El Ayuntamiento de Madrid regulará a Uber y Cabify vía ordenanza antes de mayo
El consistorio abre el asunto a una consulta ciudadana durante un mes, mientras las comunidades autónomas evitan regular hasta 2020
El Ayuntamiento de Madrid regulará el sector del vehículo de alquiler con conductor (VTC), el que da servicio a plataformas como Uber y Cabify, a través de una ordenanza que prevé aprobar antes de que el próximo mes de mayo concluya la actual Legislatura municipal. Así lo ha asegurado este miércoles la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, quien además ha anunciado que este asunto se someterá durante un mes a una consulta pública ciudadana como paso previo a la redacción de un borrador.
Con su ordenanza sobre VTC, el Consistorio buscará "reducir de forma sustancial los efectos negativos que el rápido crecimiento de esta nueva modalidad de transporte genera en la fluidez del tráfico", señaló. Asimismo, busca atajar el incremento de la contaminación y garantizar el "uso armonioso del espacio público", así como evitar que "una deficiente regulación unida a una notable proliferación del fenómeno deriven en un detrimento tanto de los derechos de la ciudadanía como de las personas usuarias de este servicio".
Tras la Junta de Gobierno, Sabanés indicó que el Ayuntamiento no hará pública su posición sobre los aspectos a regular hasta que no concluya la consulta pública, al considerar que "es momento de escuchar a la ciudadanía antes de que la Corporación defina cuáles son las líneas principales". Respecto a esta consulta ciudadana, arrancará este próximo lunes, 10 de diciembre, y se realizará mediante un sistema de preguntas abiertas, según destalló el director general de Movilidad, Francisco López Carmona.
El Ayuntamiento de Madrid asume de esta forma las competencias que le otorga el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de septiembre, y el Congreso convalidó en octubre, para que las comunidades autónomas y las administraciones locales entren a regular las VTC. De esta forma, el Consistorio podrá articular medidas sobre el servicio que presta este transporte en materia de horarios, recorridos, tarifas e incluso tipo de vehículo.
Asimismo, el Ayuntamiento da respuesta a la actual principal reivindicación del gremio de taxistas que, con este fin, se manifestaron hace unas semanas y tienen prevista otra marcha por la capital el próximo 9 de enero. Madrid es actualmente la ciudad que cuenta con mayor número de VTC. Al cierre del pasado mes octubre las firmas que dan servicio a empresas como Uber y Cabify sumaban 6.256 coches en la capital, la mitad de todo el país, lo que supone un vehículo de este tipo por cada dos o tres taxis, una proporción que contrasta con la de 1/30 que fija la ley para estos dos modos de transporte urbano.
Con la consulta, el Ayuntamiento quiere escuchar las sugerencias de la ciudadanía sobre las características que establecería a los vehículos VTC respecto al estacionamiento y utilización de las vías públicas municipales, sobre los requisitos medioambientales que deberían exigirse a estos vehículos, y conocer si los ciudadanos consideran que el consistorio debe regular estas materias lo antes posible o esperar a que el Estado o la Comunidad le atribuyan más competencias. Igualmente, se preguntará si es adecuado someter a licencia administrativa municipal el ejercicio de la actividad de los VTC y, si la respuesta es afirmativa, qué aspectos deberían regularse en la licencia.
La decisión del Ayuntamiento de Madrid se conoce un día después de celebrarse una reunión en el Ministerio de Fomento entre las principales asociaciones del sector del taxi y los directores generales de transporte de todas las comunidades autónomas, que se saldó sin ningún calendario concreto para la regulación autonómica de los VTC tras aplazarse la presentación de las enmiendas al decreto ley hasta el 11 de diciembre. Solo Cataluña admitió estar trabajando al respecto.
Durante esta reunión, el presidente de Fedetaxi expuso de nuevo las reivindicaciones del taxi, entre ellas la de poder ofrecer tarifas prefijadas y taxi compartido. Los taxistas esperan asistir, a principios de 2019, a una nueva reunión en la que participarán también los representantes de los VTC, la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y probablemente los principales ayuntamientos afectados por este tema como Madrid, Barcelona o Sevilla.
Fedetaxi ha explicado en una nota que ultiman los detalles de la denuncia a Fomento, a raíz de las ayudas de Estado prohibidas por el tratado de la UE y en las que podrían incurrir las indemnizaciones por los seis o más años otorgados a las empresas titulares de autorizaciones VTC de no retirarse en fase parlamentaria las que han sido establecidas por el Gobierno y sus socios mediante la reciente convalidación del real decreto ley.
La patronal ha añadido que está trabajando con su despacho de abogados en Bruselas para sentar las bases de cuál tiene que ser la reclamación, y es que temen un retraso en la tramitación del nuevo decreto ley de dos o tres meses, o incluso, si hay elecciones convocadas prematuramente, que el asunto decaiga "y entonces quede en vigor el texto tal cual está ahora", dijeron en una nota.