El Gobierno aprueba la mayor oferta de empleo público en 10 años: 30.800 plazas

Se convocarán 11.095 plazas de nuevo ingreso y 6.024 de promoción interna

La creación de empleo neto con esta oferta alcanzará las 1.909 nuevas plazas.

Empleo publico

El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró su compromiso con el sector público, al que considera un instrumento esencial para la defensa de los ciudadanos. Como parte de su agenda del cambio, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxel Batet, llevó al Consejo de Ministros la que calificó como mayor oferta de empleo público desde 2008. El Gobierno aprobó un real decreto ley para la creación de 30.844 nuevas plazas de empleo público. La propuesta está compuesta por 23.156 nuevas plazas para la Administración General del Estado que se suma a las 7.788 convocadas en abril para el ámbito docente, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado.

En la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, Batet afirmó que con esta medida la creación de empleo neto alcanzará las 1.909 puestos, la mayor cifra desde 2009 y un 58% más que el registrada en 2017.

De la oferta total, 11.095 irán destinadas a plazas de nuevo ingreso y 6.024 a la promoción interna. Es decir, entre ambas suman 17.299 puestos. En un momento en el que la política migratoria es uno de los temas que más controversia está generando en Europa, el Ejecutivo ofertará 323 plazas extraordinarias para la atención a asilados y refugiados. Asimismo, en el marco de la estabilización de personal interino se destinarán hasta 5.534 plazas este año.

Por colectivos, se convocará hasta 8.289 plazas de personal funcionario de turno libre, 1.892 para personal laboral y 914 para la administración de justicia. En lo que a promoción interna se refiere, 5.277 puestos corresponden a funcionarios, 700 para laboral y 227 para justicia. En el marco de la estabilización de Administración General del Estado se dotará con 2.862 nuevos empleo y 2.672 para el ámbito judicial.

Batet afirmó que con esta oferta el Ejecutivo se marca como áreas prioritarias de actuación la Seguridad Social y lucha contra el fraude fiscal, el refuerzo de la atención al ciudadano, la asistencia a refugiados, la gestión de prestaciones por desempleo así como la administración penitenciaria. “Iniciamos una senda de recuperación y de poner en valor lo público. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas necesitadas y necesitamos empleados públicos motivados”, resaltó la responsable de Política Territorial y Función Pública.

Junto a la oferta de empleo público, el Gobierno dio luz verde a la recuperación del 100% de la retribución en casos de incapacidad temporal. La norma sustituye la aprobada en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy según la cual la reducción traía consigo un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y vigésimo día, ambos inclusive. Batet cumple de esta forma el acuerdo suscrito el lunes con los sindicatos de función pública CC OO, UGT, CSIF y CIG.

En el marco de la recuperación de los derechos laborales perdido, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio presentó el plan director por un trabajo digno para los próximos dos años. Este proyecto, que incluye 75 medidas, estará dotado con una inversión de 30 millones de euros, repartidos en 15 millones en 2019 y otros 15 en 2020. Fruto de este importe se incrementará en un 10% los presupuestos destinados a Inspección. “Hablamos de inversión y no de gasto” y es una inversión “rentable económicamente”, subrayó Valerio.

El fin que se persigue es la lucha contra el abuso y el fraude laboral en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias así como la promoción de la igualdad y la regularización de los falsos autónomos.

Para garantizar su efectividad se reforzarán las inspecciones de trabajo con 833 nuevos efectivos, cifra que equivale a un incremento de la plantilla del 25% a lo largo del presente ejercicio. En la actualidad el personal dedicado a las inspecciones laborales asciende a 1.876 personas.

La vuelta a la sanidad universal

El Ejecutivo aprobó el real decreto para devolver la universalidad al sistema nacional de salud. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón explicó que de acuerdo a la nueva norma sacada adelante por el Gobierno de Pedro Sánchez se establece como titulares del derecho a recibir la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá recalcó que la agenda del cambio supone devolver los derechos laborales y sanitarios eliminados durante la crisis.

Normas