la Unión Europea para defenderse, precisamente de la aplicación de ley extraterritorial. “El reglamento establece claramente que las sentencias derivadas de estas leyes extraterritoriales no se reconocen y no se ejecutan”, remarca.

Una vez que no se reconozca la sentencia, una segunda derivada puede ser que la administración de EE UU opte por embargar activos de la compañía en suelo estadounidense. Entre los más afectados, Meliá cuenta con tres establecimientos en EE UU (Nueva York, Miami y Orlando) e Iberostar cuenta con otros dos (Nueva York y Miami). Sin embargo, Viñals recuerda que si la Administración de EE UU opta por ese tipo de embargos, la Unión Europea podía reclamar compensaciones por un importe similar. “Bruselas podría considerar imponer sanciones a empresas y personas que inicien acciones para demandar bienes nacionalizados por la República de Cuba. Entre las 6.000 reclamaciones que hay en en la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras figuran gigantes como Coca-Cola, Chevron o Exxon, con lo que si finalmente se produce este escenario se alcanzaría una suerte de guerra comercial”, asegura Viñals.

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