El Panel de Funcas pide al Gobierno rebajar el déficit tras un 2019 sin avances
Cifran el agujero en el 2,4% a cierre del año y prevén un 2,2% este año si no se actúa y recomiendan una política fiscal restrictiva o neutra
El año pasado fue un año prácticamente perdido en la carrera por reducir el déficit español, pese al crecimiento económico, con lo que urge retomar el saneamiento de las cuentas este ejercicio. Así lo consideran el grueso de casas de análisis que componen el Panel de Funcas (la fundación de las cajas de ahorro), quienes estiman que el agujero fiscal culminó el año pasado en el -2,4%, apenas por debajo del -2,5% de cierre de 2018, y que, si no se toman medidas, este año apenas se reducirá al -2,2%.
Las cifras suponen una desviación relevante frente al objetivo del -2% para cierre de 2019 y el -1,7% para este año que el Gobierno comunicó a la Comisión Europea el pasado octubre. Así, 16 de los 19 miembros del Panel de Funcas (que engloba a Analistas Financieros Internacionales, la Cámara de comercio, Banco Santander o BBVA Research) consideran que la política fiscal está siendo expansiva, mientras que todos, salvo uno, recomiendan que esta sea restrictiva, o al menos neutra, para reducir el tamaño del agujero fiscal.
Y eso, que algunos de los miembros del panel aún no han incorporado a sus análisis los 4.700 millones de euros que el nuevo Ejecutivo ya ha comprometido este año para subir las pensiones un 0,9% y los sueldos públicos un 2%.
En todo caso, el panel advierte que el entorno exterior será desfavorable en los próximos meses, por lo que restan dos décimas a la estimación del peso de la demanda externa de 2020, solo compensadas por el alza de otra en la demanda interna. A su vez, consideran que el ritmo de creación de empleo pasará del 2,2% de 2019 al 1,4% este año, limitando la rebaja de la tasa de paro del 14,1% al 13,5%, lo que empeora en dos décimas su previsión anterior. De esta forma, el consenso de expertos apunta a que la economía española agravará su ralentización, creciendo un 1,6% este año frente al 1,9% de cierre de 2019.
“Todo apunta a que hemos terminado el año creciendo en el entorno del 2%”, repuso por su parte ayer la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, apuntando a que la cifra oficial será dada a conocer por el INE esta semana. “Todos los indicadores dan la sensación de que el año pasado hubo una ralentización económica durante el verano, posiblemente relacionada con la incertidumbre por el Brexit, que en el aquel momento se veía inminente y no se sabía la resolución, y que luego en otoño e invierno hubo cierta estabilización e incluso una moderada aceleración del crecimiento”, sostuvo en una entrevista en TVE. “Vengo de las reuniones de Bruselas y Davos y ahí hay más optimismo, ven menos riesgos a la baja y, sin ver un cambio de tendencia, ven una estabilización de esa ralentización que ha marcado los dos últimos años”, agregó. Calviño, que estos días negocia con la UE para tratar de suavizar la senda de reducción del déficit, aseveró que los planes del nuevo Gobierno de coalición han recibido una “acogida muy positiva” en la Comisión Europea, que ha demostrado “comprensión de nuestras prioridades de política económica”, que pasan por conjugar “responsabilidad fiscal con sensibilidad social”. “Arrastramos problemas de la crisis: un alto desempleo que hay que seguir reduciendo; y el déficit y la deuda pública, que también hay que seguir reduciendo al ritmo más rápido posible, pero sin poner en riesgo el crecimiento, sin olvidar la reducción de las desigualdades, que es el cuarto desequilibrio que todavía permanece”, defendió, asegurando que Hacienda trabaja en el diseño de unos nuevos Presupuestos Generales para 2020 a fin de impulsar “cuanto antes” esas prioridades de actuación.
Estas deberían incluir medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, principal fuente de generación del déficit público, pues según alertó ayer el gobernador del Banco de España su coste se disparará en las próximas tres décadas. En una presentación sobre los retos el envejecimiento de la población, Pablo Hernández de Cos concretó que obviar la reforma de 2013, que incluía el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización que limitaba el alza al 0,25%, elevará en cinco puntos de PIB el coste público en pensiones para el año 2050.
Mientras el Ejecutivo central trabaja en la redacción de las cuentas de 2020, los consejeros de Hacienda de Madrid y Andalucía, que gestiona el PP, se quejaron de la dificultad para impulsar sus propios Presupuestos sin contar con el dato actualizado de los fondos regionales que recibirán. Además, ambos avanzaron que barajan reclamar ante los tribunales los 2.500 millones de euros del IVA que el año pasado no se les inyectaron a las comunidades ante la ausencia de unas cuentas públicas que resolvieran los efectos de la reforma del impuesto de 2017.
El diálogo social arranca el jueves
Los líderes. Cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, lo primero que hizo fue recibir a los líderes patronales y sindicales para escenificar el arranque de varias mesas del diálogo social. Ahora, tras formar Gobierno, lo primero que ha hecho Sánchez ha sido cerrar ya con ellos un primer un primer acuerdo: la subida del salario mínimo a 950 euros mensuales. Si bien, prometió que esta legislatura será la del diálogo social y por eso, el encuentro con los líderes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme tampoco se demorará, ya que según todas las fuentes consultadas se celebrará este jueves.
Las mesas. Lo más probable es que en este encuentro, Sánchez informe a los agentes sociales de que el Gobierno derogará a mediados de febrero la actual regulación que permite el despido objetivo por ausencias al trabajo aunque estas se produzcan por enfermedad reconocida. Pero, además, se establecerá un calendario de negociaciones para modificar la regulación de cuestiones de la reforma laboral que el Gobierno quiere derogar, como la vuelta a la ultraactividad de los convenios; la recuperación de la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa o la limitación de las subcontratas.
