Cómo hacer que lo público defienda el interés general

Hay que analizar el impacto de las políticas y evaluar la ejecución presupuestaria

Cómo hacer que lo público defienda el interés general

El incremento del bienestar social está ligado a la construcción de sociedades cohesionadas y con igualdad efectiva de oportunidades, suponiendo la base fundamental del mantenimiento del estado de derecho. Las administraciones públicas son el instrumento esencial para su consecución y deben adecuar su organización y funcionamiento a un nuevo escenario cada vez más complejo.

En un mundo globalizado, digitalizado y sujeto a cambios incrementalmente acelerados, las administraciones públicas han de desarrollar su actividad en un nuevo escenario donde: 1) han dejado de ejercer el monopolio de la intervención pública, y confluyen diversos actores en la búsqueda e implementación del interés general; 2) existe una creciente desafección ciudadana respecto de su actividad, lo que disminuye la confianza y la legitimidad de su intervención, contrarrestado con un reclamo cada vez más sólido en la participación de lo público, como es el desarrollo normativo, la rendición de cuentas o la evaluación de las políticas públicas; 3) aparecen problemas demasiado complejos para ser resueltos por una sola organización, sin existir soluciones protocolizadas y donde a mayor profundidad de análisis, mayor probabilidad existe de que aparezcan soluciones contrapuestas; 4) su ámbito de intervención está permanentemente en revisión desde las distintas posiciones políticas; y 5) la mayoría de sus actividades responden a la ejecución de programas previamente establecidos, así como que las grandes decisiones son limitadas y para ser llevadas a cabo es necesario un largo periodo que suele exceder la legislatura.

Adicionalmente, el modelo institucional español incorpora una circunstancia eminentemente local: la interiorización por parte de todos de los agentes directamente implicados, así como la aceptación social, de que una de las consecuencias de la contienda electoral es la prerrogativa para gestionar libremente la administración pública. Así, se colonizan los puestos de directivos a través de nombramientos que comparten, a partes iguales, la adhesión incondicional, el adanismo y el revanchismo, facilitado por la ausencia de mecanismos que vengan a limitar ese ejercicio de designaciones arbitrarias.

Existen otros elementos igualmente necesarios para conseguir unas administraciones públicas que estén a la altura de su importancia como primer actor económico y social: la captación de talento, la adecuación cuantitativa y cualitativa de la naturaleza de los puestos de trabajo a una sociedad digital, o la modernización de las estructuras organizativas. Todos ellos, retos de tal magnitud que deberían sujetarse a un gran acuerdo de implementación temporal mayor que la de un mandato electoral.

Sin embargo, la figura del alto directivo público es el pilar fundamental que permite asegurar la pervivencia de las administraciones públicas como objeto de intervención social en pos del interés general. La ausencia de una dirección pública profesional que permita dar continuidad a la implementación de las políticas públicas y su consiguiente reflejo organizativo supone un déficit que provoca la erosión de los fundamentos del Estado de derecho.

No solo es imposible la realización del cambio cultural imprescindible para que las administraciones públicas puedan afrontar los retos que les demandan la sociedades sin contar con altos directivos públicos. Su propia figura viene a fortalecer a las instituciones públicas, de forma que el “qué”, el “quién”, el “cómo” y el “por qué” que caracterizan su intervención se ejecuten teniendo como principio inspirador el interés general.

No se trata de eliminar de la ecuación pública a los legítimos representantes de los ciudadanos. Mientras que un político nunca será un experto diseñador y ejecutor de políticas públicas, sí que se le requiere para identificar las metas y la consecución de los apoyos y medios para lograrlas. Sin embargo, es tarea del alto funcionario llevar a la práctica ese programa y conseguir diseñar y mantener la estructura organizativa para que aquel sea sostenible en el tiempo.

La actuación del alto directivo contará con la independencia necesaria respecto del estamento político, así como con la garantía de permanencia en el cargo el tiempo necesario para ejecutar los programas por los que fue seleccionado. Es por ello que su nombramiento debe realizarse a través de convocatorias públicas, que incluyan la objetivación de los méritos y de los objetivos buscados.

De igual forma, su remoción deberá estar basada en causas concretas, previamente tasadas y siempre ligadas a la consecución de los objetivos y reflejados en su nombramiento. Países que han adoptado este exitoso modelo han designado a un organismo independiente para conducir el proceso selectivo, que finaliza con la propuesta de un triunvirato al estamento político correspondiente, que escoge al que prevea más adecuado.

Por otro lado, la acción resultante de las organizaciones públicas debe poder ser trazable y auditable. La transparencia y el gobierno abierto en sus más amplias acepciones son aliados inexcusables de todos los agentes implicados en la búsqueda de la mejora social: del estamento político, para comprobar la efectividad de las medidas propuestas como parte de su estrategia para el bienestar social que coadyuvará a su reelección; del alto directivo público, como fuente de datos que vienen a corroborar su buena gestión; y por último, de la ciudadanía, como forma de control y auditoría de la eficacia y/o eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como en la construcción de una sociedad más responsable y consciente.

Con esa orientación se hace necesario incorporar dos nuevas perspectivas poco utilizadas en el ámbito público español. Por un lado, la creación de unidades administrativas independientes encargadas de: 1) analizar el impacto de las políticas públicas, verificando si los objetivos pretendidos por la correspondiente norma regulatoria han sido alcanzados; y 2) evaluar la ejecución presupuestaria, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Para ello, y como segundo requisito, es necesario dotar a las organizaciones públicas de una estrategia para la recolección y análisis de datos. El panóptico digital que modelice la actividad de la sociedad es el combustible de un engranaje que, sobrepasando la actual configuración basada en silos administrativos independientes, permite modelizar la sociedad y sus interacciones, para a partir de ellos, poder hacer un diseño de las políticas públicas que sirvan al interés general.

José Antonio García García es funcionario de la Administración General del Estado y expresidente de Astic

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