Eléctricas, gasistas y Gobierno presionan a la CNMC para que frene el recorte de la retribución

La patronal Aelec pide un retorno mayor al 5,58% y que los cambios no sean retroactivos

Torre eléctrica
Torres eléctricas a las afueras de Salamanca.

Este viernes se cumplió el plazo para la presentación de observaciones a los proyectos de circulares elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en los que se propone una nueva metodología para el cálculo de la tasa de retribución financiera que recibirán las redes de distribución y transporte eléctricas (entre 2020 y 2025) y las de gas (entre 2021 y 2026).

El final del período de consulta pública ha dejado al regulador de la competencia sometido a fuertes presiones que vienen tanto de las eléctricas y de las gasistas como del propio Gobierno, todos pugnando, con mayor o menor intensidad, por una rebaja de los recortes planteados.

El órgano presidido por José María Marín Quemada puso en marcha esta reforma en cumplimiento del Real Decreto Ley 1/2019 de enero pasado, el cual le otorgó por primera vez la potestad de legislar sobre la retribución, los peajes y otros aspectos económicos del sector, en línea también con lo dispuesto por la UE.

La CNMC se estrenó en esta facultad el 5 de julio pasado con la publicación de siete propuestas de circulares cuyo contenido causaron gran revuelo en el sector, además de fuertes caídas en Bolsa, debido a que, en esencia, proponen corregir el exceso de retribución que, en opinión de los técnicos del regulador, estas empresas han recibido en los últimos años.

Así, el organismo propone un cambio en la metodología para el cálculo de los ingresos que las redes percibirán durante el nuevo período regulatorio marcado por la ley. En el caso de la electricidad, este período comienza en 2020 y finaliza en 2025 y en el del gas, arranca en 2021 y concluye en 2026.

El regulador deberá analizar todos los argumentos y aprobar el nuevo marco regulatorio antes del 1 de enero de 2020

Como resultado de la nueva fórmula, la remuneración del transporte de gas se reducirá en los próximos seis años un 21,8%, sobre ingresos de 1.186 millones anuales; mientras que los de la distribución se resentirían un 17,8% sobre 1.420 millones de ingresos.

En el caso de las redes de electricidad, el recorte sería del 8,2% para el transporte, que cobra anualmente 1.656 millones, y del 7% para la distribución, sobre los 5.455 millones que reciben en los peajes.

Tras la publicación de los borradores, la CNMC abrió un período de consulta pública que coincidió con la presentación de resultados semestrales de las empresas, circunstancia que sus principales directivos aprovecharon para criticar el planteamiento y adelantar las observaciones que presentarían.

Las cifras

3.000 millones de euros dejarían de cobrar las gasistas en los próximos seis años si se aprueba el recorte.

7% es la reducción planteada para la distribución de electricidad y 8,2% para el transporte.

Este viernes, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), integrada por Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP, emitió un comunicado en el que califica de “insuficiente” la tasa de retribución del 5,58% propuesta por la CNMC y pide que se revise al alza.

La patronal argumenta que, de otro modo, no será posible atraer las “elevadas inversiones” que serán necesarias para ejecutar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno e incentivar “realmente” la descarbonización de la economía.

Asimismo, estima que la nueva metodología propuesta por el regulador parece “más compleja” que la existente e introduce “importantes nuevas incertidumbres” en el esquema retributivo, lo que impide contar con una visión completa del marco regulatorio que se aplicará en el próximo período.

Sin efecto retroactivo

Aelec reclama garantizar la certidumbre y seguridad jurídica de las inversiones realizadas por las empresas en el período regulatorio vigente, reconociéndose en función del modelo retributivo actual, bajo el que fueron diseñadas y aprobadas.

De esta manera, pide que el nuevo modelo se aplique para las inversiones y gastos en los que incurran las empresas a partir del 1 de enero de 2020, ya que “no tiene sentido calcular retribución ni incentivos a partir de las realidades de años ya pasados, sobre los cuales las empresas ya no pueden actuar”.

Harán falta inversiones por 42.000 millones

La patronal eléctrica, Aelec, cuestiona que el límite de inversión se vincule en la propuesta a la evolución de la demanda y a la entrada de las renovables, en lugar al de la evolución del PIB actual. Este límite, defiende, no debe suponer un freno a la electrificación de la economía y debe estar alineado con las necesidades de inversión previstas en el PNIEC, que ascienden a casi 42.000 millones de euros.

Sedigás estima que la propuesta no supondrá, como se pretende, una rebaja en la factura de los consumidores, ya que “no se pueden bajar los peajes del sistema” hasta que no se haya cerrado el déficit acumulado. Sostiene que las rebajas en los peajes, que en el caso del gas natural suponen un 24% del precio total (3.000 millones de euros), podrían conseguirse a través de otras alternativas como la aceleración de las inversiones.

En concreto, la patronal eléctrica exige que las inversiones de 2019 y los incentivos de 2018 y 2019, liquidables en 2020 y 2021, respectivamente, se calculen conforme a la metodología vigente hasta ahora.

Posteriormente, respetando este principio, los cambios metodológicos propuestos se aplicarían a los gastos, incentivos e inversiones realizados a partir del 1 de enero de 2020, pero siempre y cuando para dicha fecha, las distribuidoras sean “plenas conocedoras de ellos, en los casos que corresponda, y hayan tenido el tiempo necesario para adaptarse a los mismos”.

Por su parte, Sedigas, la patronal de las gasistas, argumenta que en la elaboración de la propuesta, el supervisor se ha basado en estimados incorrectos, por lo que pide la reformulación del recorte.

“Las memorias de las circulares contienen información y cálculos no reproducibles que inducen a pensar en un nivel de análisis insuficiente”. La CNMC deberá ahora analizar todas las alegaciones y aprobar el nuevo marco antes del 1 de enero de 2020.

Sin embargo, la crítica más sorprendente vino del propio Gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el martes pasado sus alegaciones, en las cuales acusó a la CNMC de falta de prudencia financiera al no tener en cuenta en su planteamiento el elevado grado de endeudamiento de las compañías reguladas.

El departamento dirigido por Teresa Ribera convocará, además, una Comisión de Cooperación para resolver sus discrepancias con el regulador.

Iberdrola pide una mejora de la tasa de retorno

Ignacio Sánchez Galán
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha valorado de forma positiva que la nueva fórmula para el cálculo de la retribución se base en el coste medio ponderado del capital (WACC) y considere el valor neto de los activos en servicio no amortizados (RAB), dos conceptos internacionalmente aceptados, aun cuando ello dé como resultado un recorte de casi el 7%.

Galán opina que, al armonizar las condiciones económicas de las redes de luz y gas, se reduce la incertidumbre creada por el marco anterior. Sin embargo, ha pedido una mejora de la tasa de retorno, ya que la planteada, del 5,8%, “no es lo suficientemente atractiva” para financiar las inversiones que harán falta para cumplir con el PNIEC.

Endesa confía en que la propuesta se suavizará

José Bogas
José Bogas, consejero delegado de Endesa.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, confía en que, como consecuencia del análisis de las observaciones presentadas durante la consulta pública, la CNMC suavice el recorte inicialmente propuesto (de casi un 7%), de modo que tenga un impacto “prácticamente neutral” en la distribuidora.

La eléctrica, filial de la italiana Enel, que controla el 70% de sus acciones, cree que la nueva metodología “tiene tanto factores negativos como positivos”, pues aunque respalda que se base en el WACC, su aplicación debería dar como resultado una tasa un poco más alta que la del 5,8% planteada para las redes de luz. Además, pide que en el cálculo se tenga en cuenta las inversiones en digitalización.

Naturgy sopesa recurrir a los tribunales

Francisco Reynés
Francisco Reynés, presidente de Naturgy.

Naturgy está dispuesta a recurrir a los tribunales si es preciso para frenar un recorte que en seis años podría superar el 30% para la distribución de gas. El presidente de la compañía, Francisco Reynés, ha calificado el cambio de modelo de “abrupto” y ha asegurado que es consecuencia de un “diagnóstico erróneo” del mercado por parte de la CNMC.

Sostiene que la remuneración planteada es insuficiente y desincentivará las inversiones en un negocio regulado que contribuye con el 17% del ebitda del grupo. Por todo ello, pide una valoración justa de la base de activos, un retorno adecuado al riesgo del negocio, un modelo estable y razonable, y un calendario de aplicación de las medidas más amplio.

Enagás califica la reforma de “arbitraria” y “abrupta”

Antonio Llardén
Antonio Llardén, presidente de Enagás.

Enagás es la empresa más afectada por la reforma, ya que sobre su negocio, el transporte de gas, recaería una rebaja del 21,8% que en los próximos seis años reduciría sus ingresos hasta un 40%. El presidente del grupo, Antonio Llardén, ha calificado este recorte de “arbitrario” y ha advertido que “pone en riesgo la estabilidad del sistema energético”.

Ante propuestas que, en su opinión, “están desconectadas de la realidad”, el directivo adelantó que la empresa se reserva el derecho de tomar medidas jurídicas en defensa de sus accionistas. Los más importantes son el Estado, a través de la SEPI (5% ); Bank of América (3,6%), Black­Rock (3,4%), State Street Corporation (3%) y el fondo Retail OEICS Aggregate (1%).

Red Eléctrica aboga por una rebaja gradual

Jordi Sevilla
Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica.

El operador del sistema eléctrico español publicó sus alegaciones el jueves, un día antes de agotarse el plazo. En ellas, pide un esquema de retribución “suficiente” que permita mantener la red y financiar las inversiones que harán falta para llevar adelante la transición energética.

La compañía aboga por una reducción gradual de la tasa de retribución que garantice el suministro y permita cumplir el criterio de prudencia financiera reclamado en su momento por la ministra Teresa Ribera.

Semanas antes, el presidente de la compañía, Jordi Sevilla, llegó a comparar los recortes a las redes con los de sanidad y educación. Los principales accionistas del grupo son la SEPI (20%) y BlackRock (3,1%).

Mielgo alerta de mayores costes y daños financieros

Pedro Mielgo
Pedro Mielgo, presidente de Madrileña Red de Gas.

La reforma no solo afecta a las grandes empresas energéticas, sino también a las medianas y pequeñas. Entre estas últimas, Madrileña Red de Gas, que distribuye gas en 59 municipios de la Comunidad de Madrid, incluyendo cinco distritos de la capital, argumenta que el recorte daña su estructura financiera, eleva los costes de financiación y destruye el valor de su acción.

La empresa presidida por Pedro Mielgo sostiene que la propuesta “quebranta la seguridad regulatoria y jurídica de España” justo cuando se han de atraer fuertes inversiones extranjeras para afrontar la transición energética, y dificultará la sustitución de calderas de carbón y de flotas de vehículos diésel por otros de gas natural.

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