Los autónomos imponen su criterio en cotizaciones y prestaciones

El acuerdo no afronta la demanda de que la cotización se ajuste a los ingresos reales

El Gobierno cerró ayer con las asociaciones de autónomos un acuerdo para establecer las nuevas condiciones de cotización a la Seguridad Social y el nuevo catálogo de prestaciones con cargo al sistema público. Se trata de un marco en el que se desenvolverán las condiciones laborales de más de tres millones de personas, que ha tenido un crecimiento muy acelerado en el inicio de la recuperación de la economía y que acoge a miles de trabajadores de encuadramiento complejo en una economía de servicios de novísima creación, en la que la relación laboral está muy difuminada y muchas veces la contraprestación se limita al abono del sueldo.

Las asociaciones de autónomos han logrado imponer su criterio tanto en materia de cotizaciones como de prestaciones. Es determinante una subida muy limitada de las aportaciones, de solo un 1,25% en la base de cotización, ya que se trata de costes directos para la actividad económica que difícilmente podían someterse al incremento que el Gobierno ha establecido con carácter general para las bases de cotización del resto de trabajadores por cuenta ajena, que será, al igual que para el SMI, de un 22,3%. Un incremento de costes laborales que las asociaciones consideran de todo punto inasumible por estimar que la inmensa mayoría de los autónomos no podrían financiarlo. A la subida limitada de la base hay que añadir, eso sí, una ligera elevación del tipo de cotización (al 30% desde el 29%), y que afectará a todas las contingencias. Entre ellas estará por vez primera la financiación de la formación de los autónomos, hasta ahora excluidos, y un incremento muy sustancial en la prestación por cese de actividad, que doblará su duración, aunque no la cuantía.

Esta moderación de los costes que trata de respetar la actividad económica no tiene su reflejo en los gastos que para la Seguridad Social pueden tener los cambios en las prestaciones, aunque hasta ahora han avanzado más los recursos aportados por los cotizantes para nuevas prestaciones que el coste de estas. El acuerdo no afronta la demanda de que la cotización se ajuste a los ingresos reales, una cuestión que los autónomos consideran de todo punto inasumible. Además, siguen existiendo zonas de sombra en las herramientas de las que se dotará a la administración para atajar el temido trasvase de contratos por cuenta ajena hacia autónomos simulados por el fuerte incremento que en las cotizaciones de los asalariados ha impuesto el Gobierno; hasta ahora solo será sancionado el trasvase efectivo, pero no las nuevas contrataciones que en condiciones normales se hiciesen por cuenta ajena, y que ahora podrían aparecer como nuevos autónomos falsos.

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