Sánchez encara la legislatura con 18 directivas pendientes y la amenaza de cuatro multas

España tarda de media 12 meses más que el resto de países de la UE en adaptar su normativa y sufre siete de cada 10 penalizaciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas.Getty Images

Los españoles están llamadas a las urnas el próximo 26 de mayo, no solo para votar a sus representantes locales y autonómicos, sino también para determinar quiénes velarán por sus intereses en el Parlamento Europeo. Más allá de tomar posiciones en la configuración del proyecto común, su decisión terminará pesando con fuerza en la legislación española. La trasposición de directivas comunitarias ha marcado buena parte de la regulación patria de los últimos años y promete ser crucial también en la próxima legislatura. Como punto de partida, el nuevo Gobierno que tratará de formar Pedro Sánchez tras ganar las elecciones generales deberá trasponer 18 directivas pendientes y lidiar con la amenaza de cuatro multas europeas por los retrasos ya acumulados.

Las normas comunitarias pendientes de ser aplicadas en España son un conjunto de directivas, aprobadas entre 2015 y 2018, que regulan campos tan cruciales como los fondos de pensiones de empleo; la seguridad ferroviaria; la resolución de litigios fiscales en la UE; el transporte terrestre de mercancías peligrosas; la lucha penal contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión; el riesgo medioambiental de los organismos modificados genéticamente; el convenio sobre el trabajo en la pesca de la OIT; la seguridad de los juguetes o la armonización y la simplificación del IVA en los intercambios entre los Estados miembros, entre otros asuntos.

Teóricamente, el futuro Ejecutivo tendrá hasta finales de año para trasponerlas todas, según el calendario que maneja el grupo mixto, si bien el Parlamento español no es precisamente el más riguroso en el cumplimiento de los plazos comunitarios. Más bien lo contrario, según el documento La trascendencia de las cuestiones europeas para los ciudadanos y las empresas españolas, publicado la pasada semana por el Consejo General de Economistas. “España tarda de media 12 meses más que el resto de los países miembros en trasladar las normas europeas al ordenamiento jurídico nacional”, lo que ha llevado al país a concentrar “el 70% de las sanciones por estos retrasos”, revela el informe.

“En España se tarda demasiado en transponer las directivas europeas, nuestra lista de temas pendientes es muy extensa porque no se cumplen las fechas”, denuncian desde el Consejo General de Economistas, advirtiendo de que esta demora generalizada “no sólo es negativa por las multas que la UE puede terminar imponiendo a España, sino también por todos esos periodos de inseguridad jurídica que se generan de manera artificial y que deberían evitarse para que las empresas y los inversores no sufran ningún tipo de incertidumbre”.

Actualmente España se juega cuatro sanciones de este tipo. La más célebre se debe al retraso del país en adoptar la directiva de 2014 de protección de los consumidores de crédito inmobiliario, la reforma hipotecaria que el Parlamento aprobó el pasado febrero con tres años de retraso sobre la fecha límite establecida por Bruselas. Como consecuencia, la Comisión Europea denunció al país ante el Tribunal de Justicia de la UE, que decidirá en las próximas semanas si aplica una multa coercitiva de 105.991,6 euros a España por cada día de demora. La ministra de Economía, Nadia Calviño, anunció que pedirá clemencia a Bruselas tras aprobar in extremis en las últimas semanas el desarrollo reglamentario que termina de trasladar la directiva europea al ordenamiento español.

A falta de ver si la Comisión retira su demanda o el calado de la multa que impone el TJUE, España se juega otras tres sanciones por el incumplimiento de otras tantas directivas de 2014. El Estado podría tener que pagar 123.928 euros diarios por el retraso en regular la contratación de operadores de agua, energía, transportes y servicios postales; 61.964 euros por jornada de demora al no aplicar la directiva de adjudicación de contratos de concesión; y 48.919 euros diarios por tardar tres años en desarrollar la regulación de comisiones por cuentas de pago. En total, hasta 340.000 euros diarios por demorar la aplicación de normas de 2014.

Podría ser peor. De las 54 directivas traspuestas al Derecho español en 2018, 21 se encontraban ya fuera de plazo. El impulso legislativo en este sentido, acelerado por el Gabinete de Sánchez, ha supuesto que 12 de los 28 reales decretos leyes del pasado ejercicio, un 43% del total, estuvieran relacionados con la trasposición de directivas. Cifra que ha subido al 70% en la decena de decretos aprobados en lo que va de año.

Crecen los lobbies en Bruselas y las causas ante el TJUE

Elecciones y grupos de presión. Pese a su relevancia sobre la legislación patria, los españoles tienen un interés moderado y decreciente en la política europea. La participación en los comicios comunitarios ha caído en España del 63% de 1999 al 44% en 2014. La cifra supera la media europea del 42%, y está en línea con las cifras de vecinos como Francia y Alemania, pero lejos del 57% de Italia. El interés de las empresas y grupos de presión, sin embargo, ha ido en aumento, según los datos recopilados por el Consejo General de Economistas. Hoy hay ya 739 lobbies españoles registrados ante la UE, de los que la mitad son empresas, lo que sitúa al país cerca de los 806 que tienen tanto Francia como Italia, aunque a distancia de los 1.102 de Alemania o los 1.119 de Reino Unido.

 

Tribunales. La justicia europea, a su vez, ha cobrado una enorme relevancia para los españoles, que solo en 2018 elevaron 1.683 causas ante el Tribunal de Justicia de la UE. Un auge especialmente impulsado por el consumidor financiero. España acapara el 43% de todos los asuntos hipotecarios que analiza la Corte de Luxemburgo, cuyos fallos sobre cláusulas suelo, intereses de demora o desahucios han marcado la nueva ley del crédito.