El Ejecutivo anuncia que levantará todos los vetos que impuso el PP en el Congreso

Más de 50 iniciativas fueron paralizadas en lo que va de legislatura

Podemos ultima su propuesta para ampliar el permiso de paternidad

Banco azul de los miembros del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Banco azul de los miembros del Gobierno en el Congreso de los Diputados. EFE

Si el Consejo de Ministros tiene por delante hasta el parón de agosto una agenda repleta de medidas que adoptar, el calendario del Congreso es aún más estrecho. Fuentes parlamentarias recuerdan que de aquí a que finalice el actual periodo de sesiones (30 de junio) solo restan dos plenos en los que poder sacar adelante iniciativas legislativas. A comienzos de julio será convocado el pleno encargado de aprobar el techo de gasto, embrión de los próximos presupuestos, pero ya no tendrá cabida ninguna otra iniciativa más.

Entonces, habrá que esperar hasta septiembre para poder volver a tramitar y, en su caso, aprobar cualquier otra medida que requiera el visto bueno de la Cámara Baja. Un mes en el que acaparará casi toda la atención la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Presupuestos para 2019.

En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido levantar el veto que impuso el PP a más de 50 iniciativas parlamentarias de los grupos de la oposición en lo que va de legislatura, la cifra más elevada de la historia reciente. Además, está pendiente que culmine la tramitación de, entre otras, la Proposición de Ley para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler, presentada por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. Tal y como explica la portavoz adjunta del grupo para asuntos de vivienda, la diputada de En Comú Podem Lucía Martín, esta iniciativa logró evitar el veto del Gobierno del PP porque ninguna de las medidas que contempla supone incrementos del gasto.

Por contra, la Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda, presentada por el Grupo Socialista fue vetada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy utilizando como argumento que sus propuestas suponían un fuerte desembolso presupuestario en un escenario en el que las cuentas del Estado permanecían prorrogadas.

Ahora, levantar los vetos significa que esta iniciativa podrá volver a debatirse y, una vez conseguidos los apoyos necesarios, ser aprobada para su entrada en vigor.

Martín espera que gracias al cambio de Gobierno puedan salir adelante medidas como la puesta a disposición de los ayuntamientos de los pisos en poder de la Sareb en zonas con fuerte demanda de vivienda.

También, ve con buenos ojos que se articulen nuevas ayudas para que los pequeños propietarios puedan poner casas en alquiler, un aumento del presupuesto para financiar el plan de vivienda y lo más urgente dada la coyuntura actual: la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Podemos reclama en su proposición que se vuelva a contratos de arrendamiento de al menos cinco años con prórrogas que podrían ser de otros cinco, de forma que “quienes deban o quieran vivir de alquiler dispongan de una expectativa estable que desde luego no se tiene con contratos a tres años”, advierte la diputada de En Comú Podem.

Hasta aquí todo apunta a que habrá un amplio entendimiento con los socialistas y otros grupos como ERC, PdeCAT, EH-Bildu, e incluso Foro Asturias o el PNV. Sin embargo, en lo que la negociación podría encallar es en la propuesta de Podemos para limitar por ley las subidas de los alquileres. El PSOE más que establecer topes a los incrementos, es partidario de bonificar fiscalmente a aquellos caseros que mantengan la actualización de sus rentas por debajo de los incrementos medios de cada zona. Martín advierte que en este aspecto la proposición de ley socialista “se queda muy corta” y espera poder lograr acuerdos durante la negociación que “vayan más allá”.

Al margen de vivienda, Podemos prevé presentar antes de que acabe el actual periodo de sesiones una proposición para equiparar el permiso de paternidad al de maternidad de 16 semanas. Distintas fuentes sostienen que esta iniciativa costará a las arcas públicas entre 2.500 y 3.000 millones de euros al año.

 

Otras medidas

Impuesto al sol. Entre las primeras medidas que fuentes del Gobierno dan como seguras destaca la intención de acabar con el denominado impuesto al sol, la carga impositiva al autoconsumo de energía fotovoltaica para instalaciones con una potencia superior a los 10 kilovatios. La nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha confirmado su intención de apostar por las energías renovables.

Copagos sanitarios. La titular de Sanidad, Carmen Montón, es conocida por su frontal oposición a seguir aplicando copagos sanitarios, por lo que todo apunta a que su eliminación podría ser otra de las primeras actuaciones que adopte el nuevo Ejecutivo.

Brecha salarial. Otras de las actuaciones más esperadas son las relativas a eliminar la brecha de salarios entre hombres y mujeres, como es fijar multas o la obligación de realizar auditorías en las empresas.

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