28A, todos se olvidan del transporte público
Los partidos no han prestado atención a un tema que afecta a 20 millones de españoles
A quién le importa lo que el transporte público diga?, ¿a quién le importa lo que el transporte público haga?... Podría tararear, como si de Alaska y Dinarama se tratara, cualquiera de las personas que a diario se suben a un autobús urbano, a un vagón del metro o del cercanías.
Los candidatos que concurren a las elecciones generales se han desgañitado para defender unos programas electorales que, sin duda, discriminan al transporte público, pasando por alto que representa un servicio de primera necesidad sobre el que cimentar el Estado del Bienestar.
Más allá de que en los debates no se haya dedicado a la mejora del sistema ni una sola palabra, las principales fuerzas parlamentarias han vuelto a menospreciar la importancia que tiene el transporte público para el desarrollo económico de España y para solventar el gran problema de contaminación.
Mejorar el sistema de transporte público pasa también por articular una financiación adecuada en torno a él en un país que representa una excepción en Europa, al ser el único que no cuenta con una norma en este sentido. Curiosamente, sólo Ciudadanos ha prometido elaborar una Ley de Financiación del Transporte Público Urbano Colectivo, compromiso adquirido por unanimidad -salvo el voto de PNV- en el Congreso a finales de septiembre, cuando se aprobó una Proposición No de Ley (PNL) que exigía al Ministerio de Fomento tener listo este texto legal en el plazo de seis meses.
El partido de Albert Rivera también propone un Pacto de Estado por los Transportes y la Movilidad Sostenible, que podría constituir el primer paso para desarrollar un Plan Nacional de Movilidad Urbana que siente las bases de la movilidad sostenible en las ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el que exclusivamente se aborda en la actualidad y elevándolo a cuestión de Estado.
La importancia que merece el transporte público y la movilidad parece quedar para el PSOE en la creación de una cartera específica. Así, en su programa, el Ministerio de Fomento pasará a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que esperemos recoja un cambio de 180 grados en pro de un cambio modal para reducir el número de vehículos privados en circulación y aumentar el uso del transporte público. En este sentido, desde la patronal venimos abogando por la creación de un Ministerio para coordinar todos los sistemas de movilidad y garantizar la complementariedad entre unas fórmulas y otras.
El PP también promueve la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones. Una transición necesaria que, sin embargo, debe ser progresiva para no comprometer las cuentas de los operadores, ya que se trata de una medida significativamente costosa que, sin el respaldo de una Ley de Financiación que dé previsibilidad al sistema, podría terminar traduciéndose en un encarecimiento del precio de los billetes. En este contexto, la reconversión de las flotas ha de ser tecnológicamente neutral.
Los populares también se han comprometido a confeccionar programas de transporte público amoldados a las necesidades de cada territorio, como el transporte a demanda, lo que cohesionaría los territorios y evitaría la muerte de tantos y tantos pueblos que actualmente se encuentran prácticamente deslocalizados. En el programa de Unidas Podemos sí se resalta el papel descontaminador del transporte público. Y en esa guerra declarada contra el cambio climático, el Gobierno que salga de las urnas y de los posteriores pactos tendrá en sus manos la oportunidad de mejorar la Ley de Cambio Climático, aprobada junto al Plan nacional de energía y clima 2021-2030 (PNIEC) y la Estrategia de transición justa, dando más cancha al transporte público.
Máxime teniendo en cuenta que la ley insta a elaborar una Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada, que deberá basarse en el fomento del transporte público, ahora dejado de lado. Por ello, modificamos nuestros estatutos para integrar y coordinar todas las nuevas fórmulas de movilidad, como el carsharing y las bicicletas.
Y es que reforzar esta intermodalidad y conexión entre los distintos sistemas de movilidad es más necesario que nunca, puesto que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar antes de 2023 con zonas de bajas emisiones.
En breve se abrirá un proceso de debate, que brindará al futuro Ejecutivo la oportunidad de completar la Ley, detallando con medidas concretas cómo se materializará esa estrategia. La formación morada promete mejorar la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, siendo ésta la principal causa por la que muchos conductores de vehículos privados aún no utilizan los autobuses, metros o trenes de cercanías.
De forma paralela, recoge la creación de una tarjeta única de transporte, lo que aumentaría el uso del sistema en la medida que evitaría colas y esperas innecesarias. También propone el acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, pero en realidad nada es gratis, dado que toda financiación que no esté respaldada por unas tarifas tiene que ser asumida por los ciudadanos, usen o no el sistema.
Al mismo tiempo, promete reformar el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público. Una medida que también podría extenderse al impuesto de Sociedades, estableciendo deducciones para las empresas que fomenten la movilidad de sus trabajadores en transporte público.
En definitiva, lo que el transporte público diga y, sobre todo, haga; importa actualmente a los 20 millones de personas que viven en las ciudades, que no han podido ver en los programas electorales medidas concretas y de calado para mejorar la calidad de sus desplazamientos diarios. Dicho lo cual, “yes, we move”.
Jesús Herrero es Secretario general de ATUC