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La mano derecha de Sánchez que canalizará el conflicto catalán

Pierde la cartera de Igualdad pero asume la de Memoria histórica, desde la que gestionará la exhumación de víctimas del franquismo o la restitución del Pazo de Meirás

La vicepresidenta primera, ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo.
La vicepresidenta primera, ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Pablo Monge

Mano derecha de Pedro Sánchez y depositante de su máxima confianza, Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) se mantendrá en la cúpula del Ejecutivo, ocupando la primera de las cuatro vicepresidencias que tendrá el nuevo Gobierno de coalición, haciendo de contrapeso a Pablo Iglesias, vicepresidente segundo.

Como ministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes, tendrá que coordinar hábilmente unos Consejos de Ministros compartidos por vez primera con Unidas Podemos. No obstante, en la vicepresidencia primera, de corte eminentemente político, tendrá que pilotar la coordinación territorial, siendo Cataluña uno de los retos más complejos de la legislatura.

Por ello, esta doctora en Derecho Constitucional tendrá probablemente que jugar un papel importante para impulsar la mesa de negociación pactada entre el PSOE y ERC y que reunirá al Gobierno central y al de la Generalitat, con el objetivo de encauzar el conflicto secesionista y cuya primera cita tendrá lugar en apenas dos semanas. Siendo una de las más fieles colaboradoras de Sánchez, Calvo ya estuvo detrás de las negociaciones que culminaron en la reunión entre el presidente del Gobierno y Quim Torra en diciembre de 2018, en la que sellaron la Declaración de Pedralbes. 

Ferviente abanderada de la lucha feminista, la dirigente socialista cede la cartera de Igualdad que ostentó durante la pasada legislatura a Irene Montero, pero asumirá la de Memoria Democrática, hasta entonces dependiente de Justicia.

Tras el largo proceso de exhumación del dictador Francisco Franco que culminó en octubre con su salida del Valle de los Caídos, y para el que Calvo recabó la aprobación del Vaticano, la andaluza tendrá ahora que gestionar las exhumaciones de los fusilados que siguen en fosas comunes y auditar los bienes expoliados por el franquismo para devolvérselos a sus propietarios. Un proceso que, entre otros, incluye la restitución del Pazo de Meirás al patrimonio público, un pleito ya en curso en el que se verán las caras los Franco y la Abogacía del Estado este 31 de enero.

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