La factura del colapso de la justicia, en cifras
Las reformas vuelven a pasar inadvertidas en las elecciones
Las reformas en materia de justicia parece que siguen guardadas en el baúl de los recuerdos. Las últimas elecciones siguieron la tónica de las anteriores. Poco o nada hablaron los partidos de cómo mejorar el funcionamiento de juzgados y tribunales, y las propuestas de los operadores jurídicos para mejorar el funcionamiento de una Administración clave en el Estado de derecho y la economía fueron relegadas a un segundo plano. A la vista del escaso interés durante la campaña y las negociaciones para la investidura, parece que España seguirá condenada a tener un sistema judicial lento y colapsado.
La cruda realidad del día a día de los juzgados es que hay que esperar muchos meses a que se admita a trámite una demanda, algunos años para recibir la sentencia y, finalmente, hasta un lustro para que se ejecute. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2018 acabó con los tribunales un 2,7% más congestionados que el año anterior. Los asuntos resueltos bajaron un 1,4%, mientras que entraron en el sistema un 1,7% más. Los casos pendientes de resolver ascendieron más de un 9%.
A la clásica cita “la justicia tardía no es justicia”, hay que añadir una segunda derivada: el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía. Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España, ha constatado en numerosos informes el efecto económico del funcionamiento de la justicia. Una de las conclusiones de su último estudio (Quality of enforcement and investment decisions. Firm-level evidence from Spain) fue que la congestión judicial tiene un impacto negativo en la tasa de inversión de las empresas. En concreto, explica, junto a Daniel Dejuán, coautor del texto, que “una disminución de 10 puntos porcentuales en la congestión aumentaría, en promedio, las decisiones de inversión en aproximadamente un 0,1%”.
Y esto no es todo. Los expertos aseguran que una mayor eficacia del sistema judicial ampliaría el crecimiento y el tamaño de las empresas españolas y favorecería la llegada de nuevas sociedades.
Por ejemplo, según explica Mora-Sanguinetti en el estudio Assessing the impact of the institucional framework on the efficiency of the spanish economy, “el tamaño medio de las empresas en España podría ser entre un 0,6% y un 2,8% mayor si los sistemas judiciales de cada provincia convergieran con la mejor práctica”. Como consecuencia, también su crecimiento anual aumentaría entre 1,1 y 2,8 puntos porcentuales y llegarían entre un 8,8% y 9,5% más de entidades a la región. En esta línea, la eficiencia judicial impulsaría el emprendimiento entre un 5% y un 7%.
Otro resultado es que un sistema más rápido y práctico elevaría la disponibilidad de crédito en relación al PIB local. “Si mejorara un punto la tasa de liquidación judicial, se incrementaría un 0,32% la tasa de crédito/PIB en España”, afirma Mora-Sanguinetti en su estudio. Precisamente, uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema judicial está en la fase de ejecución de las sentencias (cuando el juez obliga al responsable el pago forzoso de la deuda). El 62,6% no se ejecutaron en 2018, según el Observatorio de la Actividad Judicial de Wolters Kluwer.
Sobrecoste
Según el último estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (Cepej), el Estado español invirtió 79 euros por habitante para el sistema judicial, cifra superior al promedio europeo de 64 euros, pero lejos de países como Alemania, con 122, o Suecia, con 118. Este grado de inversión (que algunos insisten en que es muy bajo) no impide tener que hacer frente a otros sobrecostes que genera el mal funcionamiento de la Administración.
Solo en 2018, el Ministerio de Justicia tuvo que abonar a los afectados que le demandaron por el colapso de la justicia casi dos millones de euros en concepto de indemnizaciones por el “anormal funcionamiento” de juzgados y tribunales. Por dilaciones indebidas de los procedimientos pagó 425.700 euros en 25 expedientes abiertos, un 22% del total de las compensaciones. Asimismo, de los escritos de reclamaciones y denuncias a Justicia el pasado año, los relativos al funcionamiento de los juzgados y tribunales fueron más de 8.000, casi el 70% del total de las quejas.
