Las cuatro medidas de urgencia que los autónomos piden a Valerio

UPTA reclama que se bonifique la cuota del trabajador cuando esté de baja Ve imprescindible que la empresa esté obligada a registrar a sus ‘trades’

EFE

Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos que estaba negociando reformas con el anterior Gobierno y en el ámbito parlamentario y que ahora deberá negociar los futuros cambios con el nuevo Ejecutivo socialista.

La primera ley que salió adelante en la anterior legislatura fue precisamente la de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo. El texto fue propuesto en la Cámara baja por Ciudadanos y, tras someterse a los cambios del resto de grupos parlamentarios, se aprobó en octubre. En esta norma se incluyeron importantes novedades, como el establecimiento de cuatro modificaciones de la base de cotización al año; el reconocimiento de las altas y bajas del sistema desde el día efectivo que se producen o de los accidentes de trabajo in itínere. Asimismo, se ampliaron algunas ayudas, como el tiempo de cobro de la tarifa plana.

Sin embargo, el Gobierno y el resto de grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en dejar para más adelante una reforma en profundidad del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, que ayer Magdalena Valerio instó a retomar. Aunque decidieron crear una subcomisión parlamentaria que estudiara fundamentalmente las posibilidades de reformar el RETA de manera que las cotizaciones de los autónomos se adecuaran a sus ingresos reales, para que las bases de cotización dejaran de ser elegibles, ya que en la actualidad más del 80% de estos trabajadores elige cotizar por la base mínima. Esta situación, entre otras cosas, genera que solo este sistema tenga un déficit de unos 6.500 millones. Esta subcomisión también ha estudiado otras modificaciones fiscales o de protección social del colectivo. En teoría ya ha terminado sus trabajos y debería haber presentado su informe –que servirá de base para un proyecto de ley–, pero dicha presentación se ha retrasado.

Es más, con el reciente cambio de Gobierno, las perspectivas de sacar adelante una reforma en profundidad del RETA se disipan. Sin embargo, el secretario general de la Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad –que junto a la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) representan a más del 75% del colectivo–, cree que hay una serie de medidas de urgencia que podrían adoptarse antes de dicha reforma.

La primera de estas medidas sería, para Abad, aprobar definitivamente la creación del Consejo del Trabajo Autónomo. Se trataría de una institución donde las distintas asociaciones de autónomos podrían discutir con el Gobierno las reformas legislativas necesarias para el colectivo. En principio esta medida no requeriría de aprobación parlamentaria.

En segundo lugar, el secretario general de UPTA cree que, al margen de la futura reforma del RETA que pudiera pactarse más adelante, el nuevo Gobierno "tiene ahora una oportunidad magnífica para hacer un guiño a los autónomos que más lo necesitan". Se refiere a los trabajadores del colectivo que están de baja laboral por contingencias comunes. Esta asociación propone al nuevo equipo de Valerio que bonifique el 100% de la cuota que pagan los autónomos a la Seguridad Social durante el tiempo en el que el trabajador está de baja. Es más, esta asociación ha hecho hasta las cuentas para llevar a cabo esta medida: la Seguridad Social recauda unos 1.090 millones anuales por las cotizaciones por contingencias comunes de los autónomos y el gasto en prestaciones por incapacidad temporal de este colectivo asciende a unos 700 millones anuales, por lo que restarían unos 600 millones de lo recaudado para la bonificación de la cotización que proponen.

En materia de Seguridad Social, UPTA propone al Gobierno una fórmula para hacer que los autónomos coticen más a la Seguridad Social. En concreto, piden que, a final del ejercicio el autónomo, si lo considera oportuno, pueda aportar mayores cotizaciones al sistema para generar una pensión mayor, pero Abad reclama que el tratamiento fiscal de esas mayores aportaciones se incentive, como las aportaciones a los planes privados de pensiones.

Finalmente, esta asociación hace una propuesta para atajar el fraude de los falsos autónomos y la problemática de los trabajadores de las plataformas de economía digital. Se trataría de obligar a que las empresas que trabajan con autónomos dependientes (trades), que son aquellos que reciben al menos el 75% de sus ingresos de esa sola empresa, a que registren oficialmente estos contratos de trade. Junto a este registro obligatorio, Abad asegura que sería imprescindible permitir a la Inspección de Trabajo que pudiera determinar si cada contrato en cuestión es realmente de un trade o una relación meramente mercantil. El INE calcula que existen unos 350.000 trades, pero Trabajo solo cuantifica 10.000.