Más de 8.000 propietarios de licencias VTC reclaman mayor moratoria a Fomento
Tienen hasta final de mes para presentar las reclamaciones. Unauto espera llegar a 12.000, casi la totalidad del parque
Más de 8.000 propietarios de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor)han presentado ante la Dirección General de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Fomento, sus alegaciones contra el plazo indemnizatorio que fija el Real Decreto-Ley 13/2018, actualmente en fase de enmiendas y que abre la puerta a que dentro de cuatro años se supriman licencias de este tipo de transporte urbano.
La cifra fue facilitada ayer por Unauto VTC, la patronal que agrupa al 90% de este sector en España, que calcula que se alcanzarán las 12.000 reclamaciones el próximo lunes, el último hábil para presentarlas. “Para ello, hemos puesto a disposición de todos los asociados nuestros servicios jurídicos, para que no quede ni una VTC sin reclamar”, dijo Eduardo Martín, presidente de la asociación. “Después, habrá que esperar la respuesta por parte de la Dirección General de Transportes”, añadió.
Unauto recordó que va a trabajar para garantizar que el sector, “que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima”, pueda seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena. Martín no descartó recursos contencioso-administrativos y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.
La patronal pidió igualmente al Gobierno que “deje de engañar” a las comunidades autónomas y ayuntamientos, dado que “serán las responsables de indemnizar económicamente” la posible expropiación de autorizaciones VTC, si asumen las competencias en esta materia, como les pide el Gobierno.
De acuerdo con datos de Ernst & Young, el coste de una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC ascenderá a unos 3.800 millones de euros para las administraciones. Desde Unauto, insisten en que con este Real Decreto-Ley, ese coste se dividirá entre las 17 autonomías españolas en función del número de autorizaciones que tengan. Esto provocaría que algunas comunidades, como Cataluña, vayan a tener que desembolsar casi 1.000 millones en indemnizaciones. Aunque el texto del Gobierno indica que si una reclamación se acepta y se reconoce una indemnización, no se abonará en dinero sino en tiempo (mediante la concesión de un máximo de dos años adicionales de operación a los cuatro reconocidos por la ley).
Martín aprovechó para recordar que más de 15.000 trabajadores podrían verse en la calle si se eliminan autorizaciones. “Además, se está coartando el derecho a elegir su forma de movilidad a más de 7 millones de usuarios de los servicios de VTC en España”. El sector de VTC aporta, según Unauto, 750 millones a la economía española. Una cifra que podría doblarse para 2020, generando, además, varios miles de empleos adicionales.
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