El abogado de Rivas estudia tres vías para recurrir la doctrina del Supremo sobre el impuesto hipotecario

Ver margen para el resarcimiento retroactivo por la responsabilidad patrimonial del Estado

Los expertos en fiscalidad ven poca justificación en la no deducibilidad del pago del tributo por parte de la banca

recurso supremo hipotecas
Sede del Tribunal Supremo, en Madrid.

La batalla judicial en torno al pago del impuesto asociado a la constitución de las hipotecas no ha culminado con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, que la pasada semana volvió a corregir su doctrina para volver a establecer que lo pague el cliente en lugar del banco, ni con el Real Decreto-ley del Gobierno que obliga a la banca a abonarlos desde el sábado.

Ramón Casero, el abogado que representó a la Empresa Municipal de Vivienda de Rivas Vaciamadrid en los tres casos en los que obtuvo una sentencia favorable, a mediados de octubre, y en los tres de la semana pasada en los que el mazo resonó en su contra, avanzó ayer que ya está estudiando vías para recurrir la nueva doctrina del alto tribunal.

Hay recorrido judicial”, ha manifestado este lunes, reconociendo que el margen es “estrecho”, pero real dentro del campo de recursos extraordinarios centrados en la constitucionalidad de la materia, según ha reconocido durante un desayuno de trabajo organizado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) e Icade, celebrado este lunes en la Universidad Pontificia Comillas, sobre la fiscalidad del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

“Lo que hay que hacer es seguir en la senda e intentar recurrir por vías extraordinarias esas tres sentencias que van a ser desestimatorias cuando conozcamos la motivación”, avanzó Casero, expectante por conocer la sentencia contra su cliente que el Supremo falló con 15 votos contra 13. El abogado defiende que el criterio correcto es el que el alto tribunal había fijado unas semanas antes, decretando que es la banca quien se beneficia de la inscripción de la hipoteca y quien debe abonar el tributo.

El letrado, que tiene en cartera tres causas similares más de Rivas, no está solo en su valoración. “Creemos que la sentencia inicial era la técnicamente correcta”, se sumó Ignacio Arráez, delegado de Aedaf en Madrid, recordando que el fallo de octubre lo emitieron los magistrados expertos en materia tributaria mientras que el de la pasada semana lo votaron 28 miembros del pleno de la sala de lo contencioso administrativo.

La estrategia  legal de Casero para volver a plantar cara el Supremo incluye tres vías de actuación, detalló ayer. En primer lugar, estudia presentar “un incidente de nulidad de actuaciones” contra el Supremo, una de las pocas vías para cuestionar un fallo en firme del alto tribunal. En segundo término, baraja “un recurso de amparo” ante el Tribunal Constitucional y, finalmente, prevé acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en los tres casos “por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas”, aclara.

Además, el abogado asevera que al ser firme el fallo del Supremo de mediados de octubre que declaraba nulo el reglamento del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que obligaba al cliente a pagar el tributo, hay posibilidad para reclamar al Estado con efectos retroactivos.

“El reglamento declarado nulo supone automáticamente que existe recorrido para iniciar una procedimiento de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado”, aduce.

Por su parte, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) han manifestado que consideraban justificada la anterior doctrina del Supremo, que obligaba a la banca a pagar el tributo, si bien matizan que no hay gran justificación para que el Gobierno, tras cargarlo por ley al sector financiero, no permita que el sector se lo deduzca de Sociedades.

La deducibilidad en Sociedades

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) cree que el Tribunal Supremo debía haber fallado interpretado que es la banca, y no el cliente, quien debe pagar el impuesto de las hipotecas pero también tacha de “precipitación legislativa” el decreto del Gobierno que carga el tributo a la banca desde el sábado y ve injustificado que no se permita al sector deducirse el pago del impuesto de Sociedades.

Es “difícil entender cuál es el amparo para decir que este gasto no es deducible más allá del puramente recaudatorio, no te dejo que te deduzcas para que no te desgraves el coste del impuesto”, ha expuesto Ignacio Arráez, delegado de Aedaf en Madrid, criticando que el real decreto no justifique esta decisión.

Por su parte, Casero ha asumido que la decisión del Gobierno de impedir a la banca deducirse el pago del impuesto en Sociedades busca desincentivar que las entidades trasladen a sus clientes el coste que ahora se les impone. “El Gobierno de la nación está intentado que no haya traslación sancionando o agravando la deducibilidad del impuesto, traslación que seguro que va a haber en mayor medida o menor en función de las fuerzas del mercado”, ha dicho.

Asufin denuncia a la banca ante Competencia

La asociación de usuarios financieros Asufin ha solicitado a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tome las medidas oportunas para impedir que el sector financiero concierte el traslado a su clientela del impuesto de las hipotecas, que está obligada a pagar desde el pasado sábado, cuando entró en vigor el Real Decreto-ley del Gobierno que modifica el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en el caso de estos préstamos.

Asufin insta a Competencia a sancionar a aquellas entidades que modifiquen su oferta hipotecaria para traspasar el peso de su nueva obligación tributaria al consumidor, en contra del objetivo del cambio legal impulsado por el Ejecutivo.

“Una vez más los consumidores tenemos que tomar la iniciativa para que las entidades financieras cumplan con las mismas normas que el resto de los actores del mercado”, ha manifestado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, pidiendo a los consumidores que “estén atentos en las próximas semanas y denuncien cualquier intento por parte de las entidades de obligarles a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de manera directa o indirecta.”

Normas