La lentitud de los juzgados también impide que grandes cantidades de dinero entren en el flujo económico. Tal y como publicó la pasada semana El País, según datos del ministerio, los tribunales tienen inmovilizados 4.000 millones de euros (el doble del presupuesto de Justicia) en los depósitos de consignaciones y embargos. Es decir, cuentas donde se almacena el dinero de fianzas, costas o multas que, cada trimestre, generan de beneficio al Estado 18 millones de euros de intereses.
“Lento, caro y complicado”
En opinión de Alberto Velasco, secretario técnico del Registro de Expertos en Economía Forense del Consejo General de Economistas (CGE), lo más preocupante son los concursos de acreedores.
La resolución de las insolvencias empresariales es el asunto con mayor duración de todas las jurisdicciones. Y, además, va en aumento. Pasaron de 28,2 meses en 2011 a 41,6 en 2015. Velasco alerta de que persisten los problemas: “Más de un 90% de los concursos terminan en liquidación; el procedimiento es lento, caro y complicado”. Ante esto, las más perjudicadas, recuerda, son las pymes (el 99% del tejido empresarial español) y los autónomos, a quienes las soluciones de preconcurso y la ley de segunda oportunidad no consiguen poner de nuevo a flote.
Más recursos
Una de las soluciones que proponen los profesionales del sector para paliar los efectos en la economía es mejorar los recursos humanos disponibles. España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes, la mitad que Alemania y muy lejos del promedio europeo, que se sitúa en 21. Grecia, por ejemplo, cuenta con 26 y Portugal con 19. Además, consideran necesario más letrados de la Administración de Justicia y, sobre todo, más medios para otros operadores como los gestores procesales. Por último, estiman prioritario potenciar los sistemas alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, donde “no tiene sentido unos honorarios tan reducidos, en particular, en la mediación concursal”.
Así, desde el CGE reclaman la reorganización de los tribunales bajo principios de eficiencia. De los casi 4.000 órganos judiciales, cerca de un millar, el 24%, “no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo”, recuerdan. Sin embargo, el 43,5% está ejerciendo por encima del 150% de ese indicador. En definitiva, a falta de grandes reformas, los expertos auguran que el colapso de la justicia seguirá siendo un coste fijo para empresas, profesionales, ciudadanos y la economía.
18 directivas pendientes a riesgo de sanción
70% de las multas. No cumplir con los plazos de transposición de directivas también tiene un coste para nuestro sistema económico. Según el informe La trascendencia de las cuestiones europeas para ciudadanos y empresas españoles, del Consejo General de Economistas (CGE), España deberá transponer al menos 18 directivas (algunas de 2016 y 2017) cuyo plazo de vencimiento es el 31 de diciembre de 2019. En concreto, nuestro país tarda de media un año más que el resto de Estados de la UE en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional y concentramos el 70% de las sanciones por retrasos.
Factura económica. En 2018 se transpusieron 54 directivas. Sin embargo, 21 estaban ya fuera de plazo y 4 de ellas (eran de 2014) han sido denunciadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia europeo porque debían haber entrado en vigor hace tres años en España: sobre la adjudicación de contratos de concesión (Europa ha propuesto una multa coercitiva de casi 62.000 euros por día de retraso); la contratación por entidades que operan en los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales (casi 124.000 euros); los contratos de crédito sobre bienes inmuebles de uso residencial (casi 106.000 euros), y las cuentas de pago básicas (casi 49.000 euros de multa por día de retraso).
Decretazo. Por otro lado, la aprobación de reales decretos leyes (RDL) derivados de directivas ha tenido una tendencia creciente, sobre todo en los últimos años. En 2019, de los diez RDL aprobados, siete tienen contenido derivado de directivas, un 70% del total. En 2018, de los 28 RDL, 12 concernían a directivas europeas, un 43%.