El Gobierno y sus socios salvan los 2.500 millones de ingresos del impuesto de Sucesiones
Ciudadanos proponía cambios para reducir su recaudación en 1.900 millones El tributo supone un 19% de los tributos cedidos a las comunidades
El bloque político del Congreso de los Diputados que apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy impidió este martes la tramitación de la propuesta de Ciudadanos (Cs) para suprimir el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que solo contó con el respaldo de PP y Foro Asturias. El grupo compuesto por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCat, cuyo consenso es clave para sacar adelante los Presupuestos Generales para 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez, blinda así unos ingresos claves para sostener esas cuentas y rebajar el déficit como se ha prometido a Bruselas. Uno a uno, todos estos grupos avanzaron que votarían en contra de la iniciativa de Ciudadanos durante la sesión que precedió a la votación definitiva.
“Pido el voto favorable a esta ley que suprime en toda España el impuesto de Sucesiones y Donaciones”, instó al inicio del Pleno el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien defendió que se trata de un tributo “que ha generado desigualdad y ha generado un galimatías jurídico” al estar cedido a las comunidades autónomas, que lo han ido modulando hasta fijar un régimen fiscal diferente en cada región. Rivera criticó un impuesto que, dijo, supone “meter la mano en el bolsillo a quien hereda el piso de sus padres” o “dona un dinero a sus hijos para que salgan adelante”, y aseveró además que eliminarlo “solo” costaría 1.900 millones de euros que podrían lograrse, propuso, eliminando duplicidades de las administraciones públicas. La recaudación del impuesto, sin embargo, es superior a esa cifra.
En concreto, el impuesto recaudó 2.572,6 millones en todo el país en 2017. Incluso dejando fuera las haciendas forales, la cuantía ascendió a 2.411,3 millones, lo que supone un 1,4% más que en 2016, según los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda. Y eso que las distintas bonificaciones autonómicas y las renuncias a herencias que ha traído la crisis (una de cada 10 en 2017, según Cs) han reducido los ingresos públicos que genera, que llegaron a superar los 2.900 millones en 2008.
Más allá, en términos relativos, Sucesiones y Donaciones arroja para las comunidades autónomas un 19% de los recursos que obtienen a través de los impuestos cedidos y gestionados por las regiones. Solo lo supera en importancia el tributo de Transmisiones Patrimoniales que aporta el 48,6% del total (6.159,4 millones de euros en 2017), mientras que quedan por debajo el cobro del tributo por Actos Jurídicos Documentados, que aporta un 16% (2.051,3 millones); el impuesto sobre el Patrimonio, con un 8,4% (1.063,5 millones); o las tasas sobre el juego, que suponen otro 8% (1.033,7 millones).
Por regiones, las mayores aportaciones de 2017 fueron las logradas por Cataluña, con 433,4 millones (el 18% del total nacional); Madrid, con 410,9 millones (17%), y Andalucía, con 364 millones (15,1%). El monto es mucho menos relevante en La Rioja (21 millones, el 0,9% del total), Extremadura o Canarias (con 36 millones cada una, el 1,5%). Aparte de las diferencias de renta entre unas comunidades y otras, la disparidad de cifras refleja la fuerte diferencia entre unos territorios y otros en el gravamen aplicado (que en teoría se eleva progresivamente del 7,65% desde 7.883 euros al 34% desde los 797.555 euros). Madrid, pese a su importancia relativa, prácticamente ha eliminado el impuesto entre padres e hijos, pero su gravamen es alto cuando el grado de relación se aleja. El agravio comparativo llegó a generar manifestaciones de protesta en otras regiones, como Andalucía donde pasó a bonificarse al 99% desde este año.
La propuesta de Ciudadanos tampoco suponía la supresión real del impuesto sino una bonificación del 100% cuando el gravamen afecte a abuelos, padres, hijos y cónyuges, así como una armonización a la baja en el resto de casos. De ahí que el cálculo de Rivera arroje una renuncia de ingresos inferior a la recaudación total. Cs también abogaba por ampliar de seis meses a un año el plazo para liquidar las obligaciones fiscales relativas a la herencia cuando el 75% de ella este compuesta por activos ilíquidos, como inmuebles.
Antes de constatar el revés parlamentario del bloque de la moción, Rivera advirtió que, aunque permitirá que se tramite la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria que quitará al PP su derecho de veto a los Presupuestos en el Senado, Ciudadanos no apoyará las cuentas de Pedro Sánchez.
