La eólica y la solar esperan un punto de inflexión pese a la incógnita política
Confían en que el próximo Gobierno respete el plan enviado a Bruselas El sector ve viable los objetivos, pero pide planificación a largo plazo
Al igual que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático, el paquete de medidas verdes con el que España pretende cumplir el Acuerdo de París quedará en buenas intenciones si el próximo Gobierno decide no respaldarlo. Pese a esta incógnita, las empresas de energías renovables esperan que la presión ejercida por la UE ayude a sacar ambas iniciativas adelante.
“Los objetivos marcados por la UE se mantienen con independencia de las próximas elecciones. Por ello, es muy importante establecer una hoja de ruta y no perder tiempo”, comenta Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
“El compromiso político asumido con la UE es claro y firme, por lo que no sería comprensible que un cambio de Gobierno alterara dicho acuerdo”, coincide José Vicente Espino, director comercial de la ingeniería Enerdós.
“Estamos en un momento sin precedentes, que va a marcar un punto de inflexión para el sector. Los objetivos de descarbonización de la UE son muy agresivos y España los está recogiendo”, señaló José González, director de promoción de renovables de Iberdrola, durante un foro organizado por Unef, la Unión Española Fotovoltaica, el mismo día que se presentó el plan.
José Miguel Villarig, presidente de APPA, la asociación más grande del sector, recuerda que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nombre oficial del paquete de medidas, tendría que haber sido presentado a Bruselas antes de final de 2018, por lo que el Gobierno estaba obligado a presentar una parte.
En cuanto al resto de propuestas, admite que quizá este no sea el mejor momento para presentarlas, sin embargo, mantiene que es necesario legislar algunas medidas, como la fijación de una tasa de rentabilidad razonable, antes de que termine el año. Si, tal y como vaticinan las encuestas, el resultado de las elecciones de abril será un Congreso fragmentado que retrasará la constitución de Gobierno, "es mejor que se hayan presentado las medidas, de forma que se puedan aprobar o debatir, en lugar de esperar al mejor momento, que puede tardar meses en llegar".
APPA estima que los 4.000 MW que se pretenden subastar de aquí a 2030 bastarán si se complementan con proyectos PPA
"Acostumbrados como estamos a la falta de planificación del pasado, el que se hayan presentado en este momento no afecta negativamente al sector. Todos los partidos políticos son conscientes de que las renovables son necesarias por la competitividad alcanzada, por los compromisos internacionales y por nuestro altísimo grado de dependencia de las importaciones energéticas: el déficit por la importación de hidrocarburos supone el 85% del déficit de la balanza comercial española", recuerda.
Capacidad industrial
Junto con la incógnita política, otro elemento clave dentro de esta ecuación será la capacidad de las compañías para alcanzar las metas fijadas por España a 2030, más ambiciosas que las propuestas por Bruselas. Según el plan, ese año la penetración de las renovables en el consumo final de energía será del 42% frente al 32% exigido por la UE.
Para conseguirlo, el Gobierno cerrará centrales de carbón y nuclear cuya producción será compensada por fuentes renovables como eólica y fotovoltaica, de las que hasta ese año prevé que se hayan instalado 50.258 MW y 36.882 MW, respectivamente. La potencia instalada a 2017 es de 22.900 MW de viento y 4.400 MW de sol (paneles, no incluye térmica, de las que hay 2.300), según las últimas cifras de REE.
Las cifras
42% del consumo final de energía deberá proceder de fuentes renovables en 2030, según el plan propuesto por el Gobierno.
50.258 MW de eólica deberán instalarse hasta ese año para cumplir el objetivo. A la fecha hay 22.900.
36.882 MW deberá de ser el aporte de la solar fotovoltaica, de la que actualmente se disponen 4.400.
Villarig, de APPA, cree que una década es un tiempo más que suficiente para lograrlo, siempre que haya un esfuerzo común a nivel político, empresarial y social. “Las subastas de 2016 y 2017 nos pusieron en marcha, pero tenemos que gestionar lo que va a suceder más allá del 1 de enero de 2020. Necesitamos una planificación a medio y largo plazo”, sostiene.
Entre 2016 y 2017 España adjudicó un total de 8.700 MW que deberán estar operativos a finales de 2019. Rafael González, director general de renovables de Endesa, una de las empresas ganadoras, cree que entregar esas obras a tiempo es “la prueba de fuego” que demostrará si el sector está a la altura de los retos propuestos. Por lo pronto, asegura que los trámites administrativos van bien y, en su caso, acabarán la primera de las plantas solares adjudicadas, la de Totana (Murcia), en junio, y las otras seis, ubicadas todas en Extremadura, en el primer trimestre del año.
Antes de la convocatoria de elecciones, el Gobierno se proponía subastar 4.000 MW más de aquí a 2030, que Villarig considera suficientes si se complementan con proyectos de mercado y PPA (contratos de compraventa a largo plazo), una fórmula en auge gracias a la “espectacular reducción” de costes de la tecnología eólica y solar. Precisa que en los últimos nueve años, estos han disminuido un 69% y 88%, respectivamente, lo que implica que "no necesitan incentivos ni condiciones especiales".
"De llevarse a cabo los 4.000 MW, serviría de reclamo para atraer inversión extranjera y mejoraría notablemente la imagen de España como país comprometido con el desarrollo renovable y que respalda activamente la lucha contra el cambio climático", señala Jorge Barredo, presidente de Unef, quien descarta que la sustitución de fuentes fósiles por renovables vaya a ocasionar tensiones de suministro, aunque reconoce que hará falta la coordinación de todos los agentes involucrados y el desarrollo de distintas alternativas de almacenamiento.
