Una regulación acertada, pero una técnica legislativa imprudente
Legislar a golpe de decreto ley no es una buena idea y menos cuando la aritmética parlamentaria juega en contra
El Gobierno ha acometido una adaptación masiva de legislación europea en materia financiera, y lo ha hecho, una vez más, por vía expeditiva y a través de un real decreto ley. La norma traspone tres directivas y varios reglamentos comunitarios, pero incluye también algunas novedades que no habían sido anunciadas y que solo figuran en la nota informativa publicada por el Ministerio de Economía bajo un genérico “mejoras y ajustes técnicos”. Entre esos ajustes y mejoras, que no son meros retoques, se incluye una reforma sustancial del régimen sancionador que ejerce el Banco de España sobre el sector financiero, cuya dureza y rigidez el real decreto suaviza notablemente. El Gobierno elimina las cuantías mínimas de buena parte de las multas previstas, lo que otorga al Banco de España la posibilidad de modularlas por debajo del límite más bajo hasta ahora vigente, que en muchos casos resultaba desproporcionado. Se trata de un cambio razonable en un régimen de sanciones cuya rigidez dificultaba a veces imponer multas acordes con la gravedad real de las irregularidades cometidas y obligaba a aplicar una horquilla de máximos y mínimos, que incluso en su valor más bajo resultaba excesiva. El real decreto refuerza también los poderes de actuación y vigilancia de la CNMV en el mercado, al adaptar una normativa que estaba pendiente de trasposición. Se trata de una buena noticia tanto para los inversores como para la economía en general.
El contenido del paquete legislativo del Gobierno es razonable y, en buena medida, necesario, pero no ocurre lo mismo con la técnica legislativa que ha empleado para aprobarlo. El Ejecutivo parece haber olvidado que el real decreto ley es un instrumento legislativo pensado solo para casos de extraordinaria y urgente necesidad, un requisito que tanto en el conflicto del impuesto de las hipotecas como en esta reforma del régimen sancionador de la banca resulta, cuanto menos, discutible. A ello hay que unir que el Gobierno no ha realizado una consulta ni ha propiciado un pacto de apoyo previo sobre el contenido de la norma, que debe ser convalidada como ley en el Congreso, y que a priori no encaja con el programa político de Unidos Podemos, que se verá en la tesitura de apoyar a su socio en un texto que suaviza las posibles sanciones al sector financiero. Salvo excepciones, legislar a golpe de decreto ley no es una elección prudente, y menos aún cuando la aritmética parlamentaria juega en contra. La experiencia ha demostrado más de una vez que supeditar la seguridad jurídica a la estrategia política se salda con una factura abultada que pagamos todos.