FCC declarará ante el juez el 22 de noviembre por el 'caso Odebrecht'
Se le investiga por un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015 en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a la constructora FCC el próximo viernes, día 22 de noviembre, para que declare como investigado por el presunto pago de más de 82 millones de euros en comisiones para la adjudicación de la construcción de líneas de Metro y la Ciudad de la Salud de Panamá.
A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional imputó a FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias, como personas jurídicas, por lo que comparecerá en el juzgado, a partir de las 9.30 horas, Alfonso Iglesia, el representante legal designado por las tres empresas. Asimismo, el magistrado ha citado también para el mismo día y hora al representante de la sociedad panameña Aeon Group, Timothy Scorah, en calidad de testigo.
La causa se abrió en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo, cohecho y organización criminal cometido entre 2009 y 2015. Esta empresa se habría servido de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los supuestos sobornos abonados por las diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.
En el caso de FCC, el magistrado reproduce en su auto, con el que imputó a la constructora, el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que describe cómo sus tres mercantiles constituyeron un consorcio con Odebrecht liderado por la compañía brasileña para participar en el concurso de obras en Panamá. Este consorcio resultó adjudicatario único de la contratación de dos líneas del metro de Panamá.
Los indicios de la investigación, corroborados por información aportada por las autoridades suizas, revelaron que los participantes en las dos contrataciones, todos ellos altos directivos de FCC y personal de Odebrecht, diseñaron, según relata la Fiscalía en su escrito, un esquema de corrupción repetido y que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. Así habrían obtenido los fondos para pagar dádivas a empleados y dirigentes políticos de Panamá.
El pasado mes de enero, la investigación judicial recibió las informaciones de una comisión rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados. Incluía el aviso realizado por un banco de la ciudad de Lugano, que advertía de los perfiles de riesgo de las operaciones realizadas por los grupos empresariales de los investigados. Según advertía el banco, gestionaban un grupo de cuentas, sociedades y clientes con indicios de autocontratación entre ellos y con un perfil instrumental, sin recursos ni trabajadores, y ejecutaban un millonario volumen de facturación cuyos fondos circulaban por sus cuentas.
