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La fiscalidad puede hacer más por el medio ambiente

La recaudación de este gravamen es muy baja La potestad para crear tributos limpios es de las autonomías y hay multitud

Getty Images
Marta Yoldi

La fiscalidad al servicio de la transición energética se utiliza cada vez más en numerosos países. Sin embargo, en España no se ha tomado ninguna medida en este campo en estos años. En el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que estudió el último Consejo de Ministros solo se establece la realización de un informe sobre “el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil” para identificar las ayudas tributarias que reciben a fin de revisarlas.

Y la proyectada subida del gravamen sobre el diésel ha quedado para mejor ocasión tras el rechazo al proyecto de Ley de Presupuestos para 2019. En el Ministerio de Hacienda confirman que esta medida no se va a retomar vía real decreto ley y que tendrá que esperar a la próxima legislatura.

El panorama fiscal referido al medio ambiente permanece, por tanto, como hace más de un lustro, confuso y pobre en cuanto a ingresos. La potestad de crear impuestos sobre el uso de los recursos naturales y los impactos de actividades económicas corresponde a las comunidades autónomas.

Estas han ido aprobando gravámenes y cánones sobre diversas materias, como la emisión de gases a la atmósfera, los depósitos de residuos, el saneamiento de aguas, los combustibles derivados del petróleo, el transporte de energía eléctrica o, incluso, el impacto visual de las torres de alta tensión o de las antenas, como en La Rioja. 

La rebaja del impuesto a la energía eléctrica ayudará a reducir la factura de la luz Ángel jiménez, analista de Moody’s

Dado que lo medioambiental está mejor visto, para la aprobación de un impuesto polémico en Cataluña, como el de las grandes superficies comerciales, se argumentó que en realidad se gravaba el uso de los inmensos aparcamientos de estas. A pesar de la variedad de materias gravadas, la recaudación de estos tributos es de un 2% sobre el total de la fiscalidad autonómica y el 78,8% de la misma proviene de los impuestos y cánones –fijados para el uso y aprovechamiento de recursos públicos– sobre el agua.

“Se gravan materias concretas y hay pocos contribuyentes”, explica Luis del Amo, miembro del Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas. Aunque lo peor para este experto es que, “al tratarse de impuestos propios de las autonomías, que ellas han creado cuando y como lo han considerado conveniente, no hay una normativa básica estatal como sí ocurre con los impuestos cedidos –patrimonio o sucesiones–. Esto convierte a la fiscalidad medioambiental española en algo muy variopinto”.

Estatales

En plena crisis, en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decide crear nuevos impuestos y nacen cinco directamente relacionados con el medio ambiente: sobre la producción de energía eléctrica; sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos; sobre el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos; sobre gases fluorados, y sobre gases fluorados de efecto invernadero.

El primero de ellos ha sufrido una rebaja temporal “que ayudará a reducir la factura de la luz de los consumidores y que no afectará a la calidad crediticia de las titulizaciones del déficit de tarifa en el largo plazo”, según Ángel Jiménez, analista de Moody’s. La recuperación de este impuesto ha quedado en suspenso con la convocatoria de elecciones.

No hay una normativa básica estatal que regule estos impuestos Luis del Amo, fiscalista del Consejo de Economistas

La recaudación de estos impuestos medioambientales fue de 1.688 millones de euros entre enero y noviembre de 2018, último periodo cerrado por la Agencia Tributaria, poco si se compara con los ingresos de otros tributos directos.

El motivo para Hacienda es la rebaja del impuesto a la energía eléctrica, el más productivo. Estos tributos tampoco han supuesto una gran ventaja económica para las arcas estatales. “Al crear tributos que gravan lo mismo que la mayoría de las autonomías, estas ya no pueden aplicar los suyos y el Estado tiene que compensarlas”, dice Del Amo.

Las cifras

1.688 millones de euros recaudó el Estado de enero a noviembre de 2018 por impuestos limpios.

2% es el porcentaje que estos tributos suponen sobre la recaudación total de las autonomías.

En términos de recaudación medioambiental, España se encuentra muy por debajo de la media europea. Solo un país grande como Alemania ingresa menos, ya que allí este tipo de fiscalidad está muy discutida. Los impuestos como instrumento hacia la transición energética aún tienen mucho recorrido.

Hay fiscalistas que también consideran a algunos impuestos tradicionales como medioambientales, por ejemplo, el de hidrocarburos o el de circulación que los ayuntamientos cobran a los propietarios de coches.

Datos relevantes

• El Gobierno tenía que tomar una decisión sobre la recuperación del impuesto de energía eléctrica en marzo próximo, pero la medida ha quedado en suspenso debido a la convocatoria a elecciones.

• Casi todas las autonomías gravan con tributos el tratamiento de residuos y el saneamiento de aguas.

• Existe un canon estatal de aguas que tiene una recaudación ínfima y, además, decreciente.

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