La mejora del empleo eleva la presión fiscal en España a máximos desde 2007
La recaudación total de impuestos y cotizaciones sube del 35% del PIB mientras que el gasto público se situó en el 41,3%, según los datos de la IGAE
El incremento del número de trabajadores sujetos al pago de IRPF y al abono de cotizaciones sociales provocó el año pasado un incremento de la presión fiscal en España que la sitúa en su nivel máximo desde 2007. En concreto, el total de recursos tributarios –obtenidos del cobro de impuestos por parte de las administraciones públicas españolas y europeas más las cotizaciones ingresadas por la Seguridad Social– arrojaron una recaudación total de 425.394 millones de euros, lo que equivale al 35,21% del PIB. Una cota, recogida en el informe de Avance de la actuación económica y financiera de las administraciones públicas recientemente publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que España llevaba 11 años sin alcanzar.
El incremento supone un avance de 0,74 puntos respecto al 34,47% de presión fiscal registrada en 2017. La cifra deja atrás el 30,6% al que llegó a caer en 2009 tras el estallido de la Gran Recesión, lo que supuso un retroceso del peso de la recaudación tributaria a niveles de 1986. La marca recuperada, en todo caso, aún dista del máximo histórico logrado en 2007, cuando se situó en el 36,7%.
La IGAE explica que la subida de la presión fiscal se produce por la evolución de las distintas fuentes de ingresos. De un lado por el incremento de 0,51 puntos en los impuestos sobre la renta y el patrimonio, que aportan el 10,68% de la presión fiscal, gracias sobre todo al avance en la recaudación de IRPF (7,76% del total). Las cotizaciones sociales, a su vez, crecen 0,15 puntos (al 12,42%), debido al “incremento del número de afiliados a la Seguridad Social”, y al alza del 1,4% y el 3% en las bases máximas y mínimas de cotización, respectivamente. A su vez, los impuestos sobre la producción y las importaciones aportaron 0,14 puntos extra (al 11,96%), gracias a un aumento del 6% en los ingresos del IVA por la mejora del consumo nacional.
La recuperación del empleo en 2018, año en el que se crearon 566.200 puestos de trabajo y el paro se rebajó del 16,55 al 14.45% según la Encuesta de Población Activa (EPA), ha sido determinante en el incremento de la presión fiscal. El aumento de contribuyentes y cotizantes permitió elevar el ingreso de recursos fiscales un 5,80% interanual, lo que supera con creces el crecimiento nominal de la economía, del 3,59%, provocando ese aumento de peso de la recaudación sobre el PIB, ya que aquella crece más que este, matiza la IGAE.
A falta de la confirmación oficial de Eurostat, la Intervención General española tira de los datos de la Comisión Europea para concluir que, pese al aumento de la presión fiscal en 2018, España es aún el décimo país por la cola de toda la Unión Europea en este campo. La media de los 28 estados se sitúa en el 40,3%, llegando al 41,6% en la eurozona. A la cabeza se sitúan Francia (con una presión fiscal del 48,3%), Bélgica (47,3%) y Dinamarca (46%), mientras que las tasas más bajas son las de Irlanda (23,4%), Rumanía (26,9%) y Bulgaria (30,2%).
Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el concepto de presión fiscal aquí manejado equivale a los ingresos tributarios que logra el Estado respecto al conjunto de su economía, no a la carga que sufre cada trabajador. En ese terreno, España es el segundo país europeo por la cola con una presión fiscal sobre el empleo del 21,3% (para un soltero) frente al 28,4% de media de los 23 países europeos de la OCDE.
Los planes fiscales del Gobierno socialista, que aspira a retomarlos tras investir presidente a Pedro Sánchez en las próximas semanas, incluyen elevar la presión fiscal hasta el 37,3% del PIB para 2022. Si su estrategia no cambia, el Ejecutivo espera lograrlo incrementado el gravamen sobre el IRPF y el ahorro de las rentas superiores a 140.000 euros; creando nuevos impuestos sobre negocios digitales y transacciones financieras o fijando un tipo mínimo de gravamen del 15% en Sociedades para evitar que las empresas, sujetas a un tipo nominal del 25%, terminen pagando por debajo de ese umbral.
Sumando el resto de ingresos públicos, España obtuvo 469.538 millones en 2018. Del lado del gasto público, la IGAE recoge un incremento de 21.394 millones en el ejercicio hasta los 499.520 millones, lo que supone un 41,3% del PIB. Como resultado, las cuentas públicas culminaron el año arrojando un déficit de 29.982 millones, equivalente al 2,5% del PIB.
