España acelera la reforma hipotecaria para evitar la multa tras sortear la de Mifid 2
Bruselas retiró su denuncia por el retraso en la ley financiera tras los últimos decretos El Parlamento tratará de impulsar su aprobación antes de final de año
El Gobierno ha conseguido el apoyo del Parlamento para acelerar la tramitación de la reforma hipotecaria a fin de tratar de evitar la multa comunitaria que amenaza a España por acumular más de dos años y medio de retraso en la trasposición de la directiva europea de protección del cliente bancario que incluye la norma.
Fuentes parlamentarias asumen que tras el consenso logrado en torno al reparto de gastos hipotecarios, y a falta de cerrar el importante fleco de las condiciones de desahucio, el próximo martes, la norma se remitirá ya al Pleno y luego al Senado para su aprobación antes de fin de año. El objetivo es convencer a Bruselas para que retire su denuncia como acaba de ocurrir con la del retraso en el cumplimiento de la normativa Mifid 2.
En concreto, la Comisión Europea ha decidido dejar en suspenso el recurso contra España que presentó ante el Tribunal de Justicia de la UE en julio, denunciando que el país acumulaba más de medio año de retraso en la adopción de la nueva norma sobre los mercados de instrumentos financieros. Bruselas decidió dar este margen a España al comprobar que el Real Decreto-ley del pasado 1 de octubre traspuso la mayoría de puntos pendientes y tras recibir el compromiso del Gobierno de que adaptará el resto este mismo mes. El proceso se reactivará si no cumple.
La decisión, comunicada oficialmente la pasada semana, dio esperanzas al Ejecutivo español en su objetivo de evitar la multa de 100.000 euros diarios que pende sobre el país por cada día que pasa sin haber adaptado la legislación española en materia hipotecaria desde que cumplió el plazo que se le dio, a finales de marzo de 2016.
Flecos clave
El punto más polémico que queda por pactar de la reforma hipotecaria es la cláusula de vencimiento anticipado, que fija cuándo puede el banco ejecutar el crédito e iniciar un desahucio. La ley actual permite hacerlo tras tres impagos, pero los jueces lo rechazan y exigen que la deuda sea sustancial. El PP ve ese umbral en nueve cuotas impagadas, o el 2% del crédito, en la primera mitad del préstamo, y 12 meses, o el 4%, después. El PSOE propuso un 5% y un 10%, respectivamente. También está por acordar el interés de demora y aclarar si la ley recoge el papel de la nueva oficina de defensa del consumidor financiero que, según avanzó esta semana la ministra de Economía, emitirá dictámenes vinculantes para la banca frente a las meras recomendaciones que hace hoy el Banco de España.
Un retraso que actualmente podría costar ya 96 millones de euros a España. El Gobierno instó entonces al Parlamento a acelerar la reforma hipotecaria que lleva un año tramitando a fin de subsanar la situación. El equipo de Pedro Sánchez confía en que la Comisión Europea retirará la denuncia que presentó ante la Corte de Luxemburgo en septiembre de 2017 si España adapta su regulación antes de un fallo condenatorio.
La idea es que la nueva norma entre en vigor lo antes posible. El resto de partidos aceptó. “Urge a todos dar seguridad jurídica en el campo hipotecario. No solo por loa multa, todos los sectores quieren unas reglas claras”, resume el diputado Francisco de la Torre, de Ciudadanos.
Tras un amplio acuerdo para que la banca corra con todos los gastos hipotecarios menos el de tasación, la comisión tratará de acordar el próximo martes el nivel de impagos que permite iniciar un desahucio. Un último debate controvertido (ver despiece) tras el que la norma irá al Pleno, previsiblemente a inicios de diciembre por mediar algunas sesiones inhábiles, y de ahí al Senado, donde se espera que en unos 20 días se apruebe sin cambios para su entrada en vigor este mismo año o, si no es posible, a primeros de 2019.
