PSOE y Podemos subirán impuestos a las rentas altas y derogarán la reforma laboral

El programa de coalición incluye alzas del IRPF y un tipo mínimo en el impuesto de sociedades

El acuerdo de Gobierno entre Podemos y PSOE tendrá un fuerte contenido social y económico. A lo largo de 49 páginas ambos partidos han dado forma a un pacto que pretende según su índice temático, consolidar el crecimiento y la creación de empleo de calidad, ampliar derechos sociales e impulsar la regeneración democrática, luchar contra el cambio climático, atender necesidades de industria, Pymes, autónomos y sector primario. Además de procurar nuevos derechos.

Según el documento,  la medida estrella, que aparece como la primera del documento, es la derogación de la reforma laboral, que en algunos casos va algo más allá de lo previsto inicialmente. Según asegura el texto ambos partidos pretenden "recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012 e impulsar en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos".

El PSOE abandona la fórmula de derogar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral” y apuesta por la derogación de esta norma. Si bien, la derogación de la norma no parece que vaya a ser literal y total, ya que el programa especifica qué cambios legales “urgentes” estarán detrás de esta medida. Las principales serán la desaparición del despido por absentismo, que ya existía en la ley antes de 2012 pero que la reforma del PP facilitó; la recuperación de la ultraactividad de los convenios que hace que estos estén vigentes hasta la firma de uno nuevo, y que la reforma limitó a un año; también se recuperará la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa. En este último caso, se acaba con la primacía de los acuerdos de empresa ha generado una importante devaluación salarial sobre todo en el sector de las compañías que prestan servicios a otras.

En materia laboral las subcontrataciones se limitarán a la contratación de servicios especializados pero ajenos a la actividad principal de la empresa. Asimismo, se dificultarán las inaplicaciones de los convenios colectivos en materia salarial, que la reforma también facilitó, a la existencia de un nuevo concepto: “causas económicas graves”.

En materia de contratación, el programa también toca algunos cambios sustanciales que hizo la reforma de 2012, si bien sin llegar a derogarlos y abordándolos en el marco del diálogo social y sin la “urgencia” de las medidas anteriores. Es el caso, por ejemplo, de la autorización administrativa en los despidos colectivos. La reforma de 2012 eliminó totalmente esta autorización al tiempo que facilitó las causas objetivas para este tipo de despidos. El programa habla de “revisar las causas de despido para hacer más precisa la definición de las causas” y “reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo”, pero sin llegar a recuperar la autorización administrativa.

Asimismo, Podemos ha renunciado a eliminar la contratación temporal, como era su intención inicial. Aunque el PSOE sí se compromete a endurecer dicha contratación eventual para desincentivar su uso, de forma que “la contratación indefinidasea la forma ordinaria de acceso al empleo”. Para ello “reforzarán el principio de causalidad de la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento.

En cuanto a las futuras subidas del salario mínimo interprofesional, PSOE y UP han acordado convocar a empresarios y sindicatos para “promover un acuerdo del diálogo social que será la base para la propuesta del Gobierno”. Además se creará una “comisión asesora” del Ministerio de Trabajo que estudiará la evolución de esta renta. Para su análisis estos expertos tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el comportamiento de los precios, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica.

Como novedad en materia laboral, el programa de gobierno incorpora la aprobación de una "Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios" y un pacto social y político para el mejor uso horario.

Pensiones

En materia de pensiones el acuerdo aspira  a "plantear a todas las fuerzas políticas y a los agentes sociales un nuevo Pacto de Toledo, que garantice la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones". Se pretende actualizar las pensiones conforme al IPC real "mediante ley de forma permanente", y aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas. Esto es, subir las pensiones más bajas por encima de la inflación.

Además se comprometen a impulsar "a reducción de la brecha de género en las pensiones y la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de parejas sin vínculo matrimonial".

En el apartado de Seguridad Social, el acuerdo pretende "estudiar y desarrollar medidas para, entre otras, garantizar el aumento de los ingresos de forma estructural, descargando a la Seguridad Social de gastos impropios, asegurando la sostenibilidad del sistema. Además de que se pretende revisar las bonificaciones a la contratación "con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquéllas que contribuyen a la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad".

En el marco de la reformas económicas que incorpora el documento ambos partidos se han comprometido a "eliminar el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social previstos en la Ley 23/2013, siempre asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.

En este capítulo de protección social, el programa recoge la propuesta de la formación morada de  crear un "ingreso mínimo vital como prestación de la Seguridad Social". Para su implantación, en un primer momento se hará "un aumento decidido" de la prestacion por hijo a cargo para familias vulnerables y, posteriormente, "mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Impuestos

En materia fiscal el acuerdo establece que se impulsaránpolíticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa "gracias a un mejor uso de los recursos públicos, a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales". En este sentido se pretende ejercer "un mayor control sobre las SICAV.". Y se instrumentará ese control otorgando "a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera. Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas)".

En el ámbito de la progresividad del sistema fiscal se propondrá una reforma del impuesto de sociedades "garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.

El documento establece que se imitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en otras sociedades, "reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial, como prevé y permite la Directiva matriz-filial".

Igualmente se pretenden establecer mejoras en la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de gravamen del 25% al 23%.

En el terreno del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros y el documento asegura que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo.

Además el acuerdo pretende reformar el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

Igualmente ambos partidos han decidido promover "la ampliación del listado de deudores a la Hacienda Pública, se introducirán límites más rigurosos para los pagos en efectivo, se prohibirá el “software” de doble uso y se impulsará la unidad de control de grandes patrimonios". Y han acordado en paralelo ejercer un mayor control sobre las SICAV. Para lo cual pretenden "otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV en la normativa financiera".

Además pretenden establecer "requisitos adicionales para la aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor".

Educación

El futuro Gobierno de coalición pretende derogar la actual ley educativa LOMCE y aprobar una nueva que "blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo". Entre otras cosas, esta norma "promoverá la coeducación" --educación conjunta de niños y niñas-- e "impedirá" la segregación por razón de sexo en los centros concertados. Se elaborarán planes contra el fracaso escolar y contra el acoso (bullying). Y la asignatura de religión será "de carácter voluntario, sin que haya una asignatura alternativa, ni la nota sea computable a efectos académicos".