Los peritos del BdE dicen que Popular era viable en la ampliación de 2016, pero ocultó pérdidas
Matizan que las cuentas reflejadas en el folleto "no respetaban determinados aspectos de la normativa", y achazan su caída a la salida de 16.000 millones de euros de depósitos
Los peritos cedidos por el Banco de España a la causa que investiga a los antiguos gestores de Banco Popular mantienen que durante la presidencia de Ángel Ron las cuentas “no respetaban” ciertos aspectos de la normativa, e incluían tasaciones realizadas por empresas no registradas en el regulador. Pese a ello, descartan que la entidad fuera inviable en la ampliación de capital de 2016. Aunque las cuentas reflejadas en el folleto de esta ampliación “no respetaban determinados aspectos de la normativa contable, en especial la clasificación de las operaciones refinanciadas de dudosos”.
Aunque también es cierto que el documento conocido ayer admite que la contabilidad del banco, pese a no respetar las normas del Banco de España, sí podían considerarse legales conforme a la norma internacional, según explican los expertos. “No es claro mantener que una entidad incumple la normativa contable si, en su información consolidada pública, no siguiese la normativa del Banco de España pero siguiese un criterio permitido por las NIIF”, argumentan los peritos.
Estas son algunas de las principales conclusiones a las que han llegado los dos expertos del Banco de España en un informe de 439 páginas en el que describen lo que fue el último periodo de Banco Popular. Este documento puede ser clave en el caso Popular.
En su escrito, que obra ya en poder del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, los expertos Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández insisten en que no puede decirse que Popular “fuese inviable” pues “a diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones”. Hay que recordar que Ron está imputado en la causa por su gestión, principalmente por la ampliación de capital de mayo de 2016 en la que la entidad captó 2.505 millones de euros entre pequeños y grandes inversores. Con esta ampliación pretendía mejorar la rentabilidad y los niveles de solvencia y calidad de activos del banco.
El documento de los peritos concluye que “con independencia de otros posibles déficits de provisiones, el importe de la ampliación hubiera debido ser mayor para alcanzar sus objetivos anunciados para diciembre de 2016”. En cambio, “los objetivos anunciados para 2018 eran alcanzables mediante operaciones de desinversión que el consejo aprobó posteriormente”.
No obstante, “la ampliación de capital era pequeña en comparación con las necesidades de capital establecidas por el BCE, por lo que no había mucho margen para desviaciones como las decisiones que se tomaron de comprar o financiar acciones propias o la evolución de las minusvalías por valoración de la deuda pública o las producidas a consecuencia de las minusvalías de auditoría interna que se comunicaran en el hecho relevante de 3 de abril de 2017 o la interpretación de la normativa de solvencia relativa a la financiación para la promoción inmobiliaria que el BCE comunicó durante el primer trimestre de 2017”.
Tras la ampliación de capital, la entidad anunció un nuevo plan estratégico que preveía la desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos brutos en dos años, hasta 2018. En opinión de ambos peritos, “algunas de las hipótesis” contenidas en el folleto de la ampliación “eran demasiado optimistas”, especialmente las relacionadas con la evolución de la cartera de dudosos, lo que “invalidaba las previsiones de cobertura, pérdidas y solvencia” del documento.
De este modo, cuestionan que las cuentas de 2015 “no respetaban determinados aspectos del marco contable” del Banco de España como se demostró más tarde, cuando la “corrección parcial de algunos de ellos causó las pérdidas a diciembre de 2016”.
Pese a todo, y aunque los peritos aseguran que Popular era “solvente”, la financiación de liquidez necesaria para su operativa no era suficiente para establecer la confianza en el banco entonces, puesto que era necesario resolver el cumplimiento de los requerimientos con recursos propios, explican. Ante ello, el informe recalca que la resolución de la entidad se debió a un problema de depósitos que se concentran en tres momentos puntuales, siendo el que se origina el 31 de mayo de “especial gravedad”. Salieron en este proceso unos 16.000 millones de euros de depósitos.
El informe también recoge que en los días 11 y 31 de mayo las cotizaciones del banco presentaban una inflexión negativa. Además, el día 23 se produjo un impacto en depósitos, pero no en su cotización.
“En este caso, ese día, la presidenta de la JUR manifestó estar siguiendo el banco durante una entrevista en Bloomberg”, señalan los dos peritos. A ello se suma que las salidas de depósitos de los tres primeros días de junio sumaron 5.742 millones de euros. Los inspectores creen que contribuyó también a la caída de sus títulos que el 6 de junio, día de la resolución, la agencia de rating DRBS rebajó la única calificación que el banco tenía aún por encima del grado de inversión, lo que perjudicaría a los depositantes mayoristas.
Los peritos apuntan incluso que en 2014 sus gestores debían haber admitido su verdadera situación con graves pérdidas, aunque “es posible que hubiese precisado ayudas públicas para cumplir los requerimientos de solvencia”. De hecho, el Estado dio al banco la posibilidad de trasladar activos inmobiliarios a Sareb. Pese a todo sus gestores prolongaron hasta junio de 2017 su declive porque no querían que el Estado entrara en su capital.
Capital público
Dos piezas. El juez instructor ha dividido en dos piezas la investigación del caso Banco Popular. En una están imputadas 34 personas, entre ellas los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, el exconsejero Antonio del Valle y la firma auditora PwC. Una de las piezas se refiere a la etapa de Ron al frente del banco, en la que tratará de aclarar si en esa época los gestores de la entidad falsearon sus cuentas y, por tanto, cometieron delitos de falsedad societaria y administración desleal en la ampliación de 2016. La CNMV también ha abierto un expediente contra Ron y otros exdirectivos por este motivo que ya ha sido rebatido por el expresidente del banco, que dejó su cargo el 20 de febrero de 2017. En la segunda pieza, centrada en la etapa de Emilio Saracho (fue nombrado en febrero y salió en junio, tras la resolución de la entidad), a partir de abril de 2017, el juez pretenderá determinar si hubo una campaña de desprestigio contra Popular para que su valor se desplomara.Inversiones. La caída de Popular se llevó por delante las inversiones de más de 300.000 accionistas y bonistas, ya que tras la resolución de la JUR (Junta Única de Resolución) los títulos de Popular se anularon y pasaron a valor cero.
Capital público. Luis Linde, exgobernador del Banco de España, dijo en el Congreso en abril de 2018 que “quizá fue una mala decisión” no inyectar capital público en 2012, fecha en la que rescataron las cajas de ahorros. Los inspectores consideran que debía haber sido así.