La reforma de pensiones y la laboral, pendientes de la decisión personal de Sánchez

El Gobierno baraja no derogar la modificación de la Seguridad Social de 2013

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto a los secretarios generales de UGT y CC OO.M. Casamayón

El Gobierno no cesa en su empeño de intentar conseguir el respaldo de patronal y sindicatos para derogar in extremis la reforma de las pensiones que el Ejecutivo del Partido Popular hizo unilateralmente en 2013. Igualmente, distintos responsables del Ejecutivo han asegurado que negociarán hasta el último momento para arrancar el máximo consenso posible para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

De hecho, los responsables del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocaron este viernes a los responsables sindicales y empresariales para intentar cerrar un pacto que permitiera al Gobierno llevar un real decreto de Seguridad Social al último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, que se celebrará el 1 de marzo. Para después intentar convalidar dicho decreto en el último pleno del Congreso de la semana siguiente.

Sin embargo, la última propuesta presentada por Trabajo a patronal y sindicatos en esta reunión dejaba fuera la derogación de los factores de revalorización y de sostenibilidad aprobados en 2013. El texto incluía una docena de cuestiones, entre ellas la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años; la vuelta al pago de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales; el reconocimiento a los autónomos cotizantes por cese de actividad en 2018 de la devolución de cuotas en IT a partir del primero de enero de 2019; o la bonificación por la contratación de personas desempleadas de larga duración o de trabajadores agrarios, entre otras. Pero ni rastro de las dos medidas estrella en materia de pensiones: la revalorización permanente y automática con el IPC y la eliminación completa del factor de sostenibilidad.

La intención del Ejecutivo era intentar este viernes lograr el respaldo de los empresarios para un amplio acuerdo en pensiones, que le permitiera luego introducir la citada derogación. Algo que no logró, porque desde CEOE y Cepyme se mostraron firmes en su rechazo, más que por el contenido por las formas y el momento en el que se pretende aprobar, con un Gobierno prácticamente en funciones y tras el fracaso del Pacto de Toledo.

Ante esta circunstancia, los sindicatos CC OO y UGT elevaron sus presiones para intentar arrancar el real decreto que derogue la reforma de pensiones. Y, ambas centrales lanzaron un ultimátum al Gobierno, para que el martes próximo les aclare si llevará a cabo esta derogación o no. De lo contrario, consideran que supondría "la ruptura del diálogo" con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y "el inicio de un proceso de movilizaciones", según UGT.

En este escenario, las partes salieron de la reunión entendiendo que la decisión final de que se derogue la reforma de las pensiones de 2013 depende ya en estos momentos del pulso personal de Pedro Sánchez. En este punto, se une las divisiones dentro del Gobierno a este respecto, ya que desde el Ministerio de Economía y, particularmente, su titular, Nadia Calviño, es contraria a esta derogación que no sería bien vista en Bruselas y que podría incluso implicar que se forzara a España a hacer ajustes en materia de pensiones.

En cuanto a la contrarreforma laboral, las dudas del Gobierno sobre si logrará que lo convalide el Parlamento, ya sea en el último pleno o, posteriormente, en la diputación permanente, también están poniendo en cuestión la elaboración de un segundo real decreto que recoja la eliminación de la ultraactividad; la prevalencia del convenio de sector; una nueva regulación de las subcontrataciones, y la implantación del registro horario de jornada.

Temores empresariales

Nuevamente, patronal y sindicatos tienen la impresión de que será el propio Sánchez el que decida seguir o no adelante con esta contrarreforma. Si bien, los empresarios temen que aunque el Ejecutivo no logre el apoyo para convalidar este texto, lo apruebe igualmente a modo de programa electoral.

Pero incluso mayor que la preocupación por la contrarreforma laboral, en la patronal hay ahora más inquietud por todas las novedades que el Gobierno pretende aprobar con un tercer real decreto sobre igualdad.

Entre aquellas que más soliviantan a los empresarios está la obligatoriedad para todas las sociedades de establecer un registro de salarios por sexo y grupos profesionales. Así como la exigencia de que que todas las empresas de más de 25 trabajadores tomen medidas de igualdad si la masa salarial de los hombres supera un 25% la de las mujeres. Si este análisis no discrimina ni las categorías ni, por ejemplo, las reducciones de jornada, esta discriminación podría producirse en todas las empresas. Además el Gobierno rebaja el criterio para que las empresas estén obligadas a tener plan de igualdad de 250 a 50 trabajadores. Este decreto prevé también la ampliación del permiso de paternidad: a ocho semanas en 2019; 12 en 2020 y a 16 en 2021. Y duplica estos permisos de padre y madre a la vez.

Calendario de próximas citas

Igualdad. La primera de las reuniones que va a tener el Gobierno con empresarios y sindicatos para intentar sacar adelante los cambios en materia laboral será la mesa de diálogo social sobre igualdad, el próximo lunes. En esta mesa, la patronal pretende matizar las nuevas exigencias de registro salarial y la futura redacción sobre la presunta discriminación en la que podría incurrir el empresario.

Empleo y pensiones. Tan solo un día después, el martes, el Ministerio de Trabajo recibirá a los empresarios y los sindicatos para comunicarles las novedades laborales que el Ejecutivo pretende sacar adelante. Si bien, los sindicatos esperan también que ese día el Gobierno les comunique si derogarán o no la reforma de las pensiones de 2013.

Consejo. Tras todas reuniones, el Gobierno podría aprobar el 1 de marzo tres reales decretos leyes –el número también está por determinar– que deberían ser convalidados en el pleno del Congreso de los Diputados. De no lograrse, serían los 65 diputados de la Diputación Permanente los encargados de convalidarlo. PP, Cs y UPN suman 32 diputados y los partidos que apoyaron la moción de censura, 33.