BBVA encargó a Villarejo espiar al presidente de Ausbanc por medio millón de euros al año
El sumario de la instrucción judicial que investiga los contratos entre BBVA y el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que se sigue en el llamado 'caso Tándem', revela que la investigación se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia que hablaba de la existencia un plan -denominado proyecto "Pin"-, que "habría tenido por objeto que Villarejo espiara a Luis Pineda (presidente de la asociación de usuarios de banca Ausbanc) a cambio de recibir del BBVA unos 500.000 euros anuales durante varios semestres mientras Villarejo era funcionario policial en activo".
Así se señala en un auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de diciembre de 2018 que obra en el sumario de esta pieza del caso, al que ha tenido acceso parcial Europa Press, en el que se añade que la finalidad de dicha contratación sería la de destruir la reputación de Pineda -quien se sienta actualmente en el banquillo acusado de extorsionar a entidades bancarias, entre ellas el BBVA- y, posteriormente, servirse de la unidad especializada en delitos ecomómicos de la Policía Nacional, la UDEF, para presentar una denuncia anónima que diera lugar a su detención.
Estas contrataciones según señalan los mismos documentos haciendo alusión a una denuncia interpuesta por Pineda, se habrían realizado por altos directivos de la entidad bancaria que en esos momentos no se identificaban a través de su jefe de seguridad, Julio Corrochano, antiguo miembro de la Policía, y mientras Villarejo era funcionario policial.
Para prestar sus "servicios de inteligencia ilícitos e incompatibles con su labor policial", continúa el auto judicial citando la denuncia, el comisario se habría valido de su entramado empresarial.
La investigación policial obrante en el sumario detallla la existencia de diversos contratos realizados entre el BBVA y CENYT (propiedad de Villarejo) referidos a 2010 y 2012, y de los que se da cuenta también de su extinción, según dos diferentes denuncias que Pineda hizo llegar a Anticorrupción, y que una vez valoradas dieron lugar al inicio de las actuaciones.
Según los primeros análisis realizados por Anticorrupción, se pudo constatar la existencia de ·"hechos punibles cuyos contornos y personas presuntamente responsables permiten su escisión del resto de hechos y personas objeto del procedimiento" -en alusión a otras investigaciones incluidas en 'Tándem'-.
En el auto por el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acordó este lunes levantar el secreto de las actuaciones se señala, más de un año después del inicio de las investigaciones, que los trabajos realizados por el entonces comisario en activo para el BBVA -que está acusada como persona jurídica en esta causa- implicaron "una injerencia en los derechos fundamentales" de los rivales del banco.
También en este auto García Castellón apunta ue esa actividad de Villarejo podría constituir "un delito de cohecho pasivo", y añade que el desarrollo de la prestación de los servicios contratados "implicó una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante el acceso a sus comunicaciones, seguimientos personales o el acceso a su documentación bancaria".
La decisión de levantar el secreto sobre esta pieza de 'Tándem' llega después de que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción pidiera el levantamiento del secreto. Tras esto, las partes personadas en esta pieza separada, la número 9 de la macrocausa sobre las actividades del expolicía, pueden tener acceso a las actuaciones realizadas durante más de un año de instrucción, tiempo en el que se ha investigado la relación entre Villarejo y el banco, la cual se habría prolongado durante 13 años con una facturación de unos 10 millones de euros.
Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y al BBVA en calidad de persona jurídica, además de ex altos cargos de la entidad. También figura en la lista de investigados Julio Corrochano, expolicía y exjefe de seguridad del banco que habría actuado como interlocutor para el desarrollo de los contratos.
Salvo el expresidente de la entidad Francisco González, el exejecutivo Antonio Béjar --que ha comparecido varias veces-- y el BBVA, cuyos representantes legales estuvieron declarando durante 14 horas repartidas en tres días, todos los imputados en esta pieza optaron por acogerse a su derecho a no declarar cuando fueron citados en la Audiencia Nacional al no haber tenido acceso a las actuaciones.