Endesa solicitará este mes al Gobierno el cierre de sus dos grandes térmicas

Tras presentar el plan estratégico, Enel formalizará la solicitud de cierre, que incluirá un plan industrial para la zona El Gobierno había pedido a la empresa que esperase a las eleccciones municipales

Sede de Endesa.

El próximo 20 de noviembre Enel presentará en Milán la revisión anual de su plan estratégico, que incluirá los objetivos para su filial Endesa, en la que controla el 70% del capital. Un año más, y como viene sucediendo desde 2016, en dicho plan no figurará inversión alguna en las dos grandes centrales de carbón nacional de la eléctrica española, las de Compostilla, en Cubillos del Sil (León) y la de Andorra, en la provincia de Teruel.

En este caso, el grupo italiano pondrá las cartas encima de la mesa: al día siguiente, el 21, Endesa comunicará a los inversores el cierre de estas plantas, para posteriormente presentar la socilitud formal ante el Ministerio de Transición Ecológica. También, aseguran fuentes cercanas a la compañía, “un plan de reindustrialización para las zonas afectadas”, cuya cuantía no han desvelado, y el compromiso de recolocación de sus 300 trabajadores en otros centros.

Aunque se trata de una clausura esperada, de hecho, ya ha sido comunicada informalmente por los responsables de Endesa al ministerio que dirige Teresa Ribera, hasta ahora la situación era reversible. Las dos centrales térmicas, que tienen una capacidad instalada total de 2.300 MW, estaban tocadas de muerte ante la decisión de su accionista de no realizar las inversiones en desnitrificación a las que obliga la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de 2016, que dio de plazo para realizarlas, y evitar el cierre, hasta 1 de julio de 2020.

En estos años, Enel, que sí ha adaptado a esta directiva su central de carbón de importación de Carboneras (Almería), a la que ha destinado más de cien millones de euros con ese fin, había venido reclamando al Gobierno algún tipo de incentivo para mantener en funcionamiento Compostilla y Teruel, dado que invertir en ellas no le resultaba rentable. Si con el exministro de Energía, Álvaro Nadal, empecinado en impedir el cierre de la nuclear y el carbón, Enel tenía alguna posibilidad de recibir algún tipo de compensación, con el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, las puertas de las ayudas han quedado herméticamente cerradas. Y aunque desde el Ejecutivo se había pedido a Endesa que solicitase el cierre del carbón una vez pasadas las elecciones municipales, esta respondió que necesita un plazo mínimo de 18 meses para el trámite y evitarse problemas con Bruselas.

Los precedentes así lo demuestran: Naturgy pidió el cierre de su pequeña central de Anllares en marzo de 2017 y, a día de hoy, pese a contar con los parabienes de la CNMC; del operador del sistema, REE, y tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), aún no ha recibido el ok del ministerio.

Ni que decir del que presentó hace exactamente un año Iberdrola para dar cerrojazo a las centrales de Lada y Velilla, sus últimas de carbón. La decisión desató las iras de Nadal, quien desde principios de 2017 había recabado apoyos políticos para en encurecer los requisitos para el cierre de las centrales: al motivo que figura actualmente en la ley (el riesgo de suministro), Nadal quiso añadir problemas de competencia o de tipo económico.

Pese a que los intentos del exministro resultaron vanos, de la petición de Iberdrola, que el anterior equipo ministerial metió en un cajón, nada se ha vuelto a saber. Lo cierto es que ni la CNMC, que tiene potestad para autorizar tanto la puesta en marcha como el cierre de cualquier instalación eléctrica, ni REE han recibido ningún expediente al respecto.

Aunque a partir del 1 de julio de 2020, la CE prohibirá el funcionamiento de las dos grandes plantas de Endesa, la compañía que preside Borja Prado está obligada a solicitar también el cierre al ministerio antes de esa fecha. De lo contrario incumpliría la normativa española y podría ser sancionada por Transición Ecológica. Este ministeri es el que tiene la última palabra una vez analizados los informes del supervisor sectorial y el operador del sistema. El cierre de estas centrales, con una potencia equivalente a casi tres nucleares, no conllevaría problemas de suministro ni elevaría los precios, indican fuentes del sector.

Pero no es solo la DEI la que atenza a las plantas de carbón, pues a esta directiva se van sumando otras exigencias de la UE que atenazan a las plantas emisoras de CO2. En la propuesta de Reglamento sobre Mercado Interior de la Electricidad que lanzó la Comisión Europea en el llamado Paquete de Invierno, establece (artículo 23) que las instalaciones que emitan 550 gramos de CO2 por kWh no podrán recibir pagos por capacidad (incentivos que reciben las centrales por estar disponibles) en el plazo de cinco años desde que entre en vigor de la norma.

Endesa notificó ayer por escrito a los sindicatos que en las próximas semanas iniciará el trámite para solicitar el cierre de las citadas centrales. El presidente del comité de empresa de Compostilla, Juan Sobredo, lamentó “la falta de claridad” de la empresa, y reclamó las inversiones necesarias para garantizar la viabilidad de las centrales.

El Gobierno cerrará las nucleares de forma ordenada

El Gobierno no prevé alargar la vida útil de las centrales nucleares en España más allá de los 40 años, por lo que se obligará al cierre de todo el parque antes de de 2030, según indicó el secretario de Estado de Energía, José Domínguez.

“Lo que sí contemplamos -añadió el secretario- es un proceso de cierre escalonado de la mano del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de acuerdo con las compañías”, explicó.

El reactor más antiguo, Almaraz I, cumple los 40 años en 2021. A partir de ahí, el cierre de los siete restantes se alargaría hasta 2028, año en que cumplirá los 40 la central más joven, la central de Trillo (Guadalajara).

José Domíngez insistió en que habrá un proceso negociación con los diferentes actores para que “sea compatible con un cierre ordenado y con las capacidades que tiene España” y el desmantelamiento que deberá marcar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, precisaron posteriormente a Europa Press que “no hay ninguna decisión tomada aún” respecto al calendario de cierre de nucleares, una decisión que “se adoptará dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima” en el que se trabaja.