El Congreso reclama una transformación de los supervisores bancarios
La comisión de investigación de la caída de las cajas exculpa a los políticos de la crisis financiera Los políticos reclaman mayores sanciones a la banca y a sus gestores
La comisión del Congreso que ha investigado durante un año y medido la crisis financiera y el rescate bancario ha aprobado sus conclusiones por mayoría política. Solo Unidos Podemos se han abstenido ya que reclamaban un texto más drástico, y Ciudadanos, que ha votado en contra, al defender la existencia de una relación entre la politización de las cajas de ahorros y su caída (hay que recordar que todos los grupos políticos, con excepción de Ciudadanos y Podemos estaban presentes en los órganos de gobierno de las cajas y en las diferentes comunidades autónomas).
Las conclusiones, sin embargo, consideran “desmentida la tesis sobre la influencia política como causa explicativa del mayor impacto de la crisis en las cajas de ahorro”. “Las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación”, subraya el informe.
El documento destaca que las “malas prácticas se dan de manera generalizada en todo el sector, incluyendo bancos y cajas” y que la crisis “afectó por igual a cajas y bancos”, si bien, “la resolución de los problemas asociados no fue la misma en uno y otro caso”. La presidenta de la comisión, Ana Oramas, sin embargo, ha valorado que el 90% de todas las propuestas hechas por los partidos políticos se han incluido en sus conclusiones.
Varios ejecutivos del sector financiero también consideran que la comisión en sí ha sido ligeramente más laxa que lo que esperaban. Algunas de las principales conclusiones que han apoyado los diferentes grupos políticos han sido la de cambiar los esquemas de supervisión, endurecer la regulación de determinados productos financieros y revisar las sanciones que afectan gestores bancarios. Todos los grupos políticos, eso sí, coinciden en que los supervisores “no hicieron frente a sus obligaciones” para pinchar la burbuja crediticia, inflada sobre todo por el crédito inmobiliario. La comisión de investigación en la que han comparecido más de 80 altos cargos de organismos supervisores, reguladores, y de la banca y asociaciones financieras concluye que los reguladores, y en especial el Banco de España, fallaron en su diagnóstico sobre la crisis económica y financiera, incluso con la caída de Banco Popular, que ya, bajo la supervisión del BCE, fue resuelto y vendido a Santander el 7 de junio de 2017.
Los fallos de los controles se y las normas se hicieron más patentes precisamente en Popular, que, pese a su debilidad, superó pruebas regulatorias y de mercado sin problemas aparentes. “Este dato es merecedor de una seria reflexión sobre la metodología, eficacia y fiabilidad de los sistemas de control o supervisión respecto a la salud de las entidades financieras”, señala la comisión. En el documento final (hay otro documento de antecedentes) se han recogido la totalidad de las propuestas del PSOE. De ellas, destaca la revisión de la legislación en materia de responsabilidad y sanciones que afectan tanto a gestores de la banca, como al personal de organismos supervisores y al resto de agentes responsables vinculados al sector financiero.
Regular la comercialización de productos a minoristas en determinadas situaciones de dificultad y clarificar los tipos de inversores así como crear una autoridad macro prudencial encargada de la vigilancia del riesgo sistémico, forman parte de estas propuestas, que ya, de hecho, se han puesto en marcha por parte del Gobierno. Lo mismo que la propuesta para defender al consumidor.
También se han incorporado las reclamaciones del PP, que propone que las resoluciones de la CNMV sobre las denuncias que recibe sean “de obligado cumplimiento” y que instaban a dotar al supervisor de instrumentos inspectores y sancionadores “más potentes”. Los partidos políticos han reclamado, en general, mejorar la independencia de todas las autoridades supervisoras y establecer procedimientos claros sobre el rol de cada uno de ellos.
Algunas de las propuestas que se han incluido en este sentido han sido las del PNV que abogan por separar los esquemas de supervisión, tanto en su rol de reguladores como en la supervisión de las auditorías y fortalecer la regulación aplicable a contabilidad, auditores de cuentas y supervisores de la profesión. Este modelo fue ya propuesto en 2016 por el que fuera subgobernador del Banco de España y desde 2017 presidente del Financial Stability Institute, Fernando Restoy.
La comisión sí que reconoce la existencia de “toda una serie de incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas por parte de algunas personas, que además tienen capacidad para imponer estos mismos de incentivos perversos”. Así, asegura que “lo que hay detrás de las malas praxis (...), son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”.
“Se hacen necesarias medidas reglamentarias y prácticas supervisoras dirigidas a limitar y controlar estas operaciones (...) así como el avance hacia un modelo financiero en el que queden nítidamente separadas las actividades de banca comercial de las de banca de inversión”, aboga también el documento.
La banca recupera la rentabilidad previa a la quiebra de Popular
Informe de BBVA. La banca ha recuperado ya los niveles previos a la última crisis declarada en el sector tras la resolución y posterior venta de Banco Popular a Santander al simbólico precio de un euro en junio de 2017, debido a que sus niveles de eficiencia y rentabilidad han mejorado y vuelto a terreno positivo. Así lo constata un informe sobre la banca de BBVA Research, que también asegura que la liquidez del sistema “sigue sin suponer un problema”, debido a que el funding gap –créditos menos depósitos– ha vuelto a alcanzar mínimo histórico durante los nueve primeros meses de 2018, al situarse en el 2,2% del balance total, dos puntos por debajo de la cifra del año pasado y un nivel muy lejos del máximo de 2007 (24% del balance). De igual forma, del documento se desprende que la solvencia de las entidades continúa siendo “holgada”, con un volumen de capital en balance –capital desembolsado y reservas acumuladas–que alcanza el 8,7% del activo total. Los fondos propios triplican el volumen de mora del sistema. Así, la ratio de eficiencia ha mejorado desde el 57,1% de 2017 hasta el 53,8%, y los gastos de explotación pesan menos de un 1% de los activos totales medios. Además, la rentabilidad vuelve a terreno positivo, situándose el ROE en el 5,8% y el ROA en el 0,59%. Los indicadores de esfuerzo de provisiones y coste del riesgo también caen “sustancialmente”.