El Gobierno convocará una subasta de interrumpibilidad para sorpresa de la industria

Teresa Ribera celebrará en mayo una puja con un nuevo formato, en paralelo a la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo

Trabajadores de Alcoa de Galicia y Asturias protestan en Madrid.
Trabajadores de Alcoa de Galicia y Asturias protestan en Madrid.

El Ministerio para la Transición Ecológica está preparando la convocatoria de una nueva subasta de interrumpibilidad (servicio que ofrecen las instalaciones industriales para que el operador del sistema eléctrico les pueda interrumpir en caso necesario el suministro o modular su consumo a cambio de un descuento en su factura energética) que estaría vigente en el segundo semestre de este año.

Tras la última subasta de este tipo, que se celebró el pasado mes de diciembre, también con una vigencia de seis meses (concluye a finales de junio), el ministerio advirtió de que no podría convocar ninguna más tras la amonestación que había recibido de la propia comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en una visita a España. Desde hace mucho tiempo, la Comisión Europea vigila de cerca lo que considera una ayuda de Estado encubierta.

Sin embargo, en paralelo a la elaboración del llamado estatuto de los consumidores electrointensivos que están ultimando los Ministerios para la Transición Ecológica y el de Industria, el departamento que dirige Teresa Ribera quiere aprovechar los resquicios legales y, “con un nuevo formato”, convocar una subasta que se celebraría el próximo mes de mayo. Como siempre, la puja será organizada por el operador del sistema eléctrico, REE, y visada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Comptencia (CNMC).

Aunque se desconocen las condiciones de esta nueva subasta, una medida será la de no cobrar el coste del servicio a las propias adjudicatarias en su factura eléctrica, como ocurría hasta ahora. El descuento por interrumpibilidad, que llegó a superar los 700 millones de euros anuales y que se ha reducido a 186 millones en la última subasta de seis meses, lo asumen los consumidores eléctricos en su recibo de la luz: inicialmente en los peajes y desde hace varios años en el coste de la energía.

Habrá dos tipos de consumidores electrointensivos, con derechos y obligaciones, pero no tendrán una tarifa especial

El estatuto del consumidor electrointensivo (un modelo que ya existe en francia) se materializará en un real decreto que el Consejo de Ministros prevé aprobar en una de sus reuniones de abril, antes de las elecciones generales convocadas para el 28 de ese mes. Aunque las asociaciones de la gran industria ya han presentado sus propuestas al Gobierno, este sacará en breve a consulta pública el texto ya articulado del citado real decreto, según fuentes próximas al Ejecutivo.

Esas desvelan que el estatuto distingue entre dos tipos de usuarios: el electrointensivo y el hiperelectrointensivo en función de la energía que consumen respecto al valor añadido bruto de su producción. A cada uno de estos grupos se les impodrán unos derechos (un coste “aceptable” de la electricidad) y unas obligaciones relativas a la reducción de emisiones de CO2, innovación o una mayor eficiencia y ahorro.

Se descarta, tal como han venido reclamando las empresas, una tarifa especial para la industria, incompatible con la normativa europea, pero sí se les facilitará la forma de contratos estables de energía a largo plazo (PPA) con suministradores. Por ejemplo, ayudándoles a la consecución de avales y otro tipo de medidas de apoyo. En el sector son pesimistas respecto al estatuto pues este requeriría fondos y, de momento, no hay Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La crisis de Alcoa

La crisis desatada por la multinacional Alcoa, que pretende cerrar dos de sus tres fábricas de alumino en España (las de Avilés y A Coruña) ha empujado la búsqueda de algún tipo de solución a los fuertes costes de la energía de las empresas, no solo industriales, sino también del sector servicios. Aunque el coste de la energía no ha sido, en esta ocasión, el ­detonante del cierre, con el que ya había amenazado en otras ocasiones, no ha ­dejado de utilizarse como arma en su negociación con las distintas Administraciones Públicas.

Según señalaban recientemente los representantes sindicales de Alcoa tras una reunión en el Ministerio de Industria, “hay gente interesada en la compra de la compañía”, pero ha añadido que se está “muy lejos de dar los pasos necesarios hasta el mes de junio para encontrar algo que sea sólido”.

El temor del Gobierno es que la propia multinacional opte por el cierre y no por la venta pues no quiere nuevos competidores en su mercado. Los cierres afectan a los 317 empleados de Avilés y los 369 de A Coruña.

Precisamente, las tres plantas de Alcoa se adjudicaron en la subasta de diciembre 10 de los 21 bloques de 40 MW interrumpibles, a un precio medio de 105.429 euros MW y año. Teniendo en cuenta que la asignación para dichos bloques era de 44,28 millones de euros, al grupo de aluminio le correspondió un descuento unos 21 millones de euros. A aquella subasta se presentaron 130 industrias.

Entre esos grandes bloques, y los 244 de 5 MW, el coste del servicio de interrumpibilidad del primer semestre de este año asciende a los citados 186 millones de euros.

Normas