Los empleados hacen sostenible el ahorro para la jubilación
Las comisiones de control asumen los principios de la ONU El 72% de los planes de empleo incluye criterios éticos
Mientras que en los fondos la inversión socialmente responsable (ISR) se va introduciendo con moderación y en los planes individuales su presencia es casi testimonial, en los vehículos de jubilación colectivos estos criterios son cada vez más comunes. El 72% de los planes de empleo incluyen criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), lo que representa un patrimonio de 28.000 millones de euros, según Spainsif.
El fondo de pensiones de empleados de Telefónica España, por ejemplo, firmó los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de Naciones Unidas, cuya misión es crear un sistema financiero global sostenible, en marzo de 2018, y Fonditel, gestora de los planes de pensiones de la compañía y asimismo de otros productos de inversión accesible para cualquier cliente, mostraba ya en 2017 su compromiso “de invertir nuestros fondos de una manera sostenible y responsable”. Es más, aseguran que “no es una moda pasajera, sino una filosofía ya puesta en práctica que, además, crecerá progresivamente en cartera”.
Efectivamente, la ISR es una preocupación que está a la orden del día en las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo, y que ha logrado introducir cambios significativos en la gestión. Por ejemplo, que tradicionalmente la inversión responsable se limitaba a excluir de las carteras compañías o sectores –habitualmente alcohol, tabaco, juego y armamento–, mientras que poco a poco la tendencia ha virado hacia carteras con compañías con elevados estándares ASG.
Incluso, los “fondos más innovadores del mercado están incorporando criterios de ISR dentro de sus propios procesos de inversión”, resaltan desde Willis Towers Watson, poniendo como ejemplo uno de los vehículos que asesoran, el Fondo de Pensiones de Empleados de CaixaBank, PC30, donde se “entienden los criterios de sostenibilidad ASG como el pilar básico sobre el que definen su misión, objetivos y creencias de inversión”.
En definitiva, y según augura David Cienfuegos, responsable del negocio de inversiones en España para Willis Towers Watson, esto va a ser una tendencia en nuestro país. “Conceptualmente, un proceso de inversión que tenga en cuenta aspectos no financieros se expondrá a un menor riesgo que otro en el que estas cuestiones sean ignoradas. El resultado final en el corto plazo no lo vas a apreciar ni a uno ni a tres ni a cinco años, pero cuando analices plazos más largos sentirás sus efectos. El inversor puede hacer dos cosas: subirse ahora o dejar pasar el tren. Cuanto más pronto lo hagas, más te beneficiarás, porque los mercados todavía no están poniendo en precio el efecto de la sostenibilidad. Si entras cuando ese efecto ya esté recogido en precio, te perderás la rentabilidad al haberse convertido en un hecho”.
Las cifras
29,42% sobre el total de fondos de pensiones de empleo con más del 90% de los activos gestionados según criterios ISR.
1.200 millones de euros en planes individuales ambientales, sociales y de buen gobierno en España.
Otra prueba de ese interés es la proactividad de las principales consultoras en inversiones. Mercer, por ejemplo, empezó en 2009 a asesorar a sus clientes en relación al cambio climático, “entendiéndolo como un riesgo sistémico para los inversores”, y lleva años publicando el informe Invertir en tiempos de cambio climático - Los efectos, que permite evaluar el riesgo financiero y climático para toda la cartera, abarcando todas las clases de activos y diversos sectores, para cuantificar el impacto del clima sobre el retorno en el largo plazo.
“Los inversores deben tener en cuenta el cambio climático en todas las etapas del proceso de inversión, desde las creencias, las políticas y los procesos de inversión hasta las decisiones de construcción de carteras”, comenta Cristina San Juan, socia de Mercer Investments.
El papel de los sindicatos
CC OO, por su parte, creó el grupo confederal de firmantes de la iniciativa Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, con el objetivo, entre otros, de diseñar estrategias y políticas de inversión socialmente responsable, y en el que participan representantes de los empleados de Telefónica, Repsol, La Caixa o BBVA. Esta fuente calcula que los signatarios PRI suponen el 35,68% del volumen del sistema de fondos de pensiones de empleo. Si hablamos de mutualidades de previsión social (MPS), la cifra alcanza el 18,64%, mientras que es del 16% en las EPSV de empleo, instrumentos exclusivos de jubilación en el País Vasco.
El sindicato cree que el trabajo en los próximos años se ha de centrar en ampliar la base de fondos de pensiones que consideran los criterios ISR y “en mejorar la calidad de la implementación de estas políticas en aquellos fondos que ya las están llevando a cabo”. De hecho, en breve presentarán un estudio sobre la calidad de la ISR en las mayores entidades gestoras de fondos de pensiones en España.
Taxonomía
En el radar de todos los implicados está actualmente la futura normativa de finanzas sostenibles de la Comisión Europea que va a proporcionar una clasificación o taxonomía común, lo que permitirá hablar un mismo lenguaje a todos los países. Se trata de la elaboración de un diccionario o unas pautas sobre lo que está dentro o no de este tipo de inversiones, y en el que tienen que trabajar tanto el Parlamento Europeo como la CE. Esta ha creado un Grupo Técnico de Expertos en Finanzas Sostenibles que presentará sus conclusiones a partir de junio de este año, entre las que estará un primer listado de actividades económicas centradas en la mitigación y adaptación al cambio climático.
