Gobierno y Podemos acuerdan romper el veto del PP a la senda de déficit
Pactan modificar la ley presupuestaria para que solo se vote en el Congreso Acuerdo para revalorizar las pensiones según el IPC
El Gobierno trabaja ya contrarreloj para lograr apoyos a su nueva senda de déficit. Tras lograr ayer el aval de las comunidades autónomas a sus cifras, el Consejo de Ministros las aprobará mañana y las remitirá de nuevo al Congreso de los Diputados, después del rechazo de julio. La nueva votación se producirá en cuestión de días y el Gobierno ha pasado a la acción. Ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunió con el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, con el fin de lograr el sostén de su principal socio potencial en la Cámara Baja.
Ambas formaciones han alcanzado, según indicó Echenique al término del encuentro, acuerdos para facilitar la aprobación de esta senda presupuestaria, que ya no estará sujeta al veto del PP en el Senado, donde los populares disponen de mayoría absoluta. El acuerdo implica la eliminación del artículo 15 de la mencionada ley para que los objetivos de estabilidad presupuestaria solo sean votados por el Congreso, sin pasar después al Senado, han indicado a Efe fuentes de la formación morada. "Se elimina así la última palanca de poder que le queda al PP referente a los Presupuestos Generales del Estado, que es la posibilidad de vetar la senda de déficit (...) con una mayoría absoluta espuria que no se corresponde con la fuerza electoral del PP", ha afirmado Echenique. En este sentido se explorará tanto la posiblidad de realizar el cambio vía decreto ley como a través de una iniciativa parlamentaria.
Fuentes del Ministerio de Hacienda se han limitado a confirmar que ha habido a avances en la negociación, pero no han querido concretar los contenidos tratados.
Echenique ha explicado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, habían hablado en los últimos días de este asunto que se ha concretado en la reunión de este miércoles. La derogación la normativa de estabilidad presupuestaria, que obliga a España a priorizar el pago de la deuda al de otros servicios públicos, era una exigencia de Podemos para apoyar los presupuestos, algo que rechazaba el PSOE por entender que supondría un desafío a los compromisos con Bruselas. Finalmente, las partes han pactado una reforma parcial, si bien queda por ver cómo se va a implementar. Tal y como ha explicado Echenique, es preciso que la reforma esté lista antes de que la senda presupuestaria llegue al Congreso.
También en en el marco de esta negociación, se ha avanzado en un principio de acuerdo para eliminar el copago farmacéutico y actualizar el valor de las pensiones con el IPC, para garantizar el poder adquisitivo de quienes se retiran.
Apoyo asegurado del CPFF
Horas antes, el Ejecutivo obtuvo el preceptivo visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera a sus objetivos fiscales. Hacienda presentó a las comunidades autónomas las mismas cifras que en la cita anterior: un déficit del 0,3% para ellas en 2019, frente al 0,1% previsto por el Gobierno anterior: 2.500 millones de euros más de margen de gasto. El éxito estaba garantizado, dado que el cuenta un voto del 50%, mientras que el resto se reparte entre las comunidades autónomas, siete de las cuales gobierna el PSOE. Como protesta por este sistema, y para visibilizar el pulso que el independentismo catalán mantiene con el Estado, la Generalitat volvió a rehusar participar en esta cita telemática.
Al igual que en la ocasión anterior, los responsables de Hacienda socialistas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura votaron a favor. Se les sumó la Comunidad Valenciana, que se había abstenido en julio, y ayer votó a favor tras tomar las riendas de la negociación su presidente, Ximo Puig. También Cantabria, gestionada por el partido regionalista de Miguel Ángel Revilla, repitió su aval.
A su vez, las comunidades regidas por el PP (Galicia, Castilla y León, Murcia, Madrid y La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), mantuvieron su negativa. Murcia fue especialmente crítica, al reclamar como prioridad un nuevo modelo de financiación autonómica que Montero pedía en la oposición pero que descarta abordar ahora alegando que apenas resta media legislatura. Superado este trámite, Hacienda presentará esta tarde el margen de gasto de los ayuntamientos a la FEMP y al ministerio de Función Pública.
Votación en el Congreso
Aun con el apoyo de Podemos y salvando el veto del Senado, el camino para el presupuesto 2019 está todavía plagado de obstáculos. La mayoría parlamentaria del Gobierno de Sánchez es exigua, y en la anterior votación del techo de gasto solo obtuvo respaldo del PNV. Como las cifras no han cambiado, lo que hace prever un nuevo rechazo frontal de PP y Ciudadanos, el Gobierno negocia estos días con el resto de partidos para tratar de recabar apoyos.
Se han mantenido contactos con las fuerzas independentistas catalanas, pero en todo caso el apoyo de Podemos en clave, lo que motivó la reunión de ayer y las conversaciones de alto nivel de los últimos días. “No podemos dar un cheque en blanco. Se dio en la moción de censura porque era una emergencia echar a Rajoy. Ahora cada propuesta hay que negociarla”, manifestaban ayer en la formación morada.
Aunque existen grandes coincidencias entre el listado de exigencias que Podemos presentó la pasada semana para dar su apoyo y las propuestas de Sánchez en el terreno tributario (para crear un impuesto a la banca, establecer una tributación medioambiental o fijar un tipo mínimo de sociedades del 15%), la pretensión de Podemos de elevar la presión del IRPF sobre rentas altas divide a ambas partes. Echenique aboga por gravar más a quien supere los 60.000 euros pero Montero se negaba a tocar este impuesto. El hecho de que el PSOE propusiera lo mismo a partir de 120.000 euros da margen al diálogo. Este impuesto es el principal escollo; aunque Ejecutivo y Podemos pacten la senda de déficit, la aprobación definitiva de los presupuestos también dependerá de Podemos y otros partidos.
Aunque a priori el mayor punto de confrontación era que Podemos reclama para 2019 un déficit superior al 1,8% que el Gobierno ha pactado con Bruselas (frente al 1,3% del Ejecutivo anterior), fuentes del partido se mostraban flexibles. Si la UE no da más tregua, sugieren en la formación, sería aceptable que el gasto social se eleve sumando el alza del IRPF a la artillería tributaria. El PSOE pidió responsabilidad recordando que si no hay pacto, se volverá al 1,3%.
Más allá, la coincidencia entre ambas partes en la necesidad de relajar la regla de gasto de los ayuntamientos puede lubricar las conversaciones y ser un pilar maestro del acuerdo resultante, máxime con las elecciones municipales de 2019 en el horizonte.
Por otra parte, fuentes conocedoras de las conversaciones confirman que, como avanzó este miércoles ElConfindencial, el Gobierno está estudiando incrementar progresivamente el permiso por paternidad de los funcionarlos hasta equipararlo con el de maternidad, en 16 semanas, para 2021. Un postulado, en línea con la reciente iniciativa andaluza, que casa con las pretensiones de Podemos de acelerar la equiparación de estos permisos.
Ambas partes confirman que durante las próximas jornadas tendrán lugar nuevos encuentros de negociación a fin de terminar de sellar un acuerdo que incluya un paquete de medidas de corte social que, de tener éxito el cambio legal acordado, ni siquiera la mayoría absoluta del PP en el Senado podría frenar si el Gobierno logra los apoyos suficientes en el Congreso.
