Montero confirma que el Gobierno renuncia a crear un impuesto específico a la banca al menos hasta 2020

Para 2019 solo impulsarán un tipo mínimo del 18% en sociedades y la 'tasa Tobin' al estilo francés En función de los ingresos obtenidos, el Ejecutivo estudiará crear un nuevo tributo al sector

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.Efe

El Gobierno ha admitido hoy que renuncia definitivamente a crear un impuesto específico a la banca, que fue la propuesta fiscal estrella de Pedro Sánchez ya desde la oposición, y la punta de lanza de la reforma tributaria propuesta tras acceder al Gobierno.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido este jueves , sin embargo, que el Ejecutivo ha preferido optar por otras fórmulas tributarias ya existentes al considerar que sería más sencillo, y efectivo, aplicarlas que crear una nueva figura impositiva.

De esta forma, ha explicado en una entrevista en TVE, el Gobierno apuesta por gravar más a la banca que al resto de sectores por el impuesto de Sociedades, estableciendo un tipo mínimo del 18% a partir del cual no podrán aplicarse más deducciones frente al 15% que pretende fijar de forma general.

Además, como ya avanzó la ministra de Economía, Nadia Calviño, el Gobierno se prepara para impulsar en España una tasa sobre las transacciones financieras, que grave la compraventa de acciones, emulando el modelo francés.

Solo una vez aplicados ambos cambios fiscales en 2019, el Gobierno valorará la eficiencia y recaudación lograda y se planteará si resulta necesario o no crear un nuevo impuesto específicamente dirigido a la banca ya de cara al ejercicio 2020.

Menos inversión

Por otra parte, la ministra volvió a criticar que la Mesa del Congreso “está secuestrando la voluntad del Pleno” impidiendo modificar la Ley de Estabilidad para eliminar el derecho de veto del Senado (controlado por el PP) sobre la nueva senda fiscal, abriendo así el camino a aprobar unos nuevos Presupuestos para 2019.

Montero advirtió que si el Parlamento no aprueba la nueva senda fiscal impulsada por el Gobierno (que eleva el objetivo de déficit de este año del 2,2% al 2,7% y el de 2019 del 1,3% al 1,8%) el impacto no solo afectará al gasto social, sino también a la inversión.

Así, de los 6.000 millones de margen adicional que tendría España con el nuevo objetivo de déficit, unos 5.000 millones minarían la financiación de las comunidades y la Seguridad Social, pero la décima restante cubre inversión pública de la administración central que se vería mermada, advirtió.