Los nuevos nichos de negocio de los abogados
La ventaja está en los ‘smart contracts’ o la inteligencia artificial
Programador de smart contracts, asesor de criptomonedas o experto en derechos de autor de objetos impresos en 3D. Quizá suene futurista, pero estas tres son algunas de las nuevas funciones que, antes de lo que se cree, tendrán que asumir los abogados y, por tanto, que surtirán de negocio a los bufetes. Así lo revela el informe Abogacía Futura 2020: áreas de negocio emergente, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y publicado por Wolters Kluwer.
El informe, que ha sido presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en Valladolid, explora el impacto que están teniendo en el sector jurídico los avances científicos más disruptivos. Para ello, identifica seis ejes tecnológicos principales: blockchain, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial (IA), objetos conectados (internet of things) e innovaciones médicas.
En el ámbito del blockchain, el impacto es significativo. Esta tecnología, que se basa en un hilo de información estructurada en bloques enlazados y cifrados unos con otros, aporta un plus de protección, seguridad y privacidad a los procesos y transacciones, convirtiéndose en una atractiva oportunidad de negocio. No obstante, el estudio señala que todavía no existe una certeza sobre adónde se dirige esta tecnología y qué tipo de aplicaciones surgirán de la misma. Lo que sí está claro es que, de sus aplicaciones, hay una que va a generar un profundo impacto en el sector legal: los smart contracts.
Como su propio nombre indica, un contrato inteligente es un registro informático digital entre dos o más partes que facilita el cumplimiento un acuerdo de manera automática. Es el propio sistema el que identifica de forma autónoma si se han cumplido las condiciones acordadas por las partes. No necesita por tanto un tercero que lo verifique, agilizando de manera significativa el proceso.
El uso de este sistema es ya una realidad en sectores como el energético, la banca, telecomunicaciones o seguros. Concretamente, la compañía Fizzy Axa, especializada en seguros de vuelo, ofrece un servicio por el cual el cliente introduce el número de vuelo y la plataforma verifica si se ha producido un retraso de más de dos horas. De ser así, abona el importe de la compensación automáticamente, sin que el pasajero tenga que proceder al engorroso trámite de reclamar.
En este sentido, el informe revela la aparición de nuevas prácticas como asesor o programador de smart contracts, en las que los abogados podrán elaborar plantillas de contratos inteligentes de, por ejemplo, compraventa o de alquiler. Asimismo, los colegios de abogados podrían ofrecer un servicio de certificación por el que se garantice que los contratos son ajustados a derecho, otorgando “sellos de calidad”.
Por otro lado, las criptomonedas, divisas basadas en la metodología blockchain, también ofrecen una oportunidad a las firmas, que podrán asesorar sobre su uso a los clientes. Además, el informe sugiere que, en determinadas circunstancias, los bufetes con clientes internacionales pueden admitir esta moneda para el cobro de sus servicios.
Inteligencia artificial
Por su parte, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene una profunda aplicación en el mundo jurídico. Esta tecnología se está convirtiendo en una herramienta para evaluar situaciones que puede incluso llegar a dictaminar sentencias a través del big data, que analiza la información del proceso y emite conclusiones. Un ejemplo de ello es el algoritmo Compass, desarrollado por la empresa estadounidense Northpointe, que evalúa diversos factores e indica en una escala del 1 al 10 la probabilidad que tiene el procesado de volver a delinquir.
Estas herramientas no solo agilizan los procesos judiciales, sino que, como indica el estudio, influyen cada vez más en las decisiones de los jueces, pudiendo llegar a dictaminar sentencias. Las cuestiones éticas que surgen en este sentido son numerosas, lo que abre todo un campo de actividad a los abogados para garantizar la protección y prestar asesoramiento legal frente al uso de este tipo de algoritmos en los procedimientos judiciales.
