El Gobierno quiere aprobar la nueva retribución de las renovables pese a estar en funciones

La actual tasa de rentabilidad, del 7,4%, caduca el 1 de enero y ha discrepancias sobre su posible prórrga

Parque eólico.

El Ministerio para la Transición Ecológica en funciones tiene preparados tres proyectos de normas energéticas cuya aprobación resulta urgente. El reciente fracaso en la formación de Gobierno ha dado al traste con la tramitación de los citados borradores. Se trata de un real decreto ley que fija  la retribución de las energías renovables para el nuevo periodo regulatorio que entra en vigor el próximo 1 de enero; otro real decreto ley que establece un nuevo sistema  de subastas de capacidad renovable (el Gobierno tiene previsto subastar unos 3.000 MW anuales para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) y, por último, un decreto sobre conexiones y acceso a las redes eléctrica, que le ha granjeado el primer conflicto con la CNMC como legislador.

Respecto a la propuesta de retribución de las energías verdes que, según la Ley del Sector Eléctrico, debe revisarse en 2020 y tendrá una vigencia de seis años, el ministerio no descarta intentar su tramitación recurriendo a la diputación permanente del Congreso de los Diputados. Fuentes jurídicas consideran muy forzada dicha tramitación pues la suma urgencia de la medida (a pesar de que la ley obliga a su revisión) no está  justificada, indican fuentes del sector.

La tasa de retribución financiera de los activos de renovables se fijó en 2013, en el marco de la llamada reforma eléctrica del Gobierno de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años más un diferencial de 300 puntos básico. De esta fórmula se derivó, en parte, el fuerte recorte de los ingresos que sufrieron las plantas de casi 3.000 millones de euros (estas pasaron de recibir una prima por producción a un incentivo por inversión calculado sobre toda la vida regulatoria de las instalaciones, que es de 20 años).

Una medida retroactiva que medio centenar de inversores extranjeros ha sometido a arbitrajes internacionales con un resultado negativo para España: todos los laudos publicados hasta ahora, una decena, la han condenado a pagar indemnizaciones que suman más de 800 millones de euros.       

En el caso de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez,  no logre formar Gobierno y se vea obligado a convocar nuevas elecciones y que, por tanto, se llegue a fin de año sin haber podido aprobar la nueva regulación, en el sector hay dos posiciones: la de quienes consideran que la actual tasa de retribución financiera de las renovables (del 7,4%), se prorrogaría para el siguiente periodo de seis años, y la de aquellos que no lo tienen tan claro y temen que la fórmula de la que se  deriva dicha tasa se revise de forma automática y caiga al 4,5%. 

Según fuentes jurídicas, la interpretación del artículo 14 de la Ley Eléctrica, prescindiendo del desarrollo reglamentario (RD 413/2014), sugiere que se prorroga la tasa completa actual, del 7,4%. Pero según el citado decreto aprobado por el exministro de Energía, Álvaro Nadal, solo se prorrogaría el diferencial (300 puntos básicos), pero se actualizaría la base (rendimiento del bono en los últimos dos años). Dada la caída de dicho rendimiento, la tasa bajaría al 4,5%. Un automatismo que entre las empresas afectadas califican de “estúpido”.

Ventajas

Las renovables tienen a su favor la metodología que la CNMC aprobó en noviembre del año pasado para el cálculo de la nueva tasa de retribución financiera que se basaría ahora  (al igual que en el caso de las redes eléctricas, cuya tasa decide la propia CNMC) en el coste medio ponderado del capital (WACC).

Una fórmula aplicada habitualmente por los reguladores europeos, que, según la CNMC, proporciona mayor estabilidad regulatoria y seguridad jurídica a las empresas. Teniendo en cuenta el WACC, la tasa de retribución bajaría ligeramente, del 7,4% al 7,09%, según los datos proporcionados en su día por la Comisión.

Asimismo, el sector cuenta con el respaldo del propio Gobierno que, en su propuesta de real decreto ley, recoge la metodología del organismo regulador e, incluso, se ha comprometido a mantener la tasa actual del 7,4% para todas las instalaciones anteriores a 2014. Una manera de neutralizar los argumentos de los tribunales arbitrales, que basan parte de sus laudos en la inseguridad jurídica de la regulación española. Esta medida podría aprobarse en cualquier momento a partir del año que viene.

Sin embargo, estos apoyos no parecen tranquilizar a los más pesimistas que preferirían ver aprobada la nueva regulación antes de  fin de año y antes de que unas hipotéticas elecciones  pudieran dar el Gobierno a una coalición de derechas. La experiencia de este sector con el Gobierno del Partido Popular y el ministro Nadal “no fue precisamente feliz”, se lamentan  fuentes empresariales.

 

    

La subasta verde, en el aire

Una de las preocupaciones del Gobierno en funciones es no poder celebrar este año una subasta de capacidad renovable para no perder el carro de la transición energética. Para ello, también necesitaría aprobar una norma con rango de ley (o proyecto de ley o RDL) pues quiere cambiar el actual sistema de adjudicación, que tampoco convence a los inversores.

En el borrador de anteproyecto de Ley de Cambio Climático, que llegó a consulta pública, el Ejecutivo establecía que la adjudicación no se haría por la potencia, como hasta ahora, sino por la energía generada. Esto es, se otorgaría a quienes estuviesen dispuestos a producir al menor precio. Un sistema aplaudido por las empresas.

En este caso no se trata solo de aprobar un RDL, que incluiría este importante matiz, sino una orden ministerial con los detalles de la organización de la subasta y si esta sería tecnológicamente neutra o se subastaría por separado potencia eólica y solar. Portugal acaba de adjudicar 1.400 MW fotovoltaicos.

En cuanto al decreto sobre conexiones a las redes, la urgencia se deriva del conflicto abierto con la CNMC con la que comparte la potestad en esta área. El organismo ha elaborado una circular sobre conexiones que, según el ministerio, invade sus competencias