El lobby quiere dejar de ser una actividad opaca y con mala fama

Además de hablar con el legislador, esta función allana el contacto entre empresa y sociedad

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Si hay un sector profesional al que la sociedad vincula con la opacidad, el oscurantismo y el tráfico de influencias desde la sombra, ese es, sin duda, el del lobby. Unas connotaciones que sus profesionales conocen de sobra. Sin embargo, lo que también saben es que ya ha llegado el momento de borrar esas ideas del imaginario colectivo, o al menos intentarlo.

Los asuntos públicos, término que las voces del sector prefieren utilizar para huir de cualquier vínculo negativo, “se han tratado muchas veces con las frases de ‘no te preocupes, que mi jefe es amigo del ministro’ o ‘tranquilo, que el director conoce a alguien allí’. Pero eso ya no vale”. Así lo explicó ayer Jorge Villarino, director de regulación de la consultora Vinces, durante la presentación del informe Gestión de asuntos públicos en España, en la sede de CEOE.

El estudio, elaborado por el Vinces Institute for Publics Affairs (VIPA) en base a encuestas a 50 directores de esta rama en empresas del Ibex 35 y compañías internacionales, ahonda en el peso que está adquiriendo la gestión de los asuntos públicos en los grandes grupos, principalmente en los órganos de gobierno. Si en 2011, el 47% de los consejeros delegados incluía esta tarea entre sus prioridades, en 2015 el porcentaje subió al 53%. En el mismo periodo, este cometido pasó de representar el 35% de las urgencias a tratar del consejo de administración al 43%. En parte es, prosiguió Villarino, porque “ahora hay una sociedad civil más activa. La sociedad opina, participa y colabora, y ante eso tenemos que escuchar”.

Y también, continuó, porque la toma de decisiones y las políticas que afectan a la empresa cada vez son más amplias, más heterogéneas y dependen de más factores, algo que obliga a las compañías a blindarse y estar preparadas. “No hay más que ver el tema de los VTC, que parece que han abandonado Barcelona y no Madrid, porque la regulación y sus consecuencias son totalmente diferentes a tan pocos kilómetros”. Esto, añadió Elena Herrero-Beaumont, directora del VIPA, muestra la necesidad de que las empresas cotizadas desarrollen una gestión profesionalizada de los asuntos públicos, “para así garantizar la sostenibilidad del negocio, a la altura de lo que realizan las multinacionales extranjeras”.

Para eso, el primer paso es homogeneizar esta labor, dotarla de los recursos necesarios y encontrar una metodología propia para llevarla a cabo: “A veces recibe el nombre de relaciones institucionales, pero otras de asuntos públicos o de relaciones con Gobiernos. También hay una gran variedad en torno al tamaño de los departamentos implicados y, en el 70% de las veces, falta una metodología propia”, aseguró Herrero-Beaumont. Y sin estos pilares, añadió, es muy complicado acabar con las connotaciones negativas de esta labor, así como darle un alcance real.

Lo cierto es que hay gran diferencia entre todo lo que abarca el mundo del lobby entre países como Estados Unidos y España. Así lo explicó Sara Rodríguez, directora de políticas públicas en Airbnb: “Aquí, el término lobby tiene una sombra que le persigue. A nosotros, como empresa estadounidense, lo que más nos cuesta es comunicar internamente a la matriz las dificultades que tenemos para llegar a los asuntos públicos en España”, reconoció.

También es complicado, más allá del territorio, poder avanzar en esta materia con todo lo que arrastra el sector después de tantos años en la sombra. “Hay que dejar claro que ya no hablamos de contactos ni de tirar de agenda. Promovemos la comunicación utilizando canales legítimos, con transparencia y con respeto hacia los reguladores”, continuó Eva Piera, directora general de relaciones externas en Mapfre. Tampoco ha ayudado la concepción que se tenía de esta función en muchos sectores que, a priori, no tenían relación con lo público. “Pensábamos que nosotros, al relacionarnos directamente con la empresa cliente y no con el consumidor, no teníamos necesidad de ello. El tiempo nos ha quitado la razón”, apuntó Juan Jesús García, director de asuntos industriales en Amadeus IT.

Según explicaron los expertos, la función del lobby se ha vuelto imprescindible para algo más que las relaciones con los legisladores. Hoy es necesaria para gestionar los intangibles al máximo nivel e “introducir métricas que midan cómo se construye valor”, recalcó Piera. También se ha hecho obligatoria para que los máximos órganos de la empresa aprendan a distinguir entre el corto y el largo plazo, “viendo qué es lo que puede influir al negocio en mayor o menor medida”, prosiguió García. Sin olvidar la dimensión social, que traslade a la ciudadanía cuál es la función social que cumple la compañía, añadieron los expertos.

Esto no significa que la labor tradicional haya quedado relegada a un segundo plano. “Tenemos que seguir tendiendo puentes para que la relación institucional sea más transparente y limpia”, dijo Piera. También, en algunos casos, “hay que estar luchando constantemente contra las falsas narrativas que perjudican a nuestros modelos. Si las políticas públicas no son beneficiosas, el negocio no existe”, alegó Sara Rodríguez, en alusión a la situación actual de Airbnb.