En esta línea, el estudio destaca la trascendencia de los chatbots en el mundo jurídico, con una aplicación mucho más directa en los bufetes. Estos sistemas, que elaboran respuestas a las preguntas que les formulan los clientes, pueden convertirse en asistentes de los letrados. Las firmas, por tanto, podrían ofrecer sus servicios fuera del horario de oficina y atender las cuestiones más sencillas y superficiales de los clientes de forma rápida y barata.
Impresión 3D
Otro de los campos abordados en el informe es la impresión 3D. Esta tecnología ofrece múltiples ventajas y está especialmente aceptada en la industria médica, donde ya se usa para fabricar prótesis e implantes a un precio asequible.
No obstante, surge una gran problemática en torno a esta cuestión: la propiedad intelectual de empresas o individuos que diseñan los planos de los objetos. De no proteger la privacidad de los modelos, un tercero podría replicar sus productos, como ocurrió en la industria musical y cinematográfica con las versiones piratas.
Por ello, los despachos podrían incorporar la figura del especialista en derechos de autor de productos imprimibles. Además, en estos casos el productor y el consumidor son la misma persona, quedando en un limbo la responsabilidad civil si algún objeto fabricado con una impresora 3D provocara perjuicios a ese individuo o a un tercero. En este sentido, las firmas pueden integrar en sus plantillas expertos que velen por los derechos de los consumidores.
Objetos conectados
El estudio también prevé un gran impacto en el sector legal a raíz del desarrollo de los objetos conectados (o, por su término inglés, internet of things). Este concepto hace referencia a la interconexión de las cosas con la red. El objetivo es hacer que los dispositivos se comuniquen entre sí y, por consiguiente, sean más inteligentes e independientes. Esto puede aplicarse sobre elementos de casa, complementos de ropa (como es el caso de los smartwatches o las pulseras Fitbit) o en establecimientos, entre otros. Así, Amazon lanzó en Seattle (EE. UU.) su primera tienda sin caja. Sus empleados pueden entrar, coger los productos que deseen y salir sin necesidad de sacar la tarjeta de crédito porque el sistema les monitoriza e identifica los productos escogidos, cobrándolos automáticamente de la cuenta del empleado.
Estos aspectos tocan de lleno el campo de la privacidad. Los juristas, por tanto, deberán especializarse para asesorar a las empresas sobre cómo proteger los datos recabados y cuáles son los límites de intromisión a la esfera personal de sus clientes, así como sobre la responsabilidad civil derivada de fallos en el sistema.
Realidad virtual
Bajo el paraguas de estos conceptos se engloban aquellas experiencias basadas en una proyección total o parcial de imágenes digitales creadas a partir de un software. Las aplicaciones son numerosas: desde el campo de la medicina hasta el comercio y la industria. De hecho, Ikea permite a sus usuarios desde un dispositivo móvil hacerse una idea de cómo quedarían los productos elegidos en la habitación.
En este sentido, los abogados podrán prestar asesoramiento a clientes para garantizar su privacidad, protegerlos frente a comportamientos abusivos e identificar la responsabilidad en caso de daños y perjuicios.
Innovaciones médicas
El campo de la medicina es una mina de oro para las innovaciones tecnológicas y, en consecuencia, para el sector legal. Algunas de las más significativas son las orientadas al diagnóstico y al tratamiento, entre otras. Así, HM Hospitales y Medtronic han lanzado en España un servicio de monitorización en el domicilio para los pacientes con dispositivos cardiacos que tiene implantado un programa de detección precoz y prevención de posibles anomalías.
Por otro lado, el informe destaca que ya se están comenzando a hacer trasplantes de órganos artificiales (de forma experimental y sobre animales) creados a partir de impresión 3D. Los bufetes, por tanto, deberán formar a sus abogados para aconsejen en caso de errores médicos derivados de diagnósticos y tratamientos automatizados y asesoren sobre privacidad y protección de datos con relación al derecho de “autodeterminación informativa”.