Economía ultima una ley para agilizar el bloqueo de cuentas ligadas al blanqueo o el terrorismo
Dará inmediatez a las peticiones de la ONU que hoy se demoran días. GAFI alaba las mejoras de España en prevención pero le pide más control sobre las ONG
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alabó ayer los avances de España en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Su sistema de prevención ha resultado uno de los mejores de la evaluación internacional en marcha desde 2014 y aún inconclusa en varios países. GAFI, sin embargo, insta a España a mejorar sus sistemas de control sobre entidades sin ánimo de lucro así como la inmediatez en el bloqueo de cuentas sospechosas identificadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un aspecto, este último, en el que el equipo en funciones del Ministerio de Economía ya trabaja, diseñando una ley que acelere los trámites.
El problema radica en que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU emite una resolución identificando a un presunto terrorista, por ejemplo, el bloqueo de las cuentas bancarias de este en España se demora “entre tres y cuatro días” hasta que la orden es tramitada por la Unión Europea. “Es un sistema garantista. Las entidades financieras están pendientes y revisan las listas de la ONU, el problema es que no hay obligación jurídica para aplicar” el bloqueo de la cuenta, hasta que la Unión Europea la recoge en un reglamento propio que sí es de aplicación directa, explican fuentes del Ministerio de Economía.
“Queremos poner en marcha que esa obligatoriedad sea inmediata de manera transitoria” desde el momento en que la ONU emite sus resoluciones hasta que se hace efectiva en la UE por mandato de Bruselas, avanzan desde el Ministerio. El problema, reconocen en Economía, radica en que este tipo de norma tiene que tener rango de ley. Eso ha complicado el proceso porque requiere de un Parlamento constituido, con el que no se contaba hasta esta semana, que gestione un proyecto de ley del Gobierno, que de momento sigue operando en funciones.
Más allá, GAFI demanda a España “una mayor cooperación y coordinación entre las más relevantes autoridades investigadoras y las autoridades responsables de la supervisión y monitorización de las organizaciones sin ánimo de lucro”, recoge el informe de GAFI.
Desde el Ministerio destacan que España viene mejorando en este campo pero reconocen que existen redes terroristas que “abusan” de la figura de las ONG, haciendo de ellas un vehículo de financiación o traslado de fondos que requiere de “mejoras de la vigilancia y los protocolos de prevención”.
“El informe de GAFI confirma que España sigue mejorando sus sistema de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo”, defienden desde el Ministerio, donde aseveran que a nivel técnico y normativo “es uno de los mejores países del mundo en persecución y prevención” de estos delitos así como por la “efectividad” de sus planes.
España forma parte del GAFI desde su creación, en 1993, y desde 2014 viene siendo sometida a una revisión anual del acatamiento de sus compromisos en la lucha contra los delitos financieros. En la ronda inicial, el país obtuvo una calificación de cumplimiento “alto” o “sustancial” en ocho de los 11 objetivos clave, y “moderado” en los tres restantes, sin que ninguno fuera catalogado de “bajo”. A partir de ahí, GAFI viene revisando específicamente la mejora de estos tres aspectos.
En la revisión cerrada ayer, la quinta, España solo mantuvo ese cumplimiento “moderado” en el apartado referido al bloqueo inmediato de cuentas y el control de las ONG, pero mejoró a “sustancial” su nota en los otros dos apartados.
El primero se refiere a los mecanismos de prevención del sector privado y la efectividad de su sistema de alertas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), que ha ido reforzándose en los últimos años más allá del ámbito financiero tradicional.
El segundo campo de mejora es el de la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, apuntalado con nuevas sanciones y mayor coordinación entre Ministerios, CNI, Aduanas y Sepblac.
En Economía celebran la buena valoración de GAFI recordando que “un sistema atractivo y seguro para los inversores” tiene efecto “en nuestras relaciones financieras y comerciales con terceros, al abaratar los costes”.
Cuenta atrás para el registro de asesores so pena de 60.000 euros de multa
Menos de un mes. Asesores, abogados, secretarios de consejos de administración y otros proveedores de servicios a empresas que faciliten prácticas como la constitución de sociedades tienen hasta el 31 de diciembre para inscribirse en el Registro Mercantil, en virtud de las recientes exigencias incluidas en la legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Incumplir esta obligación supondrá una infracción leve, sancionada hasta con 60.000 euros. El nerviosismo que ha despertado esta potencial multa entre los colectivos afectados, que vienen denunciando la falta de información sobre los cauces para inscribirse, llevó al Ministerio de Economía a publicar ayer una guía clarificando el proceso. Desde el departamento aclaran que esta obligación afecta tanto a empresas como a personas físicas pero que el foco está puesto en estas últimas porque las compañías ya suelen estar inscritas en el Registro Mercantil. A partir de ahí, en Economía aclaran que la obligación es para los profesionales que sellan sus trabajos o para las sociedades profesionales bajo las que se amparen. Una vez inscritos, todos deben presentar un informe anual cada primer trimestre sobre sus actividades.
