Una intervención amplia en el mercado del alquiler
Los ayuntamientos podrán limitar las subidas mediante índices de precios
La regulación del mercado del alquiler es uno de los pilares del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. El documento que recoge los puntos del acuerdo, presentado este lunes, avanza que los ayuntamientos y comunidades autónomas podrán actuar para frenar "las subidas abusivas en zonas tensionadas". Además, los propietarios de viviendas que las alquilen "a precios asequibles" recibirán financiación por medio de un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas. El futuro Gobierno también quiere ampliar el parque de vivienda pública y se compromete a garantizar que las viviendas destinadas a ese fin no terminen en manos de fondos buitre.
El documento presentado este lunes por las dos formaciones incluye un punto titulado "Frenaremos las subidas abusivas del alquiler". Para conseguirlo, la coalición de izquierdas prepara un Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler. En él, el aspecto más importante consiste en un índice de precios que dará cancha a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas para intervenir en "una zona urbana de mercado tensionada cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual". Con esta medida, ambos partidos aseguran que se evitarán "posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler".
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 es otra de las patas con las que PSOE y Podemos quieren impulsar el alquiler asequible. Los dos partidos se comprometen a reorientar esta normativa para "configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección". Más colaboración con las administraciones locales, líneas de financiación y la agilización de los trámites de concesión de licencias son los principales cambios que sufrirá el plan de vivienda vigente.
En el pacto presupuestario que alcanzaron el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos hace algo más de un año se recogía la elaboración de una estadística oficial para poner tope a los alquileres de ciertas zonas. El decreto aprobado el pasado marzo se quedó a medio camino al implementar la elaboración de la estadística, pero sin cambiar el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el que establece que las rentas de los alquileres las pactan libremente las partes. Podemos exigió modificarlo, algo que aparentemente deberá hacerse ahora para permitir los límites de precios, una vía que ya se ha experimentado en algunos territorios y ciudades de Europa y de EE UU.
Al Plan Estatal de Vivienda se le sumará otro de rehabilitación que incluirá financiación específica para la vivienda destinada al alquiler. Entre los beneficiarios, el nuevo Ejecutivo plantea incluir a "pequeños propietarios" que rehabiliten sus pisos y los pongan "en alquiler a precios asequibles". Dicho plan durará también cuatro años y se enfoca a promover la vivienda en las zonas menos pobladas del país y donde habitan colectivos vulnerables.
Impulso al alquiler social
La coalición de Gobierno anuncia un impulso del alquiler social, otra de las promesas que los partidos realizaron durante la pasada campaña electoral. El documento se compromete a blindar las viviendas de carácter social para que se destinen en exclusiva a ese uso. Mediante una normativa se garantizará su explotación "únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre".
Para aumentar el parque de vivienda pública y de alquiler social se favorecerán los convenios de Sareb (el denominado banco malo, que absorbió gran parte del ladrillo tóxico de la banca) y se pondrán medidas de estímulo del alquiler y la construcción de nuevos pisos de “promotores públicos y privados”.
Aunque en el texto PSOE y Podemos aseguran que se destinará suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, no revelan qué porcentaje del parque de vivienda será de protección pública. Sí anuncia, en cambio, que las viviendas en alquiler contará con ayudas por parte del Instituto de Crédito Oficial, que depende de Economía, o del Banco Europeo de Inversiones.
Coto al alquiler turístico
Apenas hay mención al uso de la vivienda para fines turísticos, de la que solo se explica que mediante reformas de la normativa las comunidades de propietarios podrán "prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio.
