Política

El Gobierno y Podemos salvarán la reforma del alquiler sin regular los precios

El texto prevé elaborar un índice de precios de las grandes ciudades y ligar las actualizaciones al IPC

Viviendas en Madrid.
Viviendas en Madrid.

A pesar de los desencuentros y fracasos iniciales, todo parece indicar que el Gobierno y Podemos conseguirán finalmente salvar el decreto de los alquileres. El Ejecutivo presentará previsiblemente este viernes en el Consejo de Ministros un nuevo texto, que si bien no contempla limitaciones en el precio de los arrendamientos, sí recoge novedades de cierto calado respecto al texto que fue tumbado hace un mes. Entre ellas, la elaboración de un índice oficial de precios en las grandes ciudades, actualizaciones de la renta sujetas al IPC y mayores garantías frente a los desahucios, según adelantó ayer El País.

El borrador que ultima el Ejecutivo no incluye medidas para limitar las subidas de los alquileres pero, en cambio, propone elaborar unos índices oficiales de precios que sirvan de herramienta a las comunidades autónomas para establecer su propia política de vivienda, ya que son ellas quienes ostentan la competencia sobre esta materia. Podemos, socio determinante para lograr la convalidación, ve insuficiente esta medida pero fuentes de la formación reconocieron haber cedido para salvar el resto de mejoras que plantea el texto y revertir las “dañinas” medidas introducidas por el PP en 2013. Una opción que barajan es la bonificación de hasta en un 80% el IBI para los propietarios que cumplan con el índice de precios. Fuentes de Podemos, con todo, alejaron este miércoles a última hora esa posibilidad.

Otra de las novedades del nuevo texto es que la actualización del precio del alquiler durante la vigencia del contrato solo podrá estar sujeta al IPC, algo que figuraba en la Ley de Arrendamientos Urbanos hasta que el PP la eliminó en 2013.

El decreto recupera la ampliación de la duración de los contratos de tres a cinco años, o a siete si el propietario es una empresa, pero añade además que todos los contratos serán válidas independientemente de que estén inscritos en el Registro de la Propiedad. Eso significa que, aunque cambie de manos la propiedad de la vivienda, el inquilino seguirá sujeto a las mismas condiciones. Un punto más que recoge el borrador para dotar de mayor seguridad a los arrendatarios son los plazos de preaviso para no renovar el contrato, que pasan de uno a cuatro meses en el caso del propietario y de uno a dos para el inquilino.

La nueva regulación incluirá también mayores garantías frente a los desahucios. Los juzgados tendrán de oficio que informar a los servicios sociales de todos los procedimientos de desahucio para comprobar si los inquilinos se encuentran en una situación de vulnerabilidad. De ser así, y mientras se busca una alternativa habitacional el borrador contempla que se aplace la ejecución tres meses si el propietario es una empresa (frente a los dos del texto anterior), y de uno si se trata de un particular (no cambia). También se obligará a que el juzgado especifique en todos los casos la fecha y hora exacta en la que se vaya a llevar a ejecutar el desahucio.

Normas