Confusión en algunas oficinas bancarias a la hora de asumir el impuesto hipotecario

La fecha de entrada en vigor causa incertidumbre tras semanas de parálisis en las firmas

El decreto del Gobierno, publicado hoy, cargará el tributo a las entidades desde este sábado

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la Portavoz del Gobierno, y responsable de Educación, Isabel Celaá, el jueves tras el Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la Portavoz del Gobierno, y responsable de Educación, Isabel Celaá, el jueves tras el Consejo de Ministros.

La decisión del Gobierno de cargar a la banca el impuesto de las hipotecas no ha pillado totalmente por sorpresa al sector financiero que, en todo caso, temía culminar la semana con un impacto económico mucho mayor, el que hubiera causado un fallo del Tribunal Supremo en su contra con efectos retroactivos.

Aunque ahora asumirá el pago de unos 1.100 millones de euros anuales del tributo, podrá intentar compensarlo subiendo precios y lo abonará progresivamente. Un mal menor frente a los 5.000 millones que podían habérsele exigido de golpe por los cuatro últimos años del tributo, o mucho más si la retroactividad hubiera sido plena.

Pese a ello, el cambio en la operativa diaria tras semanas de parálisis en la firma de hipotecas, y cierta confusión en los anuncios del Ejecutivo, que primero dijo que la banca pasaría a pagar el tributo desde hoy y luego matizó que lo haría desde el sábado, sumieron ayer a algunas oficinas en el caos.

Este diario tuvo acceso a correos internos de un gran banco en los que el director regional ordenaba a los directores de oficina comenzar a asumir el impuesto ya ayer, para matizar luego que no hasta el viernes aunque el cambio legal no será efectivo hasta mañana.

La medida es la respuesta del Ejecutivo a la "confusión" causada en las últimas semanas por el Tribunal Supremo. Este alteró su criterio en octubre, estableciendo que era la banca quien debe pagar el tributo, y lo corrigió el pasado martes por una ajustada mayoría (15 a 13 votos) volviendo a fijar que lo debe abonar el consumidor.

La modificación ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El nuevo párrafo que se añade a la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993 establece que “cuando se trate de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista”, explicó tras el Consejo de Ministros la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, aseverando que la fórmula disipa cualquier duda a futuro. A falta de conocer la redacción final, a priori el texto implica que el cambio no solo beneficiará a los consumidores sino también a promotores inmobiliarios.

El decreto modifica los artículos 29 y 45 de la ley que rige el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y, según explicó Montero, su claridad hará innecesario derogar o cambiar también el reglamento de 1995 que establecía específicamente que el impuesto lo debe pagar el prestatario. El decreto incluye una disposición que modifica el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades para fijar el tributo de AJD como no deducible.

De esta forma, el Gobierno se asegura de que el tributo siga arrojando los mismos ingresos que hasta ahora para las comunidades que, de hecho, recaudarán todavía más al dejar de aplicar las bonificaciones para jóvenes o discapacitados, por ejemplo, aptas para personas físicas pero no para las jurídicas, como los bancos. Montero avanzó que ese cambio, y las dudas que surjan, se abordarán en los próximos días convocando a los directores generales autonómicos de ámbito fiscal a la Comisión de Tributos.

Cuestionada sobre si el Ejecutivo se plantea eliminar el impuesto, como pide el PP, Montero lo rechazó al defender que aporta 2.000 millones de euros de ingresos anuales a las regiones, que considera necesarios para sufragar su gasto en Educación, Sanidad o protección social. Montero también justificó que comunidades como Andalucía, de la que fue consejera de Hacienda, apliquen el gravamen más alto, del 1,5% sobre el valor de la hipoteca, frente al 0,5% que usan otras regiones, al tratarse de autonomías “con peor financiación per cápita” que necesitan aprovechar más esta palanca fiscal. 

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