La guerra de tarifas y la pérdida de margen desencadena un ERE en Vodafone para la cuarta parte de su plantilla

El ajuste afectará a un máximo de 1.200 personas

Duro ajuste en Vodafone España. La empresa ha comunicado a los representantes de los trabajadores la apertura de un procedimiento de despido colectivo que afectará a un máximo de 1.200 empleados. La cifra equivale a un 24% del total de la plantilla.

La operadora ha convocado a los sindicatos para iniciar a finales de enero el periodo de consultas, que se prolongará durante un mes, tal y como establece la ley. "Esta decisión se justifica por razones económicas, productivas y organizativas", dice Vodafone. 

Según la compañía, en el actual contexto de mercado, la demanda de servicios sigue creciendo de forma exponencial y no así los precios. "Cerca del 50% de las altas brutas están asociadas con ofertas low y medium cost, lo que obliga a Vodafone a tener una estructura de costes preparada para competir con éxito en todos los segmentos", precisa. Vodafone ha señalado que esta situación ha llevado ya a caídas de los ingresos y del EBITDA en el primer semestre del actual ejercicio. Su consejero delegado, Antonio Coimbra, señaló en una carta enviada a la plantilla que el mercado de telecomunicaciones se enfrenta a "fuertes presiones" en los márgenes de negocio. 

En este sentido, la operadora se ha visto penalizada por el fuerte crecimiento en los últimos dos años de competidores como MásMóvil en el segmento de las ofertas convergentes fijo-móvil low cost.

La empresa explica que las actuales expectativas de los clientes, que exigen una relación ágil, sencilla e inmediata, llevan a la compañía a buscar un modelo organizativo más simplificado y que refuerce la coordinación y sinergias entre los equipos.

"El procedimiento que hoy arranca persigue, por tanto, revertir la negativa evolución del negocio, reforzar su sostenibilidad, proteger la capacidad de inversión y diseñar una organización más competitiva y mejor adaptada a lo que piden los clientes", dice la firma.

En este sentido, la compañía ha sufrido un deterioro de sus resultados en los últimos trimestres. Los ingresos bajaron un 3,2%, hasta los 2.421 millones de euros en el primer semestre fiscal, como consecuencia del reposicionamiento de tarifas y de la denominada guerra del fútbol. Vodafone decidió no seguir comprando los derechos televisivos del fútbol a Telefónica, especialmente los del denominado El Partidazo y la Champions League.

Este movimiento tuvo un impacto en su cartera de usuarios. Entre abril y septiembre de 2018, la operadora redujo su base de clientes de televisión en 98.000, de ellos 66.000 entre julio y septiembre.

En este escenario, en noviembre pasado, el Grupo Vodafone revisó a la baja el valor de sus activos en España (impairment) en 2.900 millones de euros, al estimar que los flujos de caja futuros frente a las tasas de inversión serán inferiores. Además, la operadora dejó de reconocer activo fiscal diferido en España por un importe de 1.048 millones de euros, como consecuencia de una nueva evaluación de las previsiones, ante una menor generación de caja futura, que impedirá a la empresa registrar beneficios suficientes para poder contabilizar los citados créditos fiscales.

Rechazo sindical

El sindicato UGT ha cargado con dureza contra la dirección de Vodafone España. Sus representantes aseguraron que la situación que atraviesa la compañía no es responsabilidad directa de la plantilla sino de los gestores de la empresa que, “con la medida propuesta, pretenden solucionar su incapacidad demostrada y reiterada para la toma de decisiones estratégicas acertadas”.

UGT considera innecesario y equivocado que se plantee, de nuevo, un recorte de personal cuando, además, hace apenas tres años, se produjo el último. “Nos oponemos a cualquier medida forzosa que pueda afectar al empleo en Vodafone e instamos a la compañía a buscar soluciones que no repercutan en el nivel de empleo y que cumplan las expectativas de ambas partes, plantilla y empresa”.

Este es el tercer ERE que realiza Vodafone España en los últimos siete años. En 2013, antes de la adquisición de Ono, que ascendió a 7.300 millones de euros, Vodafone pactó con los sindicatos un ERE para 900 trabajadores. El proceso incluyó 620 despidos, 130 externalizaciones, mientras que otros 150 empleados se les cambiaron las condiciones de trabajo.

En 2015, tras la integración de Ono, empresa y sindicatos cerraron un acuerdo para un ERE, que afectó finalmente a 1.059 personas, frente a los 1.297 despidos planteados inicialmente.