Un ejemplo de moderación para abordar las reformas económicas
El acuerdo alcanzado ayer sobre el SMI por Gobierno, patronal y sindicatos abre un camino de entendimiento y colaboración que es fundamental preservar.
El acuerdo alcanzado ayer por el nuevo Gobierno con patronales y sindicatos sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) para este año constituye un buen comienzo de legislatura en términos de diálogo y de cooperación social en uno de los ámbitos en los a priori existían posiciones claramente distantes entre las partes. El pacto supone renunciar por parte del Ejecutivo y de los sindicatos a plantear una subida abrupta del SMI y optar en su lugar por un incremento más moderado y digerible para las empresas. En contraste con la subida del 22% aprobada el año pasado de forma unilateral por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez, el acuerdo de ayer deja el salario mínimo para 2020 en 950 euros, un 5,56% más. Las especulaciones que apuntaban a una subida hasta los 1.000 euros fueron descartadas horas antes de la reunión desde el propio Gobierno por boca de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que abogó por una subida “progresiva” y “asumible” para las empresas.
El acuerdo de ayer es el primer paso para alcanzar el objetivo de la coalición PSOE-Unidas Podemos en este ámbito –llevar el SMI hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura–, un compromiso que supone fijar el montante en una cantidad cercana a los 1.200 euros en cuatro años. Se trata de una medida que pretende reducir la desigualdad y la precariedad salarial en el mercado laboral –sin duda uno de los puntos negros del empleo en España– pero es también un instrumento arriesgado y que debe manejarse con prudencia para evitar dañar la competitividad empresarial y producir un efecto contrario al que se persigue en los segmentos más débiles del mercado laboral. El pacto alcanzado ayer ha sido impulsado por una ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pertenece a las filas de Unidas Podemos, lo que constituye una importante señal en términos de moderación política y un buen ejemplo de la prudencia con la que el Gobierno debe abordar las reformas más sensibles que tiene en cartera, como la que atañe a la legislación laboral.
Pese al notable esfuerzo de recuperación de competitividad llevado a cabo desde la última crisis económica, un ámbito en el que la moderación salarial ha jugado un rol destacado, España sigue teniendo una importante asignatura pendiente en esta materia. Como señalaba ayer en Davos la consultora Adecco, la falta de adecuación de la educación a las necesidades de las empresas y la poca vinculación de los salarios con la productividad son dos de los grandes lastres que merman la competitividad en España. Precisamente por ello, el acuerdo alcanzado ayer por Gobierno, patronal y sindicatos abre un camino de entendimiento y colaboración que es fundamental preservar.