Ribera da a las empresas tres meses más para apuntarse a la subasta de interrumpibilidad

La fecha límite para presentarse a la puja se amplía al 30 de noviembre

El Ministerio se ve sin potestades para cambiar el mecanismo

Redes eléctricas
Torres de alta tensión. Getty Images

Las industrias que están dispuestas a sufrir reducciones puntuales en el suministro eléctrico a cambio de un descuento en la factura tienen tres meses más de plazo para apuntarse en la subasta que asignará a los prestadores de este servicio durante la primera mitad de 2020.

El plazo para presentar las solicitudes a Red Eléctrica, organizadora de las subastas, vencía el 31 de agosto, pero ayer el Ministerio para la Transición Ecológica publicó una orden en el BOE en el que lo amplía hasta el 30 de noviembre a fin de hacerlo “compatible” con la reforma del mecanismo exigida por Bruselas.

En la práctica, esta ampliación significa que el Gobierno mantendrá el diseño de las subastas de interrumpibilidad, como se conoce a esta prestación, al menos para la correspondiente al primer semestre de 2020. Posteriormente espera modificar el actual mecanismo.

Fuentes del Ministerio que dirige Teresa Ribera atribuyeron esta decisión a la imposibilidad de abordar la reforma con el Gobierno en funciones. No obstante, aclararon que se lleva trabajando desde hace meses en ella y que está bastante avanzada.

Al correrse el calendario, el próximo paquete no se adjudicará hasta el 15 de diciembre y cubrirá el primer semestre de 2020

De hecho, aseguraron que en las dos últimas licitaciones, celebradas en diciembre de 2018 y junio de este año, ya se habían incorporado modificaciones, “pero no podemos seguir haciéndolas porque nos pilla con el Gobierno en funciones, sin potestades para acometer más cambios”, explicaron a CincoDías.

El Parlamento Europeo publicó el 5 de junio pasado una directiva que, entre otras muchas medidas, obliga a los Estados miembros a reformar el diseño de las subastas de interrumpibilidad, de manera que se adecúen a la nueva política energética aprobada en 2016.

En esencia, lo que la UE pide a sus socios es que los operadores eléctricos aprovechen la digitalización de las redes para ajustar los paquetes de potencia que se sacan a concurso a la demanda real del mercado. Según reconocen en el Ministerio, este grado de ajuste es técnicamente posible en España, porque el 95% de las viviendas ya cuenta con contadores inteligentes.

Red Eléctrica convoca estos procesos cada seis meses y en ellos subasta bolsas de potencia susceptible de interrupciones en caso de presentarse una emergencia (por lo general, una pérdida repentina de generación renovable) que ponga en peligro el suministro a la población.

A estas convocatorias solo pueden presentarse grandes consumidores –industrias electrointensivas, como acereras o cementeras– que a cambio de prestar la cobertura se benefician de descuentos en la tarifa, lo que Bruselas considera una ayuda encubierta y busca atajar.

Al correrse el calendario, el próximo paquete no se adjudicará hasta el 15 de diciembre. Los MW que se asignarán en esa jornada servirán de respaldo para el primer semestre de 2020.

A la espera del estatuto de la industria electrointensiva

El Gobierno trabaja desde abril en la elaboración de un estatuto de la industria electrointensiva que contempla la creación de un nuevo mecanismo de subasta. Su aprobación, sin embargo, ha quedado condicionada a la constitución de un nuevo Ejecutivo.

Industrias como la del acero llevan meses pugnando por la aprobación de esta norma. Alcoa, por ejemplo, que ha estado a punto de cerrar sus fábricas de Avilés y A Coruña alegando altos costes de energía, no participó en la última subasta, efectuada en junio. En ella, Red Eléctrica adjudicó a 123 grandes consumidores un total de 2.340 MW por un importe de 95 millones de euros.

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