El Gobierno renuncia a lograr el superávit de las cuentas públicas en 2021
Hacienda explica que la senda fiscal del Gobierno anterior no era realista y obligaba a un recorte de 11.000 millones en 2019 Autoriza a Cataluña a endeudarse en el mercado y prohíbe las lanchas rápidas para luchar contra el narcotráfico
El nuevo Gobierno acaba de elevar los objetivos de déficit público previstos para los próximos años, con el plácet de la Comisión Europea, renunciando a lograr el superávit de las cuentas del Estado en 2021, tal y como se había marcado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Al finalizar el Consejo de Ministros del viernes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la senda fiscal fijada por el Gobierno anterior no era realista y hubiera obligado a recortar en 11.000 millones de euros el gasto público en 2019. Ahora, por el contrario, el nuevo Ejecutivo gana margen para elevar el gasto social.
La explicación de Montero llegó un día después de que la ministra de Economía, Nadia Calviño, anunciara en Bruselas que el objetivo de déficit se eleva del 2,2% del PIB al 2,7% este año, y del 1,3% al 1,8% para 2019.
Montero detalló el viernes que para 2020 el déficit previsto es del 1,1%, frente al 0,5% marcado inicialmente, y que el nuevo Gabinete descarta lograr el superávit de las cuentas públicas en 2021, cuando se había anunciado un resultado positivo del 0,1%. Hoy se espera un déficit del 0,4%. Es decir, que a falta de posibles revisiones en el futuro, el Gobierno no prevé alcanzar el ansiado equilibrio al menos hasta 2022.
La ministra subrayó que esta nueva senda fiscal ha sido autorizada –“tras semanas de negociaciones, casi desde el primer día”– por las autoridades comunitarias que, asegura, eran conscientes de la imposibilidad de cumplir con el calendario anterior. De hecho, reveló Montero, la revisión se ha hecho a la luz de una evaluación encargada a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que daba al traste con las cifras anteriores. El documento, concretamente, decía que “bajo el supuesto de políticas constantes”, es decir, sin tener en cuenta nuevas políticas de gasto que pueda impulsar el Ejecutivo de Sánchez, el déficit de este año ya habría subido al 2,7%, 0,5 punto más que lo previsto, y el de 2019 sería del 2,2%, en lugar del 1,8%
La conclusión, subrayó la ministra de Hacienda, es que la política económica de Rajoy, incluyendo el pacto alcanzado con PNV y Cs para elevar las pensiones desde este año, ya habría situado el agujero fiscal en las cifras que el nuevo Gobierno ha fijado ahora.
“La nueva senda otorga a nuestro país más margen fiscal para el nuevo ejercicio y la posibilidad de apuntalar el crecimiento económico pero mejorando las políticas sociales dirigidas a la ciudadanía”, celebró Montero, aseverando que su objetivo es que la “recuperación económica llegue a los ciudadanos”. Con todo, el visto bueno definitivo de Bruselas no llegará hasta que se revisen los Presupuestos Generales del Estado que los socialistas preparan para 2019.
El aumento del gasto social anunciado por el Gobierno deberá ser compatible con una rebaja del déficit de 0,9 puntos porcentuales. Para poder conciliar ambos movimientos, el Ejecutivo ultima un paquete de medidas tributarias que permita elevar la recaudación del Estado. Un primer movimiento, “inminente” según Montero, será fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% (ver despiece), establecer gravámenes medioambientales y crear una tasa sobre los servicios digitales de las grandes compañías tecnológicas. El objetivo sería recaudar más de 5.000 millones adicionales al año. Para el próximo ejercicio, además, Hacienda tratará de impulsar un impuesto a la banca con el que ingresar otros 1.000 millones más.
En paralelo, el equipo de Montero prevé modernizar el servicio de lucha contra el fraude. Como avance, Hacienda e Interior acaban de impulsar el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, para prohibir el uso de embarcaciones de alta velocidad utilizadas por las mafias como “narcolanchas”, especialmente en el Campo de Gibraltar. A tal efecto se creará un registro de vehículos en el que solo se autorizarán embarcaciones públicas o de rescate.
Más allá, Hacienda trabaja en la ampliación de la llamada lista de morosos, en la que se introducirán a los directivos de compañías deudoras como responsables solidarios. Montero, sin embargo, descartó el viernes cumplir la promesa socialista de publicar el nombre de quienes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, alegando que “no hay capacidad jurídica” para hacerlo de forma retroactiva. Solo se podría asegurar, dijo, para futuras amnistías.
Por otra parte, Hacienda anunció que ha autorizado a Cataluña a emitir 4.113 millones de euros en deuda a corto plazo para financiarse en los mercados y hacer frente a los vencimientos de sus obligaciones. El Ministerio también flexibiliza la financiación de Baleares y Aragón con préstamos y avales.
El tipo mínimo del 15% será para sociedades que facturen ocho millones
Grandes empresas. ”Tenemos que ser capaces de buscar la posibilidad de establecer un tipo mínimo para las grandes empresas, así como la simplificación de algunas de las deducciones”, apuntó el viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre su intención de acercar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas, del 12%, al 25% que teóricamente deberían abonar. Montero reveló, en todo caso, que su idea es fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% dirigido solo a las compañías que facturen más de ocho millones de euros, para evitar perjudicar a las pymes.
Alza progresiva del diésel. “No se trata tanto de igualar de un día para otro el precio del diésel al de la gasolina sino de ir progresivamente recorriendo ese camino y disuadir de la utilización del diésel”, aclaró la ministra sobre su plan de equiparar la fiscalidad de los combustibles, recoge Efe. Montero aclaró que la medida excluiría a los profesionales del transporte.
La “tasa Google”, en días. La ministra de Hacienda avanzó que el Consejo de Ministros aprobará “en los próximos días” el impuesto a las compañías tecnológicas, conocido como “tasa Google”, que gravará la publicidad digital, la monetización de datos de usuarios o las plataformas de intercambio de servicios.
Alza de salarios públicos. El Consejo de Ministros aprobó el viernes la subida adicional del 0,25% de los sueldos de empleados públicos que el anterior Gobierno pactó con los sindicatos en marzo y que se recogió en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que acaban de entrar en vigor. El acuerdo establecía esta subida en el caso de que el crecimiento del PIB a precios constantes de 2017 alcanzara o superara el 3,1%, precisamente la cifra que se alcanzó, según acaba de quedar constatado.
