Competencia reabre el expediente sancionador contra Danone, Nestlé, Puleva y Pascual

La Audiencia Nacional anuló un proceso que contemplaba 88,6 millones en multas

Estanterías de productos lácteos en un supermercado.
Estanterías de productos lácteos en un supermercado.

Competencia no se da por vencida en su proceso contra diversas empresas del sector lácteo. El organismo inspector ha decidido reabrir el expediente con el que, en 2015, sancionó a 11 compañías y asociaciones de la industria con 88,6 millones de euros, y que la Audiencia Nacional anuló en octubre pasado por defectos de forma. Esta extendió a todas las afectadas una decisión que ya había anticipado el Tribunal Supremo en una sentencia firmada en julio de 2018, y que daba la razón a Nestlé en su recurso contra el proceso, como adelantó CincoDías.

En su resolución, la Audiencia Nacional abrió la puerta a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reabriera el proceso en la etapa anterior a la que se sucedieron los fallos formales que anularon las sanciones, ya que no entraba en el fondo del caso. Así lo ha hecho.
El Boletín Oficial del Estado reflejaba, el pasado 31 de diciembre, una comunicación de la propia CNMC a una de las partes sancionadas, el Gremio de Industrias Lácteas de Barcelona, en la que se le informaba de la reapertura del proceso a fecha del 21 de diciembre.

Otras empresas involucradas, como Central Lechera Asturiana o Nestlé, también han recibido una notificación del organismo, según confirman a este diario fuentes oficiales de las mismas. La CNMC, por su parte, declinó hacer cualquier comentario al respecto.

En febrero de 2015 este organismo hizo público el resultado de una investigación que comenzó un año antes, con la que acreditó la participación de las empresas sancionadas en supuestas conductas anticompetitivas, como el intercambio de información para la fijación de precios en la compra de leche cruda de vaca o la cesión de ganaderos.

Fijó una multa de 88,6 millones para nueve empresas y dos asociaciones, entonces la cuarta mayor sanción impuesta por Competencia. Danone, con 23,2 millones, fue la que recibió la mayor sanción, seguida de Corporación Alimentaria Peñasanta con 21,8 y el Grupo Lactalis, con 11,7. El resto fueron Nestlé (10,6), Puleva Food (10,2), Calidad Pascual (8,5), Senoble (ahora Schreiber Foods, 929.000 euros), Central Lechera Asturiana (698.000), Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (200.000), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (100.000),y Central Lechera de Galicia (53.310).

Todas ellas recurrieron la decisión, y la justicia les dio la razón. La CNMC, como sucede en este tipo de casos, inició un proceso de instrucción en el que elaboró un Pliego de Concreción de Hechos que comunicó a las empresas, abriendo un trámite de alegaciones que, una vez recibidas, permitieron cerrar esta fase.

El problema llegó el 24 de abril, cando Competencia reabrió la instrucción y comunicó un nuevo pliego, ampliando los años objeto de investigación. En el caso de Nestlé, por ejemplo, la CNMC añadió el periodo 2004-2006, justificándolo por una “subsanación de errores”, figura contemplada en la ley de administraciones públicas, y que fue motivo de un voto particular discrepante de un consejero de la CNMC.

En su sentencia de julio, el Supremo consideró que la reapertura del pliego no se debió a la subsanación de un error, sino a un aumento del expediente hecho de forma consciente. La Audiencia Nacional estimó que esto también era aplicable a todas las empresas, dándoles la razón y anulando las multas. Sin embargo, también ordenó retrotraer las actuaciones de “al momento inmediatamente anterior al (...) 24 de abril de 2014” y “proseguirse el procedimiento por sus propios cauces que podrá culminar bien con una resolución sancionadora, o bien con una resolución de archivo”.

Con la reactivación del caso, la CNMC recuperará el proceso justo antes de la reapertura del pliego que dio al traste con su investigación, y continuará con los cauces habituales: una nueva propuesta de resolución para las empresas afectadas, a la que seguirá la resolución definitiva de su Consejo.
Dado que las decisiones judiciales no invalidaron el fondo de su investigación, es de esperar que el proceso cristalice en una sanción muy parecida a la comunicada en 2015.

Cantidades provisionadas en el balance


Anticipo. La reapertura del caso no cambia en esencia la situación en la que este se encontraba para las empresas antes de las decisiones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Desde que en 2015 la CNMC comunicó las sanciones, las distintas compañías afectadas han ido provisionando en sus cuentas las cantidades que les reclamaba la autoridad de la competencia, aunque todas ellas defendían la corrección de sus acciones. Danone, la empresa que debería asumir la mayor muilta con más de 23 millones de euros, tenía esta misma cantidad provisionada en el balance, según sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2017, además de otra provisión añadida para cubrir los riesgos inherentes a su negocio.

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