El plan presupuestario del Gobierno rebaja la inversión pública casi a su mínimo

La partida caerá en 1.000 millones, al 2% del PIB, solo por encima de 2016

La pérdida de peso del gasto, con sanidad y educación estancadas, más el alza de impuestos sustentan la rebaja del déficit

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“Lo hemos llamado Presupuestos para un Estado social. Apuesta por ese cambio de modelo que siempre hemos demandado. Hay más inversión que gasto”, aseveró el lunes la ministra portavoz, Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros extraordinario que avaló el plan presupuestario que el Ejecutivo remitió a Bruselas. El contenido de ese documento revela, sin embargo, que la inversión pública prevista para 2019 lejos de crecer más que el gasto social, se verá reducida hasta el entorno de su mínimo histórico.

En concreto, el plan enviado a la Comisión Europea aclara que la formación bruta de capital, como se conoce en Contabilidad Nacional a la inversión pública, pasará de pesar un 2,23% del PIB en 2018 a un 2,09% el próximo año al aplicarse las medidas que el Ejecutivo ha pactado con Unidos Podemos. Aun teniendo en cuenta que el PIB de 2019 sería mayor, con un alza estimada del 2,3%, el dato revela que la inversión pública se rebajaría en 662,5 millones de euros. Parte de la rebaja radica en que en 2018 se han destinado 1.800 millones al rescate de las autopistas en quiebra, si bien para 2019 se prevén otros gastos extraordinarios, como 1.000 millones de gasto para cumplir sentencias que afectan a comunidades autónomas, el caso de la inversión en infraestructuras que Hacienda acordó conceder a Cataluña si se aprueban las cuentas.

Más allá, el documento detalla que bajo los parámetros comunitarios la formación bruta de capital fijo pasaría de 21.800 a 20.900 millones, lo que arrojaría una rebaja de la inversión pública de 900 millones en el año. En este segundo caso, el peso de la partida sobre el PIB caería del 1,8% al 1,65%.

Tomando en cuenta cualquiera de las dos métricas, el resultado es que la inversión pública se rebajará el próximo año hasta el entorno de su mínimo histórico, en proporción con el tamaño de la economía. Hasta la fecha, “la inversión pública registró en 2016 su valor mínimo de 1970”, cuando su peso era del 1,9% sobre el PIB, según el informe La evolución de la inversión pública durante la crisis y la recuperación, publicado por el Banco de España.

Y la rebaja podría llegar a ser aún mayor. La ministra de Economía, Nadia Calviño, advirtió hace semanas que la partida de inversión pública será la que se vea resentida si el Parlamento no da luz verde a la nueva senda fiscal propuesta por el Gobierno. Esta fija un objetivo de déficit del 1,8% para 2019, frente al 1,3% comprometido por el Ejecutivo anterior, lo que supone un margen adicional de gasto de 6.000 millones de euros de los que unos 1.200 millones impactarían en la administración central (el resto en comunidades autónomas y Seguridad Social). El Gobierno avanzó el lunes que usará la senda fiscal de Mariano Rajoy para impulsar sus cuentas si no hay nueva senda fiscal antes de diciembre, lo que hace prever que la inversión pública presupuestada marque nuevos mínimos.

Con todo, el plan presupuestario remitido a Bruselas recoge esa previsión de senda fiscal más laxa para 2019 junto con el compromiso de realizar una rebaja estructural de cuatro décimas de déficit. Es esta promesa la que lleva a reducir la inversión pública, pero no es esta la única partida que se resiente.

Pese a la anunciada batería de medidas sociales que incluyen estas cuentas, lo cierto es que la única partida de gasto que eleva claramente su peso sobre la economía es la de protección social que pasa del 16,6% al 16,8% (10.700 millones más), mientras que sanidad o educación solo reciben más dinero por el efecto de subida del PIB, en el que seguirán pesando un 6% y un 4%, respectivamente. Es más, las destinadas a asuntos económicos, orden público y seguridad directamente pierden recursos.

Así, el peso del gasto sobre el PIB cae del 41,2% al 40,9%, pese a crecer en 16.600 millones, mientras que los ingresos pasan de ser el 38,5% al 39,1% del PIB, con 26.438 millones más. Y en esta diferencia se sustenta la reducción de déficit comprometida.

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