Banca

Alemania investiga el papel del Santander dentro de un caso de fraude fiscal masivo

El fraude, de 5.600 millones, se basaba en las devoluciones fiscales por dividendos

El banco está colaborando con la fiscalía y cita las actividades de tres ex empleados

Foto del distrito financiero de Fráncfort.
Foto del distrito financiero de Fráncfort.

La fiscalía alemana está investigando a Banco Santander por el papel de la entidad española en un caso de fraude fiscal a gran escala, mediante el que la Hacienda germana habría perdido al menos 5.600 millones de euros. El fiscal de Colonia se dirigió por carta en junio al banco español, mostrando sus sospechas de que desde la entidad se habrían planeado y ejecutado operaciones de compraventa de valores que habría facilitado "una severa evasión fiscal", según la agencia Reuters, que ha participado en una investigación por parte de varios medios coordinada por la organización periodística sin ánimo de lucro Correctiv. Algunos expertos elevan el agujero a 10.000 millones.

El mecanismo del fraude, que se desarrolló entre 2007 y 2011, se basaba en confundir a las autoridades sobre el propietario real de paquetes de acciones en la fecha de pago de dividendos. Se simulaba que una misma acción estaba en manos de varios tenedores diferentes, dando a cada uno derecho a una devoluciones por la retención fiscal de estos dividendos. El fraude fue ideado por el inspector de Hacienda retirado alemán, ahora asesor fiscal, Hanno Berger, actualmente residente en Suiza, quien habría popuesto el mecanismo al banco australiano Macquarie en 2008.

El papel de Santander, según los fiscales, sería a través de la filial Abbey National Treasury Services, que habría estado envuelta en "un gran número" de operaciones, incluyendo ventas en corto, claves para el mecanismo de fraude. El banco ha afirmado que está colaborando estrechamente con las autoridades alemanas y llevando a cabo su propia investigación interna: "Hasta donde sabemos en este momento, el foco central de la investigación afecta a ciertas actividades llevadas a cabo entre 2007 y 2011 por tres empleados que salieron del grupo hace unos años. Hasta la fecha, no hemos encontrado evidencia alguna de que la alta dirección del banco participara en las actividades que se están investigando o que los órganos de gobierno del Grupo o de sus filiales tuvieran conocimiento de las mismas".

Dentro de este mecanismo, llamado cum-ex, un banco pactaba la venta de una acción a, por ejemplo, un fondo de pensiones antes de la fecha de pago de dividendos. No obstante, no transmitía la acción hasta después del abono, de modo que tanto el banco como el fondo solicitaban la devolución de la retención fiscal aplicada al dividendo. El mecanismo también funcionaba a la inversa; el banco vendía las acciones antes de tenerlas y después las recompraba. En ocasiones las acciones se traspasaban rápidamente a través de un sindicato de bancos, creando múltiples propietarios. Los beneficios fiscales obtenidos se repartían después entre los miembros de la red.

También están bajo investigación el banco Macquarie, que habría operado prestando dinero a los miembros de la red, Unicredit y Deutsche Bank. En el caso de Macquarie, tanto el CEO saliente de la entidad, Nicholas Moore, como su sucesor, Shemara Wikramanayake, estaban al tanto del caso, de los beneficios de las operaciones y del "riesgo reputacional". Según los documentos de la investigación, las investigaciones (que empezaron a trabajar en el caso en 2013) aceleraron el año pasado cuando un grupo de banqueros proporcionó a las autoridades información y documentos sobre el papel de Macquarie, Santander y otras entidades.

Según una de las operaciones, detallada por Reuters, el fondo de pensiones Sander Gerber recibió dividendos por 162 millones de euros, abonando a Macquarie comisiones por 6,5 millones y a Santander por 400.000 euros.

La fiscalía presentó cargos penales contra Berger y cinco ex empleados de Unicredit a principios de este año. Hasta el momento algunas de las entidades implicadas han devuelto un total de 2.300 millones al fisco germano, si bien Alemania aspira a que devuelvan la totalidad de lo defraudado. Berger ha afirmado a Reuters que las operaciones eran legítimas y se basaban en un resquicio legal: "El Estado no puede castigar a otros por sus errores".